“Laboratorios privados harán tareas del Banco de Datos Genéticos”

Las últimas tres semanas estuvieron marcadas por la restitución de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de la actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, nieta de la primera titular de la asociación, Alicia “Licha” Zubasnábar de de la Cuadra. Fueron, a su vez, las semanas en las que se agudizó la disputa por la órbita en la que operará el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el centro que contiene las muestras de los familiares de desaparecidos y las coteja con las de personas cuya identidad pudo haber sido robada. La titular del organismo, María Belén Rodríguez Cardozo, resiste el traspaso a la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología sancionado por ley y, en consecuencia, perdería su puesto, ya que no se presentó a concurso. La científica recibió a VIERNES.

Viernes: ¿Por qué se resiste a traspasar el Banco de la órbita del Gobierno de la Ciudad al de la Nación?

María Belén Rodríguez Cardozo: Lo que planteo es mi experiencia de 22 años de estar aquí, y ocho de dirigirlo. Lo que queríamos lograr como equipo es que la gente pudiera volver al derecho de acceder al Banco, como lo tuvo hasta 2009. Me parece importante porque es un organismo nacional, que se paga con los impuestos de todos y que le dio una herramienta a la sociedad para que pueda resolver un conflicto de su identidad; que hace a una triste situación vivida, que es la desaparición forzada, el robo de los niños. Siendo la Argentina una pionera en esto, no podíamos perder esa capacidad de poder resolver la identidad de todos. Por eso, no me presenté al concurso (requerido por el nuevo marco legal).

V.: ¿Qué cree que debe pasar con el Banco?

M.B.R.C.: El Banco debe mantenerse como organismo oficial en una línea de flotación. No puede depender de ninguno de los dos poderes ejecutivos, ni de la Ciudad ni de la Nación, para que tenga la suficiente objetividad como perito oficial.

V.: ¿Pero si quedara en ese limbo no sería factible que pasara lo que sucedió con el Instituto Espacio para la Memoria (IEM, que comprende los edificios de la ex ESMA y acaba de pasar a la órbita de la Nación)?

M.B.R.C.: Es como hablar a priori de que se va a cometer un delito. Yo quiero plantear aquella parte de la ley que elegí no seguir adelante. El hecho de acotar el objetivo del Banco me pareció terrible (ndr: la norma establece que el BNDG sólo puede atender los casos de restitución de identidad de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983). Me parecieron terribles los argumentos: decir que un equipo de trabajo abandona causas por abocarse a otras es una mala praxis. Ni siquiera hay una denuncia en nombre de esa situación. Así como cuando Raúl Alfonsín escuchó a las Abuelas -todo esto surgió de ellas y es un mérito total de ellas- dijo que el Banco se iba a ocupar de lesa humanidad y fue el Honorable Congreso de la Nación el que dijo que el lugar para identificación debe ser accesible "a todo el mundo".

V.: ¿Para qué otros delitos se puede o podía usar el Banco?

M.B.R.C.: Tengamos en cuenta que hay casi doscientos casos de personas desaparecidas en democracia, para los cuales la experiencia del Banco es la misma.

V.: ¿Cómo es actualmente la relación con Abuelas de Plaza de Mayo?

M.B.R.C.: Es la relación que tiene la querella con el perito oficial. Obviamente no nos unen relaciones interpersonales. Somos el perito oficial; la querella y todos los requerimientos que el juez o la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) nos haga saber a través de oficios se cumple en todo su marco.

V.: Si bien el traspaso al Ministerio de Ciencia y Tecnología fue apoyado por Abuelas y otros organismos de derechos humanos, Abuelas como Mirta Baravalle o María Isabel Chicha Chorobik de Mariani plantearon sus reparos por el traspaso de muestras. ¿Cree que hay riesgo?

M.B.R.C.: La palabra de Mirta y de Chicha es la palabra más autorizada. Cuando Chicha relató ante el Senado que una vez se había disfrazado de enfermera para ver la extracción de una criatura a la que traían como probablemente su nieta, habló de todas las cosas que unían al Hospital Durand con ellas. En la conferencia de prensa de esta semana estuvo la primera nieta restituida, Carla (Rutila Artés). El Banco no tiene falencias. Está la técnica y el Banco está formado por personas. En ningún momento pensaron cuál era la situación laboral que teníamos. Es incompatible tener un cargo en Nación y en Ciudad. Estamos todos con 20, 22 años de antigüedad y si tomáramos el nuevo cargo, sólo se nos contemplaría la antigüedad para darnos las vacaciones.

V.: El ministro Lino Barañao aseguró que les darían las mismas condiciones laborales...

M.B.R.C.: Es que no pueden. El cargo de la dirección es por cuatro años. Yo soy sostén de mi hogar. Cuando trabajás en derechos humanos, uno pone mucho de sí mismo, más allá del conocimiento científico. Tengo 50 años. Dentro de cuatro años tendré 54.

