La Corte declaró anoche la inconstitucionalidad de la ley aprobada en San Luis que ordenaba a los bancos instalados en su territorio devolver dinero retenido por el «corralito» y en la moneda de origen. Fue una inesperada ayuda al gobierno y puntualmente a Roberto Lavagna, por la amenaza que generaba la ley a las entidades financieras y su precedente. También una señal política importante de la Corte en momentos en que por los amparos contra el «corralito» se espera desde Economía otra resolución favorable que frene el «goteo» de fondos de los bancos. El argumento del máximo tribunal fue que una provincia no puede legislar sobre cuestiones federales reservadas para las instituciones de la Nación, con el riesgo de provocar una anarquía en el sistema institucional de la República. La decisión fue tomada por mayoría, apenas un día antes de que vaya al Palacio de Justicia el delegado de Eduardo Duhalde para cerrar el conflicto con la Corte: su ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez.
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Los máximos jueces llegaron a esta decisión después de una ardua discusión, que les llevó toda la jornada, en la que se analizó, por un lado, el grave problema de la «anarquía que se proyecta con esta decisión de San Luis por la que -de continuar en otros estados federalesla organización constitucional del país sería una confederación y no una federación, como determina la Constitución». El criterio opuesto hizo reservas sobre la repercusión en la sociedad, fundamentalmente en los ahorristas, y el avance sobre el derecho a la propiedad que tutela el artículo 17 de la Carta Magna.
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