Obras sociales, a otro juez

El juez federal Ariel Lijo le ganó una pulseada a su par Norberto Oyarbide por el control de una investigación por el presunto otorgamiento irregular de fondos públicos a las obras sociales sindicales. La Cámara Federal del Crimen resolvió concentrar en manos de Lijo dos expedientes paralelos, por entender que en ambos «se investigan los mismos hechos». La resolución quedó a cargo del presidente del tribunal, Martín Irurzun.

La disputa por la competencia en el expediente agudizó un silencioso enfrentamiento que mantienen los dos jueces, que están separados por apenas un pasillo en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py. Según el camarista, el juez Lijo inició en 2009 una pesquisa previa a la de Oyarbide, que data del año pasado, por lo que dispuso remitirle todas las actuaciones.

Subsidios

Ambas causas están centradas en la presunta distribución irregular de casi $ 48 millones de subsidios a las obras sociales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Por las derivaciones de esa investigación, Oyarbide había procesado al extitular de esa dependencia Héctor Capaccioli (beneficiado esta misma semana con un desprocesamiento de la Cámara Federal) y mandó a detener al jefe del sindicato de peones rurales, Gerónimo Venegas, al que excarceló 36 horas después.

El sumario que instruye Lijo se basó en una denuncia en contra del líder del gremio de empleados de espectáculos públicos (SUTEP), Miguel Ángel Paniagua, por la utilización de los recursos derivados al gremio desde la SSS. Oyarbide había alegado en su favor que la pesquisa sobre el subsidio había sido una derivación de la «megacausa» por la denominada mafia de los medicamentos. Sin embargo, Irurzun sentenció que la pretensión de Oyarbide no se condecía con el registro informático de tribunales, por lo que, además de quitarle el expediente, le ordenó «regularizar» ese sistema «conforme la normativa reglamentaria vigente».