7 de abril 2016 - 20:15
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Por tal motivo, y en coincidencia con el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, Lijo dispuso los allanamientos para "asegurar la presencia del Estado en estas zonas, con el fin de generar espacios útiles para la contención y desarrollo de las familias que se encuentran afectadas diariamente por estas estructuras criminales". Los allanamientos eran realizados por efectivos del Geof y de la Superintendencia de Drogas Peligrosas.
La usurpación de viviendas ubicadas estratégicamente, la colaboración de "centinelas" que vigilan armados desde los techos, la utilización de menores de edad y las amenazas a los vecinos, son la base de la organización de las bandas narcocriminales que se asientan en la villa 31 y que dificultan las tareas judiciales y policiales, según remarcó Lijo.
Para poder llevar a cabo sus operaciones "usurpan por la fuerza las casas que resultan ser estratégicas en el barrio, no de manera azarosa sino las que resultan ser linderas a los puntos de venta, justamente, para así trasladar los estupefacientes de casa en casa con conexiones internas sin tener que desecharlos ante la intrusión policial", indicó el juez.
Por tal motivo, los investigadores se encontraron en el interior de la villa con lugares "de imposible acceso para el personal policial", ya que los narcos "diseñan y colocan puertas o rejas directamente en los ingresos y egresos de determinados pasillos sin permitir el acceso a personas ajenas a las estructuras criminales que llevan a cabo la actividad ilícita".
El magistrado explicó que, para poder operar, las bandas "cuentan con personas comúnmente conocidas como 'centinelas' o 'satélites', que se ubican en los techos de los domicilios y se encuentran armados, cuya función no es únicamente brindarles seguridad frente a posibles peleas en el barrio, sino también la de vigilar la zona para advertir la presencia de personas extrañas al lugar (de policías, entre otros)".
Una vez detectada una presencia que los alarma, los "centinelas" dan aviso "mediante señas, como silbidos o gritos, que inmediatamente causan la interrupción momentánea de sus actividades", detalló Lijo.
Asimismo, añadió el magistrado, "se determinó que las personas investigadas cuentan no sólo con la coordinación propia del negocio, sino que además conllevan a los habitantes del barrio -incluyendo menores de edad- a que sirvan a sus propios intereses, ya sea comercializando estupefacientes, ocultándolos junto a las armas, o incluso despojándolos de sus propias viviendas, generando un nivel de violencia extremo dentro del asentamiento".
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