30 de junio 2006 - 00:00

Poco lugar al derecho de defensa

Washington (AFP, EFE) - Las controvertidas cortes militares de excepción, inspiradas en las comisiones militares instauradas después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a criminales de guerra, fueron establecidas en noviembre de 2001 por el presidente George W. Bush para juzgar a « combatientes enemigos».

Después de detener a cientos de presuntos miembros de Al-Qaeda, principalmente en Afganistán, el gobierno norteamericano no quiso remitirlos a tribunales civiles, teniendo en cuenta el carácter de las pruebas recogidas contra ellos, muchas veces clasificado como confidencial.

Washington se negó también a presentarlos ante cortes marciales, como prisioneros de guerra, debido a que los presos no habían combatido en nombre de un Estado que hubiera declarado la guerra a Estados Unidos.

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  • En noviembre de 2001, el mandatario, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas e invocando la ley aprobada una semana después del 11 de setiembre, que lo autoriza a usar las fuerzas militares contra los implicados en atentados, instauró un nuevo procedimiento.

    Los tribunales militares de excepción se componen de tres a siete militares, y pueden juzgar una serie de delitos: homicidio, ataques contra civiles, saqueos, toma de rehenes, tortura, terrorismo, espionaje.

    Quienes se oponen a este procedimiento alegan que éste jamás fue validado por el Poder Legislativo y que no preserva los derechos de la defensa.

    Los críticos de esas cortes señalan varias limitaciones. Sobre todo denuncian que el Pentágono designa a los militares que actúan como jueces y a los abogados defensores, y que sólo se permite apelar la sentencia -que puede llegar a la pena de muerte- a un tribunal de EE.UU., sin posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema.

    El Pentágono puede oír las conversaciones entre un acusado y su abogado militar, e incluir en el legajo informaciones confidenciales a las cuales sólo el abogado debería poder tener acceso. El acusado puede también ser excluido de su propio proceso cuando se examinan esas informaciones.

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