Corte Suprema asestó duro revés a Bush por Guantánamo
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El oficial
Charles Swift,
abogado del
yemenita que
impugnó los
tribunales
especiales de
Guantánamo,
hace declaraciones
ayer
ante el edificio
de la Corte
Suprema
(arriba). El fallo
de ayer disgustó
a George
Bush (derecha).
El presidente señaló que cree que «hay una forma de proceder con los tribunales militares y trabajar con el Congreso de Estados Unidos».
Bush explicó que iniciará consultas con miembros del Congreso para que la Legislatura autorice las cortes especiales.
En sintonía con la Casa Blanca, el senador John Warner, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, señaló que «ésa será una de nuestras más altas prioridades. Estoy seguro de que vamos a encontrar los medios para que sean sometidos a la Justicia en conformidad con nuestro derecho y el derecho internacional».
La propia Corte Suprema dejó abierta esa posibilidad al indicar en su fallo que el presidente podrá solicitar a la Legislatura la potestad para crear esos tribunales. Con todo, el revés político es nítido, ya que la aplicación de esas cortes dependerá ahora de una lucha política bipartidaria en el Congreso, sujeta a presiones de la sociedad civil y hasta de la comunidad internacional.
El máximo tribunal emitió su decisión en el último día de sus sesiones y después de que haya aumentado la presión interna e internacional sobre el gobierno para que cierre Guantánamo, donde recientemente se suicidaron tres detenidos.
El dictamen fue recibido como una gran victoria por las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que se han opuesto al encarcelamiento indefinido de sospechosos de terrorismo en Guantánamo desde que se abrió la cárcel a principios de 2002.
«La Corte Suprema ha rechazado enérgicamente el intento del presidente Bush de eludir los tribunales estadounidenses», dijo Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a algunos de los 450 detenidos en Guantánamo.
Ratner pidió a Bush que «juzgue a nuestros clientes en tribunales estadounidenses legales o los ponga en libertad».
El caso llegó a la Corte mediante un recurso presentado por Salim Ahmed Hamdan, un yemení de 36 años acusado de conspiración y que presuntamente fue el chofer del líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden.
Hamdan es uno de los diez prisioneros contra los que el gobierno ha presentado cargos ante las cortes militares especiales, que limitan severamente los derechos de defensa y apelación de los detenidos y que funcionan al margen de la Justicia civil y la castrense (ver aparte).
En los últimos meses Bush ha expresado su deseo de cerrar Guantánamo, pero ha indicado que la decisión sobre el futuro de la prisión dependía del dictamen de la Corte.
No obstante, la Casa Blanca dejó claro que este revés legal no significará la clausura de esa cárcel.
Bush señaló que «el pueblo estadounidense tiene que saber que la decisión, como yo la entiendo, no resultará en la puesta en la calle de asesinos».
«Esto no significará el cierre de Guantánamo», enfatizó posteriormente el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, que aclaró que Bush ha afirmado que quiere acabar con la cárcel, «pero no ha dicho que quiera cerrarla rápidamente».




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