LA TRAMA POLICIAL DETRÁS DEL DELITO

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El periodista Alejandro Guerrero acaba de publicar “La Federal - La trama policial detrás del delito, la inseguridad y el miedo” (Sudamericana). El autor revisa y agrega información relevante sobre varios de los hechos emblemáticos de gatillo fácil, corrupción, purgas y zonas liberadas ocurridos en años recientes. Indaga sobre el frustrado giro que intentó darle Nilda Garré a la Policía Federal y sobre el experimento de Mauricio Macri con la Metropolitana. A continuación, parte del perfil de un personaje clave que navegó entre una y otra fuerza: Jorge “Fino” Palacios.

Cuando llegó a la jefatura de la Policía Metropolitana, Palacios estaba inhabilitado para ejercer cualquier función policial porque sufría problemas psiquiátricos importantes, "en plena evolución" y de "carácter permanente", según un peritaje que le fue hecho en 2007 por su propio pedido. El informe médico dice, sin más, que el comisario "presenta daño moral que le ha generado secuelas psíquicas incapacitantes que determinan un daño psíquico total, que está en plena evolución y tiene carácter permanente".

Ese diagnóstico está firmado por la médica psiquiatra Elisa Rosa Broussalian, perito de oficio designada por la jueza Claudia Rodríguez Díaz, que entendía en una demanda presentada por Palacios ante el fuero contencioso administrativo, por la cual pedía su reincorporación a la Policía Federal después de haber sido pasado a retiro cuando se hizo pública aquella conversación telefónica mantenida con el reducidor de autos robados Daniel Sagorsky.

La jueza rechazó la demanda de Palacios, y su fallo fue ratificado en segunda instancia. La doctora Broussalian había entrevistado a Palacios dos veces, el 2 y el 3 de octubre de 2007.

Curiosamente, el "Fino" no presentó objeción alguna contra aquel peritaje. Por el contrario, el informe médico le sirvió para presentar otra demanda al Estado, esta vez porque su destitución le produjo un daño psíquico grave.

En algunas de sus partes, el informe de la médica dice:

Verificamos que el señor Jorge Alberto Palacios presenta daño moral, que le ha generado secuelas psíquicas incapacitantes que determinan un daño psíquico total, que está en plena evolución y tiene carácter permanente. Tanto el daño moral como el daño psíquico verificado guardan relación de causalidad con el motivo de esta litis. El daño verificado no es de comienzo demorado. Se le recomienda que continúe con el tratamiento psiquiátrico especializado que se torna necesario para evitar que el cuadro siga avanzando, por un mínimo de tres años más con una frecuencia de dos sesiones semanales. Los sufrimientos han generado una huella o secuela psicológica incapacitante en la personalidad del actor, debido a la persistencia a lo largo del tiempo del estímulo generador del daño moral determinado por la cronificación de la sintomatología producida por el sufrimiento, que determina un daño psíquico total que está en plena evolución y tiene carácter permanente.



Por último, el informe señala en la personalidad de Palacios fallas importantes "en la eficiencia cognitiva". El peritaje en cuestión no figura en el legajo del "Fino" en la Metropolitana ni podría figurar, porque obviamente lo descalificaba para conducir una fuerza policial.

El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo desconocer aquel peritaje, aunque por cierto no podía ignorar, por ejemplo, que Palacios estaba a punto de ser procesado en la causa AMIA, lo que en efecto ocurrió no mucho después.

De todos modos, con incapacidad mental o sin ella, Palacios se las arregló para estrenar su nuevo cargo con un escándalo: la compra de patrulleros para la Metropolitana, sin licitación, en una concesionaria vinculada a la que le vendió a él mismo un auto de alta gama.

El 27 de julio de 2009, en su primera conferencia de prensa en condición de jefe de la Metropolitana, Palacios dijo que la fuerza a su mando ya disponía de 850 agentes "con experiencia", 50 patrulleros, otros tantos móviles de investigación y 35 motos. En esos días, Mauricio Macri asistía a un desfile de policías y autos policiales que entrarían en acción el 1 de octubre de ese año.

Un mes antes, en junio, Guillermo Montenegro había autorizado en una primera etapa la compra directa de 15 patrulleros a la concesionaria Roycan SA. Paralelamente, Palacios se daba un gustazo: compraba, en una concesionaria vinculada con la anterior, un Mercedes-Benz C-200 Kompressor Avantgarde, cuyo precio de mercado era en ese momento de unos 60 mil dólares.

La compra directa de esos móviles fue autorizada por Montenegro mediante la Resolución 634 del 19 de junio de 2009, respaldada en el decreto que "faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado".

La resolución informa que se habían pedido cotizaciones a Roycam SA, Megui SA y Autoteam SA, y que la primera ofreció los precios más convenientes. El monto de aquella primera compra fue de 995.700 pesos. Ese mismo día, mediante la Resolución 633, se autorizaba la compra directa de 15 motocicletas policiales, marca Honda, por un precio total de 992.243,85 pesos.