V.: ¿Usted está cargo del Banco por estar a cargo del área de Inmunología, como explicó Estela de Carlotto?

M.B.R.C.: No, nunca estuve a cargo del área de Inmunología. En realidad, yo trabajé trece años con la doctora Ana María Di Lonardo. Cuando la Presidenta saca el Decreto 511/2009 que reglamentó la ley, el ministro de Salud de la Ciudad me hace elevar el currículum. En ese momento, emana la Resolución 1.843 del Ministerio de Salud de la Ciudad firmada por Jorge Lemus, cuando me designan directora interina.

V.: Di Lonardo fue muy criticada por Abuelas y se sugirió que había sacado información que después fue utilizada por Marcela y Felipe Noble Herrera para acceder a realizarse los estudios, cuando la familia de Ernestina Herrera comprobó que no había compatibilidad con las muestras del BNDG.

M.B.R.C.: No me consta. Ése es un tema que deberían plantearlo ante la Justicia. Decirlo y no denunciarlo, cuando se trata de información tan sensible, es simplemente habladurías.

V.: Se dijo que había desaparecido una computadora que usaba Di Lonardo.

M.B.R.C.: Ella se llevó su computadora personal, pero cuando lo hizo estaba el doctor Ramón Torres Molina, abogado de Abuelas y de la Unidad de Investigaciones del Ministerio de Justicia, y él mismo firmó el acta notarial juntamente con el director del hospital.

V.: ¿Cuánta gente trabaja en el Banco?

M.B.R.C.: 35 personas.

V.: ¿Serían esas 35 personas las que pasarían al Ministerio?

M.B.R.C.: Nos entrevistaron a todos. Fue una entrevista para plantear qué pensábamos respecto del traslado. Yo les planteé que no iba a seguir. Se enojaron bastante conmigo los coordinadores para la transferencia. Lo vieron como un capricho. Para nada; estaba resolviendo sobre algo sumamente importante en mi vida. Después de mis hijos, éste es un lugar sumamente importante. Respeto profundamente la lucha de Abuelas, pero quiero que todos los jóvenes tengan identidad.

V.: Por ejemplo, ahora se le va a practicar un estudio de ADN a un chico que se sospecha que puede ser el hijo de María de los Ángeles "Marita" Verón, víctima de la trata de personas. ¿El Banco no interviene?

M.B.R.C.: No puede. Lo tienen que hacer privados. En la reglamentación de la nueva ley del Banco estaban dos privados, los doctores Daniel Corach y Mariana Herrera Piñero.

V.: ¿A qué se refiere con eso?

M.B.R.C.: Hubo una comisión de reglamentación cuyo coordinador fue el doctor Héctor Targovnik y también participó Víctor Penchaszadeh (un científico pionero en los estudios de restitución de identidad de hijos de desaparecidos que asesora al Ministerio de Ciencia en el traspaso). Corach y Herrera Piñero tienen laboratorio privado. Todo lo que el Banco deja de hacer va a nivel privado.

V.: Dado que ustedes intervienen como peritos, ¿no sería más lógico que funcionara el Banco bajo la órbita del Poder Judicial?

M.B.R.C.: Deberíamos depender de la Corte Suprema de Justicia. Lo propusimos. Cuando la ley estaba en Diputados hablé con Carmen Argibay; cuando estaba en el Senado hablé con Eugenio Zaffaroni. La Corte tiene que tomar la decisión de tomar un organismo; no es el Poder Legislativo el que puede obligarlo. Ellos no tienen laboratorio y tercerizan en un privado que es Corach.

V.: ¿Qué le respondieron los jueces de la Corte?

M.B.R.C.: La respuesta de Argibay fue: "Doctora, los poderes son independientes. Salvo que se estime que esta ley es inconstitucional, no podemos actuar".

V.: ¿En qué estado se encuentra el pedido de inconstitucionalidad de la ley?

M.B.R.C.: Estamos en la Corte. Sólo dos artículos. Estamos pidiendo la universalización de los derechos. Cuando todo el mundo logra universalizar los derechos humanos, nosotros los restringimos. Los bancos de Bosnia y de Guatemala se formaron en función del banco argentino; no podemos ir para atrás.

V.: ¿Cuántas familias dejaron sus muestras?

M.B.R.C.: Tenemos 105 familias con denuncia ante juzgados federales y otras 145 con denuncias ante la CONADI. Son pocas familias para el número que se busca. Hay 6.000 jóvenes negativos y el Banco atesora hoy 20.500 muestras, de las cuales 8.500 aproximadamente son de lesa humanidad, y el resto de otros delitos.

@LucianaBertoia



BIO

Fecha de nacimiento: 02/01/64.



Estudios: Colegio Jesús María (Capital Federal), Bioquímica (UBA).



Cargo: Directora del Banco Nacional de Datos Genéticos desde 2009.



Rutina informativa: Todos los diarios por internet.