Brasilia (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El Congreso brasileño decidió ayer crear una comisión especial para investigar denuncias de corrupción en la compra de ambulancias para el Estado, en las que pueden estar involucrados hasta 170 parlamentarios de todos los partidos.
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El acuerdo para investigar este nuevo escándalo fue alcanzado por el presidente del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara baja, Aldo Rebelo, quienes contaron con el respaldo de todas las formaciones políticas, menos el Partido Progresista (PP).
La instalación definitiva de la comisión, sin embargo, dependerá de una decisión que será tomada la semana próxima en una sesión conjunta de ambas cámaras, explicaron fuentes parlamentarias, para quienes la « creación (de la comisión) es un hecho». Según el diputado Raul Jungmann, del Partido Popular Socialista, «la dignidad ha derrotado a la corrupción».
Hace menos de un mes, un intento por crear la comisión naufragó ante el rechazo de la mayoría de los partidos, que ahora cambiaron de posición, en parte forzados por una fuerte corriente de opinión nacida en la prensa, que criticó con rigor la indiferencia ante las denuncias. Una vez instalada, la comisión tendrá un mes de plazo para sus investigaciones, que eventualmente podrá ampliarse a seis meses.
Por el caso ya han sido detenidas 44 personas, entre las que están los ex diputados Carlos Rodrigues, quien renunció a su escaño el año pasado en medio de denuncias de sobornos parlamentarios, y Ronivon Santiago, destituido por una presunta compra de votos en las elecciones de 2002. Según la Policía, se trata de fraudes por 130 millones de reales (unos 55 millones de dólares) con la compra de 1.000 ambulancias.
Sobreprecios
La red de corrupción estaba vinculada a pequeñas alcaldías, que obtenían créditos para la compra de los móviles por medio del Congreso, donde se aprobaban los desembolsos. El dinero era manejado luego por una empresa que adquiría las ambulancias, pero con sobreprecios que llegaban a superar en 110% el valor real.
La Policía presentó inicialmente una lista de 62 diputados citados por los miembros de la red de corrupción en conversaciones telefónicas, pero sólo 16, cuyos nombres no fueron revelados, han sido acusados de recibir sobornos para aprobar los créditos. La primera lista fue ampliada luego a 170 parlamentarios, que suponen un tercio de los 513 miembros de la Cámara baja.
La ampliación siguió a denuncias formuladas por una funcionaria del Ministerio de Salud que integraba la red y aceptó colaborar a cambio de una posible reducción de su condena.
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