3 de marzo 2005 - 00:00

Nos preguntó la SIP sobre libertad para la prensa en el país

Gonzalo Marroquín, Edward Seaton (ambos, izquierda) y Robert Cox, entre Julio Ramos y Roberto García, de este diario.
Gonzalo Marroquín, Edward Seaton (ambos, izquierda) y Robert Cox, entre Julio Ramos y Roberto García, de este diario.
Tres miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visitan el país para analizar la situación de la libertad de prensa entrevistaron también ayer al director y director periodístico de Ambito Financiero, Julio Ramos y Roberto García, respectivamente. Fue un diálogo ameno y de recuerdos, porque Ramos conoció a Roberto Cox, cuando éste vivía en la Argentina, y a Edward Seaton, con quien participó en reuniones internacionales de esa entidad.

La postura que este diario expuso está en este resumen:

• Si una delegación tan destacada de la SIP, encabezada por su mismo presidente, Alejandro Miró Quesada, está aquí es porque está en debate la libertad de prensa en la Argentina. No se puede negar, porque también en reunión con periodistas del diario y con algunos editores de otros medios surge con asiduidad el tema.

Ambito Financiero no puede decir que este gobierno le afecte en nada su libertad de escribir a sus lectores sobre lo que quiera ni que le haya cercenado publicidad oficial. Por supuesto, la publicidad estándar sin las extras que tienen, por ejemplo, el diario abiertamente oficialista «Página/12» y otros.

• La SIP preguntó si el diario aceptaba viajar en aviones oficiales. Se le respondió que medios oficiales con periodistas acompañan a presidentes de todo el mundo y también a ejércitos. No creemos que aceptar compromete a la prensa sino que facilita mucho su trabajo. Este gobierno, en nuestro conocimiento, limitó esas invitaciones a periodistas de «Clarín», «La Nación» y «Página/12», sobre todo, más algunos camarógrafos de canales. Este diario nunca viajó ni fue invitado. Dado el escaso número de seleccionados, se adquiere compromiso y no enviaríamos periodistas, aunque nos invitaran. Es grave que ningún fotógrafo de medios pueda fotografiar al Presidente en audiencias. El periodismo debe limitarse a las fotos oficiales.

• Eso no significa que cada tanto no se reciban llamadas telefónicas o cartas de funcionarios quejándose por determinadas noticias u opiniones y dando su propia versión con intención de que sea publicada. Pero nunca fue con amenazas de ningún tipo. Aunque algún periodismo, sobre todo el que tiene escaso profesionalismo, se rasgue las vestiduras por estas quejas oficiales en más de 45 años de profesión, siempre ocurrió en la Argentina. No escucharlas sería desde la prensa cercenarles la libertad de expresión a los funcionarios (Roberto Cox coincidió en esto y que tales quejas suceden con la prensa del resto del mundo. Sin embargo, Miró Quesada se quejó de eso es estos días de visita al país).

• Néstor Kirchner era así de quejoso desde que era gobernador santacruceño. Hacía llamar a nuestro diario a funcionarios provinciales hasta si en un acto en Capital Federal no se lo mencionaba entre los concurrentes.

• Es cierto que el gobierno en general no quiere al periodismo. Néstor Kirchner no lo quiere en forma mucho más acentuada que los otros gobernantes del mundo. Además, se lo dice.

• Que este diario sea crítico del gobierno y nunca haya sido presionado ni castigado con la publicidad oficial puede ser por su trayectoria. Nunca tuvo negocios, créditos oficiales o privilegios con gobiernos ni militares ni civiles. También, porque su crítica no es sistemática ni programada. No dudamos en publicarlo que sea bueno del gobierno con objetividad, desde ya. También puede ser por el caso de aquel personaje al que lo acusaron de antisemita y cayó en el latiguillo fácil de «no señor, yo no atento, fíjense que tengo un amigo judío»... (Aquí los tres visitantes coincidieron en que se ha dado en el pasado. En el Proceso militar último dejaron como intocable a «The Buenos Aires Herald».)

