La irracional forma en que provincias se reparten los fondos

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El debate por la coparticipación federal ha regresado al centro de la escena. A nivel técnico existe bastante consenso sobre muchos de los puntos que debieran ser reformados, e inclusive también sobre muchas de las soluciones posibles. Sin embargo, una nueva ley de coparticipación viene posponiéndose prácticamente desde la década del 80 (el deficiente ordenamiento legal actual tuvo origen en 1988 y era supuestamente provisorio, pues debía regir sólo por dos años), inclusive incumpliéndose el mandato constitucional de tener aprobada una nueva ley antes de terminar 1996.

Como cada vez que se reaviva la discusión federal en nuestro país, debiera recordarse que el debate acerca de la organización de una federación va más allá de la coparticipación de recursos fiscales, la cual es solamente una de las posibles formas de financiación del gasto público entre niveles de Gobierno (otras alternativas son separación de fuentes, cuotas suplementarias y/o transferencias condicionadas).

La teoría del federalismo fiscal abarca temas estructurales que en la Argentina aún están lejos de poder considerarse resueltos, como las asignaciones de gasto entre niveles de Gobierno, asignaciones de financiamiento y transferencias entre niveles de Gobierno, administración tributaria, coordinación del diseño y gestión presupuestaria, y el control del endeudamiento subnacional.

De modo que la modificación de la coparticipación es solamente una de las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento del federalismo en nuestro país. En efecto, no habría que desaprovechar la oportunidad de discutir integralmente el tema.

En otros países federales el sistema de transferencias suele hallarse organizado de manera que compense las debilidades recaudadoras de las provincias más pobres, para que de esa forma todas las jurisdicciones puedan llevar a cabo un gasto público similar por habitante. También se verifican mayores transferencias a los estados que cuentan con más necesidades objetivas de gasto por habitante, derivadas por ejemplo de una baja densidad poblacional, o del hecho de contar con una alta proporción de niños y/o ancianos. El actual ordenamiento legal argentino, en cambio, no explica cuál es el sentido con el que se realiza la distribución de recursos a provincias.

La distribución de hoy es tan irracional que da lugar a que existan provincias cuyos gastos por habitante superan en siete veces al de otras, y que entre las provincias con menor gasto per cápita terminen mezclándose todas las de alta densidad poblacional, tanto las de la pampa húmeda como las más pobres del país, como Corrientes, Tucumán, Salta y Misiones. Dentro de las provincias pobres, a su vez, pueden encontrarse casos en que el gasto por habitante resulta dos veces y media mayor en unas que en otras, diferencias que difícilmente puedan ser justificadas sólo por los mayores costos por persona que supone el hecho de contar con más baja densidad poblacional.

Entrando un poco más en el bosque, es decir sacando una «foto más amplia del federalismo», que incluya el resto del gasto que el Gobierno federal efectúa en cada provincia por fuera de la coparticipación, los elementos para el debate son más ricos, e incluso pueden alterar las posiciones iniciales de las partes. Como ejemplo vale el caso de los subsidios que otorga el Gobierno nacional, y que como no puede ser de otra manera, se ejecutan efectivamente en las distintas jurisdicciones. Cuando se agrega este elemento en el análisis, jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que podría alegar una recepción de recursos de la coparticipación por habitante muy baja, en comparación con las provincias de niveles de ingresos y densidad comparables (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), terminan, sumando ambos conceptos de recursos recibidos, equiparando ingresos per cápita. Es muy distinta la situación según se considere solamente la coparticipación federal o no.

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