Desalientan ahora el pago de rescates

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, León Arslanian, sorprendió ayer al manifestarse en favor de no pagar rescates por los secuestros extorsivos. A pocas horas de ser liberada la empresaria Patricia Nine en el partido de Merlo, tras 25 días de cautiverio, el funcionario avanzó en una idea que en otros países ya tiene fuerza legal. Se trata de la prohibición de pagar por las extorsiones en casos de secuestro, algo que el ministro hasta ahora sólo recomendó. Respecto de Nine, se confirmó que no se pagó dinero alguno. Hubo otras novedades de peso ayer, jornada que culminó con una cumbre en Casa de Gobierno entre Néstor Kirchner, Felipe Solá y el ministro de Seguridad de la provincia. Vuelve a modificar León Arslanian la estructura de la Policía Bonaerense. Y lo hace contrariando lo que estableció como regla básica en su anterior gestión como ministro. A partir de noviembre, las jefaturas departamentales (abarcaba varios partidos de la provincia cada una) que él diseñó en su momento serán vaciadas, y en su lugar se conformarán policíasdistritales que operarán en cada municipio del conurbano -también en las grandes ciudades del interior-y estarán bajo el mando de un jefe policial. Implica un proceso de descentralización que busca una mayor eficiencia de los uniformados porque, entre otras cosas, desaparecen las megaestructuras de las departamentales, cuyos efectivos comenzarán a cumplir tareas en los distritos. También, en teoría, acercará la Policía a los vecinos. Sin embargo, tiene un costado polémico:aunque no será designado por el intendente, el comisario a cargo de cada policía distrital tendrá un estrecho vínculo con el jefe comunal. Fue justamente Arslanian quien con más dureza denunció la presunta connivencia entre los intendentes y la Policía. Pero ahora diseña un sistema que parece beneficiar esa relación, antes por él mismo cuestionada. En paralelo, Felipe Solá envió una señal de estabilidad al anticipar que pedirá una prórroga de la Ley de Emergencia Policial pero que esa norma excepcional ya no se usará para efectuar purgas masivas en la Bonaerense. Es un cambio de actitud que, al menos, servirá para mejorar la autoestima de los uniformados que, desde que reasumió Arslanian, temían que el mínimo error de procedimiento implique su relevamiento y expulsión de la fuerza de seguridad.

León Arslanian, Felipe Solá y Néstor Kirchner, ayer, reunidos en la Casa Rosada.

El ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, se mostró ayer partidario de que los familiares no paguen rescate para lograr la liberación de los secuestrados para, de ese modo, impedir que las bandas dedicadas a ese tipo de delitos sigan operando.

Con eso, el funcionario ratificó que la postura oficial, tanto del gobierno nacional como del bonaerense, es interrumpir el circuito del dinero que, proveniente del cobro de los rescates, sirve de financiamiento para las organizaciones delictivas que operan en el Gran Buenos Aires.

«Esta actividad delictual (los secuestros) continúa porque hay gente que está dispuesta a pagar», sostuvo ayer Arslanian y reforzó su idea al asegurar que el cobro de los rescates «alienta» a las bandas para seguir actuando y realizando raptos.

Tal como informó ayer este diario, aunque la prioridad sigue siendo preservar la vida de la víctima, el gobierno fijó como nueva estrategia impedir -interrumpiendo el rapto o recuperando luego el monto del pago- que el dinero de los rescates alimente la actividad delictiva. La postura que transparentó Arslanian -y avalan tanto Felipe Solá como Néstor Kirchner- logró ayer un fuerte respaldo de la familia de Patricia Nine. José Luis, abuelo de la mujer que estuvo 25 días cautiva, dijo que «si todos pagamos nunca se va a descubrir nada».

• Respaldo

No es un dato menor: hasta el caso Nine, y en buena medida por el fracaso del operativo para liberar a Axel Blumberg, la postura oficial sostenía que lo conveniente era permitir que los pagos se efectúen y luego intentar recuperar el monto del rescate.

El desastroso desenlace del secuestro de Axel -el joven fue asesinado por uno de sus captores- llevó al gobernador Solá a recomendar que se cumplan con las demandas de los secuestradores. Además, Juan Carlos Blumberg fue un ferviente crítico de la intervención policial.

Así y todo, Arslanian no quiso establecer como regla básica e inalterable el no pago. «Es un tema muy delicado y no es posible tomar decisiones por sobre la familia», sostuvo ayer el ministro. En rigor, a pesar de que se instale como un criterio general, cada caso tiene sus particularidades.

De hecho, en el caso Nine -como ocurre en la mayoría de los secuestros extorsivos- i ntervino un grupo de apoyo integrado por psicólogos y médicos para acompañar a la familia, en paralelo a «especialistas en negociación» para orientar el trato con los secuestrados.

Al respecto, Arslanian contó que al principio la familia Nine «estaba dispuesta a pagar rescate» pero que «las pretensiones de la banda, que eran por un lado extravagantes» y el «tiempo irracional» que se tomaban entre llamado y llamado», sugirió una acción policial.

Para eso, fue clave la actuación «armónica» -según graficó el ministro-, entre la SIDE, la Policía Federal y la Bonaerense, coordinación que se operó a través de Francisco Larcher; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el propio Arslanian.

Ante el rapto de Nine, se actuó como nunca antes, con criterio de comando y acción conjunta, por medio de una mesa de trabajo donde se definieron «tareas, roles» y se analizó la información disponible sobre el caso.

«Nuestro objetivo es ver de qué manera somos capaces de utilizar recursos sin distinción de Estado provincial o nacional en la lucha contra el crimen», dijo Arslanian y agregó que el tema secuestros dejó de ser una cuestión policial para convertirse «en un tema de Estado».

De todos modos, tanto en la Casa Rosada como en La Plata, ayer se salió a descomprimir el nivel de expectativa. «No hay que ser exitistas porque se haya resuelto el caso Nine, no implica que no vaya a haber más secuestros», coincidieron los voceros.

Por último, desde la provincia se informó que en los últimos meses se detuvo a 212 personas imputadas de haber participado en secuestros extorsivos, lo que representa 70% de los delincuentes que intervinieron en los distintos hechos registrados.

Por último, Arslanian pidió la colaboración de la población aportando datos y denunciando actividades sospechosas. «Es importante que informen, pero sin duda que para ello es necesario mejorar mucho la relación de confianza con la institución policial», concluyó.