Intentan tratar la propiedad privada como una concesión

Alberto Fernández

La Argentina cuenta con dos ejes de riqueza. El más importante, el minero, recurso escasamente explotado en virtud de que la Constitución dispone la propiedad estatal del subsuelo, y no del propietario de su superficie. El otro es el agropecuario, en el cual el titular de la superficie es el dueño de la renta.

Es la diferencia entre una concesión -la minería- y una propiedad plena. La razón de la escasa inversión minera reside en que cualquier inversor debe calificar al que la concede, además del concesionario, para saber qué hará en el caso de que un «acto del príncipe» cancele la concesión. Como ninguna subdivisión del Estado califica para semejante inversión, existe un enigma geológico por el cual de un lado de la Cordillera (Chile) hay una gran cantidad de minerales de gran valor, pero del lado argentino «no habría nada».

En tanto, el eje agropecuario se desarrolló simplemente porque la renta es del propietario, que puede contratar como sujeto privado y de derecho comercial, y no como sujeto estatal y de derecho público; pero el gobierno pretende ahora tratar la propiedad privada como una concesión. Como decía Zbigniew Brzezinski, la Justicia soviética funcionaba, y hasta parecía normal, en tanto no estuviera en juego algún derecho del Estado soviético.

Regla

Mientras el sector minero se encuentra en manos de pocas compañías, el agropecuario se encuentra dividido en miles de propietarios o arrendatarios, que han sembrado siguiendo una regla que descubriera Adam Smith hace años: el precio de mercado. En la búsqueda de la ganancia personal, cada granjero siembra hasta que su costo marginal iguala el precio de mercado. La magia de la «mano invisible». Lo que los «pools de siembra» a quienes hoy acusan han hecho es buscar las fuentes de ineficiencia y disminuir la entropía del sistema mediante la incorporación de tecnología y de una adecuada planificación financiera, inaccesible a las pequeñas explotaciones. Finalmente, para minimizar sus riesgos, deben mantener la producción en la misma unidad de cuenta que adeudan y por ello, al pedir prestado, deben vender a término la cosecha esperada.

El agravamiento del conflicto entre el gobierno y el campo se habría iniciado a partir de lo prometido por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la última reunión, de «analizar las condiciones de funcionamiento de los mercados a término», mientras Guillermo Moreno sostenía en una conferencia que las retenciones móviles se instrumentan para separar los precios exteriores de los del mercado interno. Las expectativas inflacionarias son alentadas, según Moreno, por el aumento en el mercado mundial de los precios de ciertos productos que la Argentina exporta, declarando de manera solemne que «en los artículos que nosotros producimos en el país podemos aislar el precio interno del externo con instrumentos de política económica, pero en otros casos no, como en el cobre, porque somos tomadores de precio, no formadores». La escasa formación del funcionario facilita perdonarle su error, aunque las consecuencias podrán sentirse muy pronto.

Riesgo

Ni la Argentina ni los compradores de soja son formadores de precios, que han sido formados, antes, por los mercados de futuros. El tomador del precio es el que compró soja a término cuando estaba a menor valor y asumió el riesgo de perder un margen en dinero si el precio caía. Esta es la base del financiamiento con que cuenta el granjero: «alguien» le prestó la semilla y los agroquímicos, y el granjero se comprometió a entregar una cantidad de producto después de la cosecha para cancelar su deuda. Pero ese tercer individuo debió acudir a los mercados de capital para financiar su operación, y vender su activo (la cosecha a recibir) en el mercado a término para evitar pérdidas si la soja caía de precio. Esta es la base de financiamiento de todo el sistema agropecuario. En algunos países relegados del Africa la soja también crecería, si existiera el financiamiento para ello a partir de los instrumentos de los mercados a término. Si la señal de los precios desapareciera,¿cómo podría financiarsela próxima cosecha? Lo que el pobre Moreno no sabe es que los precios llevan a cabo tres funciones en la organización de la actividad económica: primero, transmiten información; segundo, proporcionan un incentivo para adoptar los métodos de producción menos costosos, utilizando los recursos disponibles en los propósitos más valorados y, tercero, determinan quién recibe qué proporción del producto, que es la distribución del ingreso.

Estas tres funciones están interrelacionadas. No es posible usar los precios para transmitir información y proveer un incentivo para actuar sobre dicha información sin usarlos también para afectar la distribución del ingreso. Si lo que una persona recibe no depende del precio que obtiene por los servicios de sus recursos, ¿qué incentivo tiene para buscar la información contenida en los precios o para actuar de acuerdo con esa información? Si su ingreso será el mismo trabaje o no, ¿por qué va a trabajar? ¿Por qué hará el esfuerzo de buscar al comprador que valora más alto lo que él tiene que ofrecer, si no obtendrá ningún beneficio del esfuerzo? Si no hay recompensa por acumular capital, ¿por qué debería alguien posponer lo que puede disfrutar ahora? ¿Por qué ahorrar? Los soviéticos aprendieron, por el camino espinoso, que las correctas respuestas a estas preguntas no pueden ignorarse sin pagar un enorme costo. Sin la austeridad voluntaria de las personas, ¿cómo podría haber surgido el capital físico que existe actualmente? Como señala Milton Friedman, si se quiere evitar que los precios afecten la distribución del ingreso, tampoco podrán ser utilizados para otros propósitos. La única alternativa es el uso de órdenes. Alguna autoridad tendrá que decidir quién debe producir qué bien y cuánto de éste. Algún funcionario deberá decidir qué emprendimientos deben ganar cuánto, quién debe barrer las calles y quién administrar las fábricas. Tal vez descubra que Moreno equivocó su profