Gobierno sigue con celo a jueces

M. Laura Leguizamón

La Casa Rosada decidió usar todas las herramientas que tiene a mano para impedir que la investigación del caso Skanska termine salpicando a sus funcionarios. Busca, de este modo, evitar que la gestión de Néstor Kirchner quede envuelta en un escándalo de proporciones parecidas a las que sufrió Carlos Menem cuando se descubrió el affaire IBM-Banco Nación. Justo cuando se acercan las presidenciales de octubre. La estrategia está concentrada en el Consejo de la Magistratura, organismo que remueve y designa a los jueces. El gobierno tiene ubicado allí cinco votos leales para desplazar a cualquier magistrado que intente manchar o condicionar la administración kirchnerista. Demasiado para un cuerpo colegiado conformado por 13 miembros. Le apuntan al juez del caso y a la vapuleada Sala IV de la Cámara de Casación, donde aterrizó una parte de este complicado expediente.

Lo que se investiga en el caso Skanska es si una empresa sueca, ganadora de un concurso privado de precios para ampliar un gasoducto, coimeó presuntamente a funcionarios públicos. Se habla de sobreprecios por $ 17 millones. En principio, el objeto de la investigación estaba focalizado en la planta impulsora de Deán Funes, en Córdoba, realizada por Transportadora Gas del Norte (TGN), cuyo accionista mayoritario es Techint. Pero ahora se sospecha que también se habrían pagado «comisiones» por las obras del gasoducto Sur, cuya licenciataria es Transportadora Gas del Sur (TGS), controlado por Petrobras Energía SA.

Quien le está generando estos problemas a la Casa Rosada es el juez en lo Penal Tributario Javier López Bizcayart, un funcionario judicial de perfil bajo que pasó al estrellato cuando halló que una empresa denominada Infiniti Group se dedicaba a vender facturas falsas con desgravaciones impositivas.

Sospecha

La constructora sueca Skanska era una de sus clientes principales, pero existen otras 130 firmas de primer nivel que habrían apelado a ese mecanismo ilícito para, en un principio, evadir impuesto al fisco. Aunque el juez tiene la impresión de que pudieron haber pagado a funcionarios políticos.

López Bizcayart tuvo el atrevimiento el fin de semana de declarar inconstitucionales dos decretos firmados por el ministro del Interior, Aníbal Fernández (841/04 y 641/05), que impiden alojar detenidos en los calabozos de la Policía Federal. El juez tomó esa decisión porque su «testigo clave» Adrián Félix López denunció que lo amenazaron de muerte en la cárcel de Marcos Paz. Entonces, dispuso trasladarlo a una comisaría, pero los policías no lo quisieron recibir invocando una orden del ministro Fernández. El incidente terminó con el testigo López preso en la cárcel porteña de contraventores que nadie utiliza.

Adrián Félix López es el titular de Infiniti Group, la empresa fantasma cuyas facturas truchas le servían a Skanska para justificar lo que gastaba en presuntas «comisiones indebidas». En su declaración, y antes de ser procesado, insinuó que ese dinero estaba dirigido a funcionarios del gobierno. Se entiende entonces el celo puesto por Bizcayart en cuidar a su detenido. La osadía del juez enfadó al ministro Fernández, quien ya le avisó a Bizcayart (por carta) que lo denunciará en el Consejo de la Magistratura por haber avasallado las funciones que por ley se asignan al ministro del Interior.

Bizcayart lleva cuatro años en el cargo de juez y, con la denuncia de Fernández (si es que la materializa), batirá todos los récords. Cuatro pedidos de juicio político en el consejo de jueces en poco más de cuatro meses. A saber:

Lo denunció el abogado Alejandro Pérez Carrega, por presunta « omisión de denuncia». Según la acusación, el magistrado no dio parte a la autoridad de una supuesta visita que espías de la SIDE le hicieron en su despacho. Ese expediente lo tiene la cristinista y senadora María Laura Leguizamón.

Una segunda denuncia recayó en el despacho de otro hiperoficialista: Nicolás Fernández. La presentó un abogado que representa legalmente a una de las empresas investigadas por Bizcayart por supuesta evasión tributaria simple.

El último de los expedientes está en poder del radical Federico Storani. Se trata de una denuncia realizada por María Eugenia Valles, prosecretaria administrativa de ese juzgado.

El juez Bizcayart no es el único que está en problemas. A los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Amelia Berraz y Ana María Capolupo les toca resolver sobre un expediente que es un desprendimiento de la causa madre de Skanska. Se trata de un pedido de excarcelación y de la nulidad de la declaración indagatoria de ex presidente de Infiniti.

Salvo Amelia Berraz, que la semana pasada le presentó al Presidente su renuncia definitiva al cargo de juez de Casación, los otros dos -Hornos y Capolupo-afrontan un pedido de juicio político por demorar expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el Proceso. El Presidente ya los colocó en la escena pública.

Ayer, el diputado Esteban Bullrich (Pro-Recrear) analizaba con su equipo pedir el apartamiento de los camaristas del tribunal de Casación. No resulta lógico que jueces que están siendo investigados se involucren en un caso tan sensible para el gobierno. Cualquier decisión resultaría, al menos, sospechosa. Bullrich es uno de los denunciantes de la causa Skanska por supuesto cohecho.

Es una intención loable la del legislador, pero cualquiera sea el juez que deba examinar el caso de la constructora sueca está afectado por el reto presidencial.

En la Cámara de Casación ya entendieron el mensaje de disciplinamiento. Se asustaron más el jueves. Ese día en el Consejo de la Magistratura la izquierda criolla se sentó en la cabecera de la mesa grande de los consejeros para pedir el recambio de todos los camaristas de ese tribunal, el segundo en importancia después de la Corte Suprema de Justicia.

Según algunas advertencias, hoy puede ser día de anuncios. Es probable que los cuestionados jueces Horno y Capolupo desistan siquiera a abordar el expediente y terminen pidiendo que sea cualquiera de sus otros colegas los que definan la inquietante cuestión.

Gustavo Hornos, además del pedido de juicio político, tiene un hermano (Roberto) en la Cámara en lo Penal Económico que debe definir en estos días la permanencia de Bizcayart en la causa Skanska. Por la característica del delito, esa cámara diría que el presunto cohecho debe ser investigado por el juez federal Guillermo Montenegro. Para sumar un poco de generosa temperatura sobre el camarista Hornos, el jueves la diputada Conti incorporó a la investigación del Consejo una denuncia penal hecha hace dos décadas contra el magistrado por presuntas lesiones que promovió su ex esposa.

Para Capolupo la situación es dificultosa. Está en condiciones de jubilarse, pero no ha presentado su dimisión esperando, quizás, un gesto de la Casa Rosada. ¿ Alimenta la esperanza de un guiño la militancia de un hijo de la jueza en las filas K? Algunos asesores de imagen ya han comenzado a aconsejar a los camaristas que no abandonen la causa Skanska y se mantengan en sus cargos hasta que exista un pronunciamiento de la Magistratura.

Suponen (mal) que de esta manera pueden batallar y conservar sus funciones.