La ley tipifica la homosexualidad como delito e impone penas de cadena perpetua por actos homosexuales. y penas de prisión de cinco a siete años por la "promoción" de la homosexualidad o la "tentativa de cometer" o "ser cómplice" de actos homosexuales. Las disposiciones más controvertidas de la ley, que preveían la pena de muerte en caso de reincidencia, relaciones con menores o para las personas con sida, finalmente no se contemplaron en el texto.
"El presidente Museveni firmó finalmente la ley antigay", indicó una vocera de la Presidencia en Entebbe. Los defensores de los derechos humanos y los gobiernos occidentales, en especial Estados Unidos, criticaron duramente esta ley.
La legislación expone la amplia brecha entre los gobiernos del continente, a menudo culturalmente conservadores, y los donantes extranjeros que los respaldan. En la actualidad, muchos países africanos consideran ilegal la homosexualidad,
El presidente norteamericano Barack Obama había calificado de "paso atrás" esta medida, cuya aprobación "complicaría" la relación entre Uganda y Estados Unidos, aliado de Kampala. "Esta ley va a oficializar la discriminación y a estimular el acoso y la violencia contra los individuos a causa de su orientación sexual", reaccionó la Comisaria de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay.
La mayoría de los países que tienen relación con Uganda se levantaron de esta medida. Holanda, primer país en el mundo en haber legalizado el matrimonio homosexual en 2001, congeló el pago de siete millones de euros anuales al sistema judicial ugandés, y anunció que quería proponer sanciones a escala europea.
Dinamarca anunció que iba a redirigir su ayuda de 6,3 millones de euros, que giraba a las agencias gubernamentales, hacia iniciativas privadas y ONG. Noruega, que es uno de los países que más aporta a Uganda por concepto de ayuda al desarrollo, retiró unos seis millones de euros de su ayuda bilateral anual y aumentó su asistencia a los defensores de los derechos humanos y de la democracia,
El presidente ugandés, que se encontraba ayer en su residencia privada de Entebbe, a 35 km de Kampala, sostuvo que los países donantes que no quieran seguir ayudando a Uganda a causa de esta ley "pueden guardarse su ayuda".
"Los extranjeros no pueden darnos órdenes. Es nuestro país. Aconsejo a nuestros amigos occidentales no hacer de este tema un problema, ya que tienen mucho que perder", dijo.
| Agencias afp y efe |
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