No convenció el nuevo decreto que frena amparos pero avalaría la Corte

Nunca pareció más propicio, a la misión del Fondo Monetario y a los 4 notables que ayer dejaron el país, el decreto que suspendió por 120 días hábiles la aplicación de los amparos. Aunque muchos se preguntan si la autoridad presidencial será eficaz con la medida. Los jueces contencioso-administrativos deberán pronunciarse, tal vez las cámaras respectivas y finalmente la Corte Suprema. Por ahora, el decreto es apenas una complicación o demora en el proceso de los amparos (ya que cada demandante deberá presentar un oficio reclamando al magistrado si la medida es o no constitucional). Tal vez, aparezca algún juez que se pronuncie a favor de la constitucionalidad de la decisión, pero se estima que no será la mayoría: ésta mantendrá la línea ya conocida de declarar inconstitucional la suspensión. Llevará su tiempo, pero no demasiado, y es posible que las cámaras sigan el mismo camino. Por lo tanto, como siempre, deberá dirimir la Corte. El gobierno supone que los 9 miembros (al menos 5 como mayoría) se pronunciarán a su favor por la suspensión. Calculan que sería un gesto de buena voluntad, esperable para calmar la crisis bancaria (debe haber habido más de un lobbysta en ese sentido), que no le quita derechos a los demandantes y, por sobre todo, mantiene el control sine die de la Corte sobre una cuestión tan cara a la ciudadanía. Si uno escucha al oficialismo, hasta dicen que es un regalo para los 9 miembros. Parece más real, en cambio, la certeza de una negociación, que un obsequio indeseable. Fue entablada con algunos miembros de la Corte y con Eduardo Camaño (titular de la Cámara de Diputados) y el ministro Juan José Alvarez como interlocutores del lado oficial (también participó José Pampuro, pero como es médico creen que lo hizo para tomar la presión en casos de nerviosismo). Economía sólo participó para hacer el decreto, el cual técnicamente ofrece varios flancos débiles. Entre esos protagonistas, en principio, se habría celebrado un entendimiento para salir en forma momentánea del grave problema de los amparos que perforaban bancos y también reservas. Al menos, hasta encontrar en 120 días una alternativa. Pero esas conversaciones secretas tal vez apunten a otro tipo de operaciones: el fin del juicio político a la Corte, el tratamiento posterior de los militares detenidos que hasta podría culminar en extradiciones y hasta el posible relevo de alguno de los miembros del cuerpo. Pero ese proceso todavía no alcanzó madurez, por ahora empieza a germinar con el decreto de suspensión y el casi automático aval de la mayoría hacia mediados del mes próximo. Debieron pasar 7 meses de agravios e insultos para iniciar una relación que, mientras estuvo rota, sólo produjo daños.

Ayer, a primera hora,

La medida se adoptó como respuesta a una consulta de la misma funcionaria que -en estos días-se reporta al vicepresidente del Tribunal,