• Es cierto que no es correctoque un gobierno sólo recurra a las conferencias de prensa para todos los medios cuando le interesa un tema que afecta su imagen. Tampoco está bien que quiera orientar la primera página de los diarios como le conviene, aunque sólo lo logra con «Clarín» y con «Página/12», y publicaciones de izquierda menores que compra con publicidad oficial y otros dineros directos a los dos primeros. Inclusive a «Clarín» lo favoreció con leyes del Congreso a su favor, además de donarle (Eduardo Duhalde) 75 millones de dólares desde el Banco Provincia de Buenos Aires, adjudicarle ondas bajas sin licitación desde el Estado a Héctor Magnetto, dueño de la mitad de ese medio y de la totalidad de «Página/12», que actúan como la prensa más oficial.

• Hay discriminación de publicidad oficial, pero en el caso de la revista «Noticias» no está claro por qué. Es un medio que se introduce en vidas privadas, hijos, esposas -no sólo de los funcionarios públicos-, que lanzó páginas enteras de loas a Cristina Kirchner para luego atacarla duramente hasta en su ropa. Esto es un hecho real. No se sabe si fue extorsión como sostienen funcionarios del gobierno. Es una revista que tiene tradición de bajezas que llegaron a los tribunales, sobre todo, cuando dirigía su redacción el periodista ya alejado del cargo Héctor D'Amico.

• Si hay algo que afecta en la
Argentina a la libertad de expresión, el actual gobierno estaría en tercer lugar, aunque sea al único que juzga la SIP dado sus tradicionales posturas. Pero lo que más afecta y ahoga a los medios independientes hoy en la Argentina es el accionar de los monopolios como «Clarín». Sacó el Estado la «ley cultural» en su exclusivo beneficio para prohibir que los acreedores se cobraran con acciones enorme deuda por mala administración del multimedio. Pero en todo el mundo ahora, porque en prensa tenemos limitada la garantía de cobrar, las deudas que adquiramos los extranjeros les niegan crédito a los medios de prensa argentinos, que tienen que moverse exclusivamente con «cash» y se debilitan así por imposibilidad de inversiones de reequipamiento.

El segundo elemento atentatorio contra la prensa en el país es el mismo Estado. En la Argentina se da el único caso en el mundo de que el Estado esté unido empresarialmente a dos diarios en la producción de papel de imprimir más barato, sobre un total de 120 medios restantes en el país. Además, se le permitió a «Clarín» utilizar los bonos en default a 100% para pagarle deudas al Estado, cuando a los bonistas de todo el mundo se les reconoció sólo 35%. Por otra parte, el Estado -que incluye al Congreso y a la Justicia- es culpable de haber agravado la situación de los medios de prensa con toda clase de impuestos de que estaban exentos por servicio vital a la sociedad. Afectar las finanzas de los medios de prensa, haciéndolos endebles, es facilitar la mala intención que tenga quien quierausarlos. Este mismo Estado mantiene preso a un director de diario por tema impositivo, como el caso de Héctor Ricardo García, director de «Crónica» y de Crónica TV, mientras permite la libre circulación de Luis D'Elía, un simpatizante del gobierno que cometió el delito mucho mayor de tomar una comisaría. El juez Marcos Grabivker, que mantiene la prisión de Héctor García, es columnista de «Clarín» y lo favorece con sus fallos en Tribunales.

Por eso, si está comprometida en algo la libertad de prensa hoy en la Argentina, recién en tercer lugar vendrían culpas por parte del gobierno de Néstor Kirchner.

• Hay medios y periodistas que se autocensuran por temor al gobierno -generalmente, por su precaria subsistencia económica o continuidad profesional-, pero son más los venales que se tornan oficialistas por prebendas que no necesitarían.

• Periodistas y gobierno estamos hoy como Tom y Jerry: por ahora son acechanzas sin trituración. Sobre el futuro, sí es cierto que hay más preocupación. Si el gobierno y el Presidente se encolerizan bastante seguido con algunos medios y periodistas en época de bonanza en el campo económico, interno y externo, podría ser duro ejercer el periodismo si variara el panorama.

• Al gobierno se le puede discutir cómo distribuye la publicidad oficial, pero no que la haga. Más de 80% de las obras y planes que se incluyen en los avisos oficiales no sería publicado como noticias ni merecería comentarios en los medios.

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