El Ministerio de Economía pidió a la Justicia que indague los movimientos bancarios de dos ex funcionarios de Roberto Lavagna en la causa en la que se investiga el frustrado pago al grupo mendocino Greco. Según la denuncia de ese ministerio, los cuestionados ex funcionarios «intervinieron en las cuestiones administrativas y judiciales, desencadenadas con el convenio aprobado entre el Estado Nacional y el grupo mendocino durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El pedido de investigación apunta al entonces secretario legal Eduardo Pérez y el ex subsecretario legal Osvaldo Siseles. La pesquisa comprende los bienes inmuebles y muebles que podrían haber adquirido ambos durante el período que se habrían desarrollados los hechos denunciados.
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El ministerio de Miceli reclamó también que se incorpore a la investigación del juez Sergio Torres, la pesquisa de la Oficina Anticorrupción sobre la situación patrimonial de Pedro Pou vinculadas con los reclamos del Grupo Greco.
Además de Pérez y Siseles, Economía amplió el requerimiento sobre quienes presuntamente tenían a su cargo la representación del Estado frente a las demandas de los Greco y que ya fueran apartados de sus funciones, los directores Yolanda Eggink y Daniel García y la abogada Beatriz Pernas.
«La lógica del negocio fue, sin duda, la apropiación del dinero del Estado», sintetiza la presentación en que se solicita al juez que a tres meses de trámite cite a prestar indagatoria a distintos auxiliares del ex ministro de Economía. La denuncia original había sido presentada en enero por instrucción de la ministra de Economía, Felisa Miceli, «por la presunta administración infiel de intereses públicos y las violaciones de deberes detectadas por parte de los funcionarios de la gestión del ex ministro Lavagna».
La presentación consta de 84 hojas y repasa los convenios de Alfonsín con el Grupo Greco en 1987 y 1989 y el decreto de necesidad y urgencia dictado por el ex presidente Carlos Menem en 1998 a propósito del caso. Considera que de parte de los primeros abogados estatales, hasta que fueron reemplazados por los designados por el secretario Pérez en junio de 2003, «no existe en estas actuaciones, un solo documento, una sola prueba, un solo inventario con su correspondiente valuación, que demuestre la razón del valor de los activos que reclaman los Greco».
«No solamente el Estado Nacional no le adeuda un solo centavo, sino que por el contrario, es el Grupo Greco el que está en deuda con el Estado», sostiene Economía.
Según la presentación de Miceli, «no surge de una sola línea, ni de algún párrafo, ni de ninguno de los 59 artículos que integran el convenio cuya ejecución se persigue, ni de ningún convenio o acta acuerdo posterior celebrado entre las mismas partes, que los integrantes del denominando Grupo Greco, para cumplir con sus obligaciones, debían esperar a que el Estado Nacional cumpliera previamente con las suyas», y que «quienes pretenden una indemnización por no haber recibido determinadas empresas en tiempo y forma, son los que con su inacción imposibilitaron la contingencia de receptar dichos activos».
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