Guerra y energía: cómo impactan los precios del petróleo en la balanza, tarifas y combustibles

Un informe de Economía y Energía analiza el nuevo escenario energético local frente al conflicto en Medio Oriente. Con mayor producción y exportaciones, Argentina gana margen, pero enfrenta presión en tarifas y surtidores.

La guerra en Medio Oriente funciona como un test de estrés para el modelo energético local. 

La guerra en Medio Oriente volvió a sacudir al mercado energético global, con subas abruptas en el precio del petróleo y del gas, pero esta vez Argentina no está parada en el mismo lugar que en 2022. Según un informe de la consultora Economía y Energía, el país logró transformar su matriz energética en los últimos años y hoy enfrenta el shock externo desde una posición mucho más sólida, con mayor producción local y un perfil exportador en ascenso.

El documento lo sintetiza con claridad: “las restricciones operativas en el estrecho de Ormuz y el riesgo de expansión del conflicto generaron una vulnerabilidad crítica del suministro global de energía”, lo que impulsó los precios internacionales. Sin embargo, a diferencia de la guerra en Ucrania -cuando Argentina sufrió un déficit energético de más de u$s4.300 millones-, el escenario actual encuentra al país con una estructura más robusta y menos dependiente de importaciones.

El cambio es profundo. En apenas tres años, las exportaciones de petróleo crecieron un 182%, mientras que las de gas también avanzaron con fuerza. Al mismo tiempo, las importaciones se redujeron de manera drástica: prácticamente desaparecieron las compras desde Bolivia, el GNL cayó con fuerza y la necesidad de importar combustibles líquidos se desplomó. Este giro permite que, en lugar de sufrir el impacto de los precios internacionales, Argentina pueda incluso capitalizarlos.

Los tres escenarios para la balanza energética del 2026

En ese marco, la consultora de Nicolás Arceo plantea tres escenarios posibles para 2026 en función del precio del crudo. Incluso en un contexto moderado, con un barril en torno a los u$s80, el país lograría un superávit energético cercano a los u$s10.000 millones.

Si el Brent se ubica en torno a los u$s100 -un valor que hoy luce más alineado con la coyuntura internacional-, el saldo positivo podría escalar a u$s12.100 millones.

Y en un escenario de precios más elevados, con el petróleo en u$s120, el superávit treparía por encima de los u$s14.500 millones.

La conclusión es contundente: los precios altos ya no son necesariamente una mala noticia para la balanza energética argentina, algo impensado pocos años atrás.

Impacto en las tarifas de luz y gas y el precio de los combustibles

Sin embargo, ese cambio de paradigma no elimina los efectos internos del shock. Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre las tarifas. A pesar de la suba internacional, el informe sostiene que el efecto será relativamente acotado gracias a la menor incidencia del gas importado en la matriz local. Aun así, en el escenario más exigente, los usuarios residenciales de mayores ingresos podrían enfrentar subas del orden del 5,1% en electricidad y del 3,6% en gas. En paralelo, los subsidios energéticos crecerían alrededor de un 8%, aunque sin alterar significativamente su peso en el PBI.

Más allá de estas proyecciones, lo cierto es que los aumentos ya comenzaron a sentirse. Desde abril, el Gobierno avanzó con una actualización de tarifas eléctricas y de gas en todo el país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las subas en electricidad se mueven en torno al 1,8% para Edesur y hasta el 2,4% para Edenor, mientras que en la provincia de Buenos Aires el ajuste promedio es del 1,3%. En gas, los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y Naturgy también empezaron a regir, con un esquema que combina recomposición de precios y segmentación para amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables.

Pero si hay un frente donde la tensión se vuelve más visible es en los surtidores. La suba del petróleo ya empezó a trasladarse a los precios locales, con aumentos significativos en marzo que encendieron alarmas inflacionarias. La nafta registró un incremento del 21% en términos reales, mientras que el salario perdió poder de compra medido en litros de combustible. En paralelo, las petroleras aplicaron subas de hasta el 19% en el gasoil y del 17% en la nafta súper en apenas un mes.

El informe advierte que este fenómeno tiene un impacto directo sobre la inflación: cada aumento del 10% en los combustibles agrega alrededor de 0,36 puntos porcentuales al índice de precios. En este contexto, se abre un dilema clave para la política económica: permitir que los precios locales acompañen la paridad internacional o intervenir para desacoplarlos parcialmente y evitar un traslado pleno a la inflación.

En este entramado, los biocombustibles vuelven a ocupar un lugar central en el debate. Según el análisis, incrementar el corte con biodiésel podría implicar un mayor costo para el gasoil, incluso en un escenario de estabilidad en los precios agrícolas. “El mayor nivel de corte con biodiésel continúa implicando un encarecimiento del gasoil en surtidor”, advierte el informe. En cambio, el etanol aparece como una alternativa con mayor potencial para moderar los precios, especialmente en contextos de petróleo elevado, aunque con limitaciones propias.

El nuevo escenario energético combina oportunidades y desafíos. Por un lado, la posibilidad concreta de consolidar un superávit energético histórico, apalancado en Vaca Muerta y el crecimiento exportador. Por otro, la presión interna sobre tarifas y combustibles, que impacta de lleno en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.