La oposición salió ayer a clausurar la posibilidad de que los delitos de menor cuantía en materia de drogas sean perseguidos por las justicias provinciales, aunque dejó abierta la chance de que haya una excepción con Buenos Aires, tal cual venían reclamando Felipe Solá y varios intendentes del conurbano (ver aparte).
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El panorama, tal cual adelantó ayer este diario, era más que adverso a generalizar el traspaso de causas por tenencia de estupefacientes a los jueces del interior. Esto obligó a buscar una variante que les permitiera a los bonaerenses contar con una herramienta para perseguir la ola de inseguridad con mayor eficacia.
Antes de conocer la alternativa del mandatario provincial, la reticencia se extendió a todo el radicalismo. Allí pidieron que el proyecto para desfederalizar estos crímenes sea discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Una forma sutil de que sea el gobierno nacional, vía la primera dama con fueros, el que se pronuncie sobre el polémico planteo de la provincia de Buenos Aires. «¿Por qué razón el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, no se expidió sobre el tema?», se preguntaban de manera retórica entre correligionarios.
La cuestión desató inquietud en varios distritos del interior, donde temen un colapso de los tribunales locales en el supuesto de que la tenencia de estupefacientes para consumo personal deje de ser competencia del fuero federal, o sea de los magistrados nacionales. El bloque UCR le pidió ayer al oficialismo que gire la iniciativa, cuya autoría corresponde a la ultraduhaldista Mabel Müller, a la dependencia de la representante de Santa Cruz y también a Presupuesto y Hacienda.
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