Se trata de José Console, que había sido apadrinado por el ministro de Justicia. Ayer el TOF 2 lo apartó por incompatibilidad de funciones, ya que desempeña cargo en Consejo de la Magistratura.
Pulseada. Carrió nuevamente marcó los límites del Gobierno de Cambiemos al denunciar a Garavano por el manejo irregular de los abogados que participan en la causa por el encubrimiento al atentado a la AMIA.
Otra vez ganó Lilita Carrió. Tras su denuncia pública a principios de febrero y la amenaza de iniciar un juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispuso ayer apartar al abogado designado por el Gobierno para participar del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El argumento formal esgrimido por el tribunal fue que el abogado José Console -de él se trata- desempeña un cargo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que su participación en el juicio en representación del Estado "resulta incompatible".
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Console había sido designado por el Gobierno el año pasado pero su aparición en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se produjo este año cuando el Ministerio de Justicia lo eligió para que realizara los alegatos por parte del Estado, acto en el que pidió la absolución de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
La decisión del TOF 2 fue comunicada por el juez Jorge Gorini durante el inicio de una nueva audiencia del juicio que lleva más de dos años y se desarrolla todos los jueves en el edifico de los tribunales de Comodoro Py. "Corresponde apartarlo del rol de abogado de la querella y dejar sin efecto su designación en autos", sostuvo Gorini tras explicar que su designación resultaba incompatible de acuerdo a las leyes de la Constitución de la Ciudad, a la ley orgánica del Poder Judicial porteño y al reglamento del Consejo de la Magistratura.
"La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que los jueces o funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio que no sea la docencia", remarcó Gorini antes de leer la resolución del Tribunal.
La decisión fue tomada por mayoría con los votos de Gorini y el juez Néstor Costabel, quienes además dispusieron remitir testimonio de lo actuado a la Oficina Anticorrupción, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura porteño.
Para que Console participara del juicio el Ministerio de Justicia le retiró el poder a otro abogado de la Unidad AMIA, Enrique Ventos, que había trabajado junto con los demás abogados de la unidad en un alegato distinto al que finalmente se presentó, según pudo reconstruir Télam.
El alegato en el que habían trabajado los integrantes de la Unidad AMIA, pero que fue desechado por el Gobierno, incluía pedidos de penas para los exfiscales Mullen y Barbaccia, por lo que la designación de Console y su posterior intervención en el juicio desató una fuerte crisis al interior de la Unidad. A pesar del apartamiento de Console, el TOF 2 decidió tener por aceptado el alegato de la querella del Ministro de Justicia porque fue realizado en presencia de Horacio De Filipo, otro abogado de la Unidad AMIA que si está habilitado para participar del juicio.
En el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA están siendo juzgados, además de los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el expresidente Carlos Menem, el titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano, entre otros.
En el juicio oral se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín -quien esta semana denunció a Garavano por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público- para que diera una declaración falsa ante la Justicia; y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.
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