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¿Más cerca de la guerra terrestre?
A falta de una definición clara sobre si se trata de una operación exclusiva bajo la Resolución 1.973 de Naciones Unidas o de una acción con segundas intenciones, algunos aliados admiten que sólo un despliegue terrestre podría lograr la hipotética captura del líder libio y su posterior extradición a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que lo investiga por crímenes de lesa humanidad desde que estallaron en febrero pasado las revueltas.
No obstante, un despliegue de tropas de Infantería es lo último que desearían ver los aliados, sobre todo Estados Unidos, cuyo presidente,
Barack Obama, señala que Washington participa «de manera limitada» en el esfuerzo militar en Libia, para remachar que los efectivos estadounidenses en la operación Odisea del Amanecer sólo estarán poco tiempo activos.
Mientras el pasado día 3 la Corte Penal Internacional anunciaba que investigará a Gadafi y a «algunos de sus hijos» por presuntos crímenes de lesa humanidad, entre ellos la muerte de «miles» de civiles, los aliados occidentales se enfrentan a un incómodo dilema: ¿cómo intentar sentar a Gadafi en el banquillo de La Haya sin la intervención de tropas aliadas de tierra, sean de la coalición internacional o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)? Es la gran pregunta que, ya mismo, se plantean los socios de la «coalición de los voluntarios» y los expertos.
«No descartamos el envío de soldados de Infantería o tropas de tierra en Libia», afirmó ayer el ministro belga de Defensa, Pieter de Crem, cuyo país contribuye a la «guerra de Libia» (según su propia definición), con seis aviones caza F-16 y un dragaminas.
«Las operaciones durarán mucho tiempo, pero no se tratará de una ocupación, sino de garantizar que la operación internacional no se ha realizado en vano», subrayó De Crem a la radio belga.
En ese sentido, el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aseguró ayer que los investigadores del alto tribunal de Naciones Unidas ya han identificado siete casos de manifestantes anti-Gadafi que fueron tiroteados durante los primeros días de la revuelta y que podría tratarse de «crímenes contra la humanidad».
No obstante, los hechos no permiten ser excesivamente optimistas acerca de la posibilidad de ver de inmediato a Gadafi en manos de la Corte Penal Internacional en La Haya.
En 2009, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, por crímenes de guerra en Darfur, pero hasta la fecha sigue al frente del país.
Los expertos, por su parte, dejan la duda en el aire acerca de si la Resolución 1.973 permite, de hecho, aunque no lo mencione expresamente, el futuro despliegue de tropas de tierra, una vez que finalice la «limpieza» llevada a cabo previamente, mediante bombardeos selectivos, del material de combate de las fuerzas leales a Gadafi.
Eric David, experto en política internacional de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), recuerda que el apartado 4 de la Resolución 1.973 «autoriza a tomar todas las medidas necesarias (...) para proteger a la población y las zonas civiles amenazadas por ataques en Libia» y prohíbe «el despliegue de una fuerza de ocupación extranjera sea de la forma que sea e independientemente de qué parte del territorio libio se trate».
Pero según el jurista belga, citado por el periódico Le Soir, existe una «peligrosa ambigüedad» en el texto. «Esa parte de la resolución, según aseguran fuentes diplomáticas, ha sido redactada de manera premeditada con varias ambigüedades», afirma.
«La versión original de la Resolución 1.973 en inglés (desde la cual se traduce al resto de idiomas) afirma que no podrán desplegarse occupation forces (fuerzas de ocupación), pero no dice absolutamente nada de la posibilidad de desplegar ground forces (fuerzas de tierra). Es posible que se haya hecho así con la intención de intentar atrapar a Gadafi y de garantizar el período posdictadura, una transición coordinada por Occidente», explica David.
Agencia DPA


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