Familiares reclaman ayuda económica

Los reclamos de los familiares y víctimas de la tragedia de República de Cromañón se están haciendo oír cada vez más fuerte. Mientras ayer un grupo le pedía al ministro Aníbal Fernández que gestione un encuentro con Néstor Kirchner y criticaba al gobierno nacional por «falta de acciones concretas», 80 por ciento de las llamadas a la línea telefónica habilitada porAníbal Ibarra para dar asistencia era por asistencia económica.

De esta manera, se desplazó la solicitud de ayuda psicológica que, en los primeros días, llegaba a 60% de los llamados.

Es que, con el correr de los días, los afectados por el incendio del boliche necesitan solventar gastos de tratamiento, provisión de remedios y recursos para que los familiares puedan trasladarse para visitar a las personas internadas. También están quienes dejaron sus trabajos para cuidara sus hijos. Al tiempo que la Dirección General de Asistencia a la Víctima da unos cien turnos diarios, se cuadruplicaron las consultas en el servicio de estrés postraumático del hospital Torcuato de Alvear.

En tanto, familiares de fallecidos en el incendio del boliche pidieron ayer al ministro del Interior,Aníbal Fernández, que gestione una entrevista con el Presidente y se quejaron por la «falta de acciones concretas» desde el gobierno.

María Cristina Quevedo, madre de Jacqueline Santillán, aseguró que el encuentro con Fernández dejó «más angustia y más bronca».

En la puerta de la Casa Rosada, los familiares aseguraron a la prensa no sentirse «amparados».

«Fue una reunión prácticamente vacía. (El ministro) no sabía nada. Todas las inquietudesde los padres las tuvimos que hacerpor escrito. El puede hablar por él pero no por el Presidente», reclamó ofuscada la madre de Jacqueline al anunciar que «la mayoría de los padres pide una reunión con el Presidente».

En esa línea y con tono crítico, Tito Aguirre, tío del fallecido Fernando Aguirre, informó que los familiares insistieron con un pedido hecho la semana pasada: la intervención del Gobierno de la Ciudad.

También rechazó la propuesta que ofreció asistencia de abogados y la entrega de subsidios, al sostener que con ello «quieren comprar conciencias».

El gobierno nacional se comprometió a crear un fondo fiduciario para costear el pago de los abogados de las víctimas, y aceptó que los letrados puedan «imputar a cualquier funcionario público» como responsable de la tragedia.