Secuestros y la prensa

Cuando el sindicalista Diego Ibáñez estaba enterrando a su hijo, repentinamente giró la cabeza hacia el grupo de periodistas que registraba el hecho y les gritó: «La vida de Guillermo se la llevaron ustedes». Guillermo Ibáñez había sido asesinado de forma muy cruel, tras cuatro días de secuestro. Cuando fueron apresados, sus captores confesaron que resolvieron matar a la víctima al verse retratados por un par de testigos en un diario marplatense.

El caso de Ibáñez ocurrió en 1990. Pero cobra actualidad ahora en la medida en que pone de manifiesto un dilema delicado: ¿cuáles son los límites de la libertad de prensa y del derecho a la información cuando está en juego la vida humana? ¿Qué frontera debe respetar el periodismo cuando la noticia está referida a secuestros? ¿Hay medios de comunicación que están más expuestos que otros, por la propia naturaleza de su trabajo, a afectar la vida de la víctima o entorpecer el desarrollo de la investigación? Estos interrogantes aparecen una y otra vez en los días que corren, mientras las bandas de secuestradores agitan la ola de la inseguridad.

La idea de que debe establecerse algún modo de regulación al comportamiento de los medios, sobre todo de los audiovisuales, gana consenso. Ya sean límites autoacordados por quienes operan esos medios -sería lo ideal para la libertad de prensa-o pautas impartidas por el COMFER, que tiene autoridad para poner límites a lo que se emite por los canales y radios. Hay un criterio general, de carácter ético, que resulta indiscutible. La libertad de prensa no puede ser considerada un valor superior al de la vida del secuestrado. Por eso cabe discutir los límites a su ejercicio. Pero ¿hasta dónde? ¿De quién depende la responsabilidad?

Aquel caso Ibáñez parece un modelo. Allí hubo un oficial de la Policía que informó a los periodistas la dirección exacta donde había sido capturada la víctima. La prensa fue hacia allí y dialogó con dos vecinas que describieron con minuciosidad las características del auto en el que había sido levantado el joven y de las personas que habían cometido el delito. Al «verse» en las páginas de los diarios, los secuestradores decidieron terminar con su rehén.

Sin duda hubo en este caso, como en muchos otros que se registran últimamente, una irresponsabilidad del funcionario público. Ese tipo de desviaciones es la que intenta corregir el procurador general Esteban Righi con una resolución que se distribuyó por todas las fiscalías federales del país, en la que advierte que la información que se divulgue a los medios «no debe poner de ningún modo en peligro la vida de las personas involucradas en el caso o el éxito de la investigación en trámite».

En la provincia de Buenos Aires se realizaron varias reuniones, de las que participó el gobernador Felipe Solá, para convenir una estrategia de comunicación con la prensa en los casos de secuestros extorsivos. Solá puso un ejemplo para ilustrar cómo el periodismo puede, por irresponsabilidad, complicar la situación de la víctima: « En un momento del secuestro de Nicolás Garnil, le había llegado una carta a la madre del chico diciéndole que estaba bien, y uno de ustedes salió con un móvil diciendo que crecía la angustia porque no había señales de vida».

Es evidente, aunque resulte irritante decirlo desde un diario, que los medios electrónicos, en especial la TV, son los que ofrecen el mayor riesgo. A diferencia de la prensa escrita, están más sometidos a la improvisación, a la ansiedad por el último dato aunque no sea el que mejor se constató y, ya bordeando los vicios del género, al amarillismo y la competencia despiadada por el show, aunque sea macabro. No se corre el mismo riesgo con un micrófono en vivo, que envía al aire informaciones evaluadas por una sola persona (el que las dice), a menudo de manera apresurada para ganarle un instante a la competencia, que con la edición de un diario o una revista, donde cada dato puede ser chequeado y donde la información puede ser evaluada por varias personas antes de divulgarse. El ejercicio de la libertad de prensa, en su desborde, se vuelve más peligroso en un caso que en otro tratándose de secuestros.

