El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, será el primer funcionario de gobierno sometido a investigación por el frustrado intento de pago al Grupo Greco. El procurador está en la zaranda por un supuesto doble dictamen. En uno habría recomendado al Estado pagar casi 600 millones de pesos a los Greco, pero después lo habría cambiado por otro precisando la inconveniencia de pagar. Ese trueque será difícil de corroborar. En la Justicia ya han perdido la esperanza de encontrar rastros de su existencia y descreen que las fotocopias de ese primer dictamen estén en manos de la oposición.
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Sobre ese «expediente desaparecido» deberá declarar hoy el abogado denunciante Ricardo Monner Sans ante el juez Sergio Torres, quien investiga una denuncia penal presentada por el Ministerio de Economía.
Monner Sans es el primer testigo de la causa, aunque toda la atención está concentrada en lo que diga mañana Estela Palomeque, la secretaria legal de Economía. La contadora pertenece al círculo íntimo de Felisa Miceli y llegó al Ministerio para reemplazar a Eduardo Pérez, un hombre de Roberto Lavagna.
El papel de Guglielmino -un funcionario cercano al secretario legal y técnico de Presidencia, Carlos Zannini- en el caso es bastante confuso. El procurador es el abogado del Estado e intervino varias veces en el largo trámite que implicó llegar a un acuerdo con el grupo mendocino. Por ley, Guglielmino está obligado a accionar en todos los litigios que, según los montos, puedan perjudicar el estado patrimonial de la Nación. El caso Greco reúne esa característica: se trata de una indemnización de 600 millones de pesos o de 200 millones de dólares, si se prefiere el cálculo en moneda extranjera.
Según la investigación, dos días antes de que Miceli diera marcha atrás con el pago en bonos a los Greco, Guglielmino habría confeccionado un informe en el que avalaba el desembolso de ese monto. Al estallar el escándalo en el Congreso, por la intervención de los senadores radicales, el procurador habría modificado ese pronunciamiento por otro en el que desestima el pago y ajusta su resolución a Economía, que denunció el acuerdo como irregular.
El pago a los Greco debía pasar, además de por Guglielmino, por las oficinas de Presupuesto, Finanzas y de la Secretaría Legal y Administrativa de Economía. Lo extraño es que ninguna de ellas detectó la supuesta ilegalidad que denunció Miceli luego que se frenó en el Senado el desembolso en bonos. Curioso, porque el expediente Greco cruzó sin observaciones por la oficina de Palomeque. Seguramente la funcionaria podrá explicar el martes qué sucedió. La secretaria directamente envió el expediente Greco a la Oficina de Consolidación de Deuda para que se dispusiera el pago.
La investigación sobre el movimiento interno del expediente es clave para avanzar en el caso. También genera interés el sumario interno que ordenó Economía y que resultó vital para que el Estado revocara todos los actos administrativos que llevaron a aceptar la homologación del acuerdo judicial con el Grupo Greco.
El fiscal Miguel Osorio ya le pidió al juez Torres un peritaje contable sobre cómo se alcanzó ese acuerdo.
La semana pasada, Monner Sans denunció también que desde el Ministerio de Economía se habrían pagado 200 millones de pesos en bonos a herederos del Grupo Greco, antes de que desde esa misma cartera se gestionaran fondos para cancelar casi 600 millones a fines de 2006.
Según documentación que presentó el letrado, «en el sector de Deuda Pública (del Ministerio) habrían advertido que en el pasado se habrían hecho pagos con bonos al Grupo Greco del orden de los 200 millones de pesos».
El conglomerado Greco basó su reclamo en el reconocimiento que hace casi 20 años le hizo el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando, con el aval del Poder Legislativo, se habló del « desapoderamiento» que habían sufrido los Greco durante la dictadura militar. Ese acuerdo, diez años más tarde, también llevó al gobierno de Carlos Menem a buscar un arreglo, para lo cual se estableció la devolución de 11 empresas. Eso nunca se concretó; por eso ahora se incluyó en el Presupuesto del año 2007 un monto de 332.396.128 pesos, cifra aceptada por ambas partes para así ponerle fin al pleito.
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