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Este es un curso probable, también una forma de que otras autoridades trasladen responsabilidades propias. Es lo que deberán hacer, ante otra anomalía que hoy mismo se registra en la fuerza limpiada de jefes. Ocurre que la solución de disolver la Policía Aeronáutica Nacional, colocándola en rigor bajo las órdenes de un civil dependiente del Ministerio del Interior quizás genere una situación ilegal sin precedentes. La política, en ocasiones, culmina en estas desventuras cuando sus dirigentes buscan desvíos apresurados.
Es que si bien la dotación de la que hasta hace poco fue la PAN se constituye con personal civil de inteligencia --conocidos con la sigla PCI en los servicios de ese rubro-, y en consecuencia no tienen estado militar ni están sometidos al código y la justicia militar, sí están mandados por oficiales y suboficiales en actividad de la Fuerza Aérea. Aquí, entonces, viene la paradoja cuando menos: estos uniformados, por la Ley de Defensa Nacional, tienen prohibido hacer inteligencia interior, ocuparse del narcotráfico y de funciones en la seguridad interna (salvo que se establezca una situación de emergencia por decreto de Estado de Sitio).
Mal ingreso para Schiaffino, aunque impensable para él, quien todavía analiza la propuesta de un colega de armas: hacer una presentación judicial advirtiendo que el personal militar bajo la tutela de Marcelo Saín está infringiendo la Ley de Defensa Nacional. Una forma, tal vez, de evitar posibles enjuiciamientos futuros. Mientras, el contrasentido político y la anormalidad jurídica se manifiestan en los aeropuertos, cuyo control es ejercido por oficiales y suboficiales de una ex Policía Aeronáutica venida de repente a la civilidad.
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