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Es que, lejos de considerarse excluyente la militancia partidaria, se la apreció como un necesario ingrediente del candidato a una poltrona en el Alto Tribunal. Francisco de las Carreras, primer presidente designado por Mitre, había sido ministro de Hacienda de Buenos Aires, diputado, senador y convencional en 1860.
El más esclarecido integrante de la Corte inaugural, José Benjamín Gorostiaga, fue ministro de Hacienda de Vicente López, y del Interior de Urquiza, constituyente en 1853 y en 1860 diputado nacional. En 1868 renunció para ser ministro de Sarmiento, quien lo volvió a designar en 1871. Ni entonces ni ahora se consideraron demérito tales antecedentes.
Pero el nombramiento de Juan Carlos Maqueda -brillante convencional en Córdoba y en la Asamblea de 1994 en Santa Fe, diputado en su provincia y en la Nación, senador y ministro de Educación- a falta de objeciones a sus méritos como constitucionalista o reparos a la integridad del ciudadano, suscita en las corporaciones una sola crítica: lo que se da en llamar su pasado como político activo, por ese solo hecho.
«Los jueces -escribió Tocqueville- no sólo deben ser buenos ciudadanos, hombres probos e instruidos, sino también hombres de Estado. Es preciso que sepan discernir el espíritu de su tiempo, afrontar los obstáculos que puedan vencerse y apartarse de la corriente, cuando el ímpetu de esta amenaza llevarse, junto con ellos, la soberanía de la Unión y la obediencia debida a sus leyes».
Esto es particularmente claro en la grave tarea del más alto Tribunal de la República y, a estar a las palabras de despedida del senador Maqueda en el Senado, internalizado por él mismo.
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