Por eso no es arbitrario que el gobierno provincial haya intentado una forma de regulación pactada, sobre todo con la cámara que agrupa a radios y emisoras de TV más que con los dueños de diarios. Vale la pena dejar hablar al vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, quien tiene una triple autoridad sobre el problema. No sólo gobierna un país con larga experiencia en este tipo de delitos (los tiene en mayor cantidad en el mundo, unos 4.000 por año). También estuvo al frente del diario «El Tiempo» y él mismo fue secuestrado («Crónica de un secuestro», de Gabriel García Márquez, se refiere a su caso). De paso por la Argentina el mes pasado, Santos Calderón advirtió: « Los medios en la Argentina tienen que comenzar a colaborar mucho más en la lucha contra el secuestro y tienen que tener mucha mayor discreción; no se puede manejar un secuestro con una cámara de televisión en la casa todos los días. Eso es absurdo, le genera presión a la Policía y les entrega información a los secuestradores sobre lo que está pasando en el domicilio de la víctima». Es cierto que, sobre todo en países con una tradición autoritaria como el nuestro, cualquier intento de mesurar a la prensa suena a manipulación indebida. Hay una línea sutil que sólo la sabiduría del periodismo y de los gobiernos puede determinar con acierto. Porque también es cierto que en algunos funcionarios existe la pretensión de que los medios se autocensuren para que la «sensación» de inseguridad descienda. León Arslanian lo dijo a su círculo íntimo al llegar al Ministerio de Seguridad en su experiencia anterior, con Eduardo Duhalde: «El primer lugar donde hay que hacer bajar la estadística del delito es la tapa de los diarios». Esta aspiración supone que en la Argentina no se ha agudizado el problema de la inseguridad, que el país es tan seguro como otros «aceptables» pero que lo que aquí existe es una histeria especial frente a estadísticas de delincuencia que no están fuera del estándar normal. Tal vez fue este punto de vista el que le trasladaron a Néstor Kirchner cuando dijo, con total ingenuidad respecto del efecto que tendrían sus palabras, que la Argentina es «un país seguro».

• Sospecha

En otros términos, puede existir la sospecha de que detrás del interés por cuidar a las víctimas con regulaciones más o menos acordadas con la prensa, lo que realmente pretende el gobierno es cuidarse a sí mismo. En especial si se tiene en cuenta que la desinformación en materia de seguridad también es perniciosa. En principio, puede volver desaprensiva a la población reblandeciendo las precauciones que deben tomarse cuando existe una amenaza vigente. Si, en el extremo de la irrealidad, nadie se enterara nunca de la existencia de un secuestro, tampoco nadie tomaría recaudos y los captores verían más facilitado su trabajo. Del mismo modo que lo ven facilitado cuando los canales de TV publicitan, en tiempo real, el patrimonio de la familia de la víctima, transmitiendo desde la puerta de la casa y mostrando su nivel de vida, valor de inmuebles, autos en los que se mueve, etc. Fue por los medios que se podía saber que los Garnil tienen una pared levadiza en el fondo de la casa, que los padres de Cristian Ramaro estaban desconsolados, que en el caso Gaita se había pagado el rescate y el pibe no aparecía. Dar la cifra de los montos pedidos y el de los pagados a los secuestradores no aporta desde el periodismo -aquí en igualdad prensa gráfica y audiovisual, con mayor morbo en la primera- y tienta a delincuentes. Por eso atenta contra la seguridad. Inicialmente esto debe ser lo primero en acordar su supresión en medios. La frontera entre responsabilidad y libertad para el caso de la prensa siempre es inestable. En Irak, el primer ministro del gobierno provisorio, Ayad Alaui, decidió suspender por un mes la oficina que tiene en Bagdad la cadena de TV por satélite Al Jazeera. Explicó que lo hacía porque, al exhibir la imagen de los rehenes amenazados de ejecución, alentaba a los secuestradores a multiplicar sus delitos. «Sólo mostramos lo que sucede en el terreno», dijeron en la agencia, insinuando que el gobierno iraquí se aprovechaba del argumento de esas capturas para impedir que se exhiba la crisis que atraviesa el nuevo gobierno de Bagdad. Un ejemplo similar de ambigüedad es el de Rusia. Cuando se tomó la escuela de Beslan, los medios rusos estuvieron en silencio durante casi tres días. El control fue tan severo que las redes de TV occidentales emitían al aire imágenes tomadas por la estatal rusa Rossia, mientras ésta se privaba de divulgar su propio material. ¿Fue para favorecer el desbaratamiento de la toma que se impuso esa censura? ¿O se trató de un intento de manipular la interpretación acerca de lo que verdaderamente ocurría, cargándoles el caso a los chechenos, más allá de la verdadera identidad de los terroristas? Contó «Le Monde» que los dos mayores expertos en el conflicto checheno que quisieron viajar a la región de Osetia del Norte se vieron impedidos de hacerlo de manera extraña. A uno de ellos la conducta de un perro antidrogas le hizo perder el avión, aunque luego se demostrara que no llevaba ninguna sustancia prohibida. A la otra experta le sirvieron un té en el avión y, al bajar, debió internarse por envenenamiento. Claro, los 70 años de ejercicio soviético del control de la información y la prensa pueden conseguir que en Rusia estos episodios se vuelvan más tolerables o menos sospechosos.

Es tan grave un país contagiado con el delito del secuestro que se justifica cualquier acción que limite la prensa, aunque deba siempre ser lo más voluntariosa y democrática posible.