La Magistratura investigará desde hoy amparos de jueces

Seguramente no es cierto, pero la versión judicial sobre las liberaciones (vía amparos) de fondos del "corralito", como se sabe, se han teñido de sospechosa venalidad. Al menos, en algunos casos. Quizá por los montos -en su mayoría altos, mientras se dormían los ahorros más pequeños- y, también, por la concentración de estos recuperos en determinadas provincias (Chaco, Córdoba, Capital, Santiago del Estero y Río Negro) o municipios. Y no en otros. Se habla inclusive de otra cuestión discutible: hubo amparos que se presentaron casi al mismo tiempo en Capital y en el interior, de modo que, si no prosperaban en cierto distrito, lo intentaban en otro. Y, para justificar la continuidad o el desistimiento, se apeló a excusas como el "domicilio en tránsito". Tal vez esto genere alguna controversia en los tribunales éticos que engloban a los abogados, ya que si bien no habría ilicitud, por lo menos se puede demandar una explicación. Si todo esto no alcanzara como elementos de suspicacia, hay una lista de casos y jueces que parecen más defensores de la propiedad privada que otros. Esto ha desatado una interna en el mundillo judicial, tanto en el fuero federal como en el provincial, ya que esa división de "criterios" ha generado peleas y distanciamientos entre los magistrados. Se alude a una combinación directa entre fuertes estudios de la Capital Federal con otros del interior, sin duda fruto de la importancia en los montos de los depósitos a reclamar y a la comisión por servicios que esto produce. Hasta se menciona el porcentaje a distribuir -en algunos casos- si el amparo lograba recuperar el dinero en dólares: 7% para el estudio porteño, 7% para el estudio provincial, mientras del restante 7% se desconoce o se imagina su destino. Pero lo concreto es que tres miembros del Consejo de la Magistratura -Diego May Zubiría, Eduardo Orio y Mario Gersenobitz- le han pedido al titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, que obtenga la lista de juzgados, estudios y montos de los amparos concedidos para realizar una investigación. Hoy, desde el mismo Consejo, se les reclamará una lista semejante a las entidades que nuclean a los bancos y que disponen de esa información. Dentro de este ambiente caldeado, muchos abogados envidian la capacidad de Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Raúl Alfonsín, cuyo estudio logró una de las mayores devoluciones del "corralito", superior a los u$s 6 millones. También le envidian que tramite en el Chaco alrededor de 50 pedidos de amparo.

La denuncia de Orio será presentada ante la Comisión de Acusación que preside el diputado

Dentro de los investigados, Orio reveló el nombre del juez federal de Chaco,

La disposición favorable hacia los amparos en lo Contencioso Administrativo Federal