Se trataba, en verdad, de operaciones muy menores en comparación con la que se preparaba: la compra de 3 mil patrulleros en los siguientes dos años. Un festín. Antes de tener oficinas en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de que se hiciera pública su designación, Palacios diseñaba la nueva Policía desde la consultora Strategic Security Consultancy SRL, fundada por él y su esposa el 14 de agosto de 2006. Esa compañía de Palacios se dedicaba, según sus estatutos, a "la actividad de consultoría de alcance nacional e internacional, y de asesoramiento empresarial y personal sobre soluciones de seguridad global e investigaciones".

"Es del suegro", contestó el jefe de Gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, cuando una legisladora le preguntó si no era incompatible el negocio de la seguridad privada con el cargo de jefe de policía. En efecto, Palacios había hecho una oportuna transferencia para que Strategic Security fuera nominalmente propiedad de su suegro. El Fino también había transferido el paquete accionario de ARPA, otra de sus consultoras, creada en 1996 mientras aún estaba en la Federal.

Esas actividades empresariales y comerciales habían provisto al comisario de contactos abundantes. Por eso se encargó él mismo de entrevistarse con los potenciales vendedores de móviles y equipos para la nueva fuerza. En primer lugar, llamó la atención en su momento que las tres firmas convocadas a cotizar para aquella primera compra fueran, todas ellas, de la provincia de Buenos Aires. Roycam, la elegida, funciona en el partido de San Martín, Megui en San Miguel y Autoteam en Cañuelas. Y si se indaga más en el asunto, pueden encontrarse algunos datos interesantes. Por ejemplo, los socios de Roycam son Rubén Alfredo Loiácono e Isabel Margarita Ciglutti Seijo, quien, a su vez, tiene participación societaria en Megui, otra de las convocadas, una desprolijidad que alimenta sospechas sobre una compulsa simulada entre firmas afines. Palacios, además, compró su Mercedes-Benz en la concesionaria Ciglutti-Guerini, de la cual también es directora Isabel Margarita Ciglutti Seijo.

Las "coincidencias" no terminan: el vicepresidente de Ciglutti-Guerini es Leonardo Ciglutti, socio también de Rubén Alfredo Loiácono, uno de los propietarios de Roycam. ¿Dónde son socios ambos? En WinCar Motors, concesionaria oficial Hyundai en Olivos, donde se compraron las motos para la Metropolitana.



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Como se sabe, un reclamo extendido entre la población porteña y la de Gran Buenos Aires es la demanda de "mayor presencia policial", aunque otros como en el caso de los asaltos en Villa Urquiza que hemos descripto aquí o el de los vecinos de Liniers que padecen a la 44ª aseguran que el problema no es la ausencia de la policía sino su presencia.

En verdad, nunca como ahora hubo en la ciudad tantos efectivos policiales, junto con otros de Gendarmería y Prefectura Naval, ni tantas cámaras ni vehículos de fuerzas de seguridad ni equipos. Nadie puede dar un paso sin quedar registrado por algún dispositivo de seguridad. La inversión estatal en materia de policía bate récords, incluida la llamada "policía de proximidad".

El presupuesto conjunto de la Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria creció un 800 por ciento en no más de cinco años. La Gendarmería tiene 30.435 efectivos, un 70 por ciento más que en 2003. En 2012 se le compraron 156 automóviles, 153 camionetas, 66 camiones, 20 furgones y 71 cuatriciclos. Seis mil gendarmes fueron removidos de las zonas de frontera y afectados a la seguridad de la CABA y del Gran Buenos Aires.

La PFA mantiene sus casi 35 mil efectivos, pero 2 mil de ellos, los que estaban en el Cordón Sur, fueron reemplazados por gendarmes y ahora patrullan en el resto de la ciudad. Añádanse los 450 efectivos de la "policía de proximidad", desplegada en las villas 31 y 15. Entre 2011 y 2012 se adquirieron para la Federal 334 vehículos y tiene ahora casi 4 mil móviles.

La Prefectura cuenta con 18 mil miembros, 3 mil más que en 2003. Esa fuerza incorporó en 2011 y 2012 dos helicópteros y 140 medios de agua (lanchas, motos de agua, aerodeslizadores, semirrígidos). La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene otros 4 mil efectivos.

En 2010, la Federal tenía treinta cámaras instaladas en la calle. Ahora tiene 1.200, de alta definición. Aunque no hay datos precisos, se calcula que la Metropolitana tiene 3 mil policías, que se distribuyen sólo en tres comunas de la ciudad. Según Mauricio Macri y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, la Metropolitana llegará a tener entre 12 mil y 18 mil efectivos.

No, nunca hubo tantos. ¿Radica el problema en la falta de "control político"?

Corresponde recordar, en este punto, lo señalado en el capítulo "Los recaudadores". Cada comisaría, según la denuncia recibida en el ministerio de Nilda Garré a fines de diciembre de 2010, retiene sólo entre un 5 y un 10 por ciento de la recaudación ilegal; el resto sube hacia las jerarquías policiales y, de ese monto, una buena porción va a alimentar las "cajas políticas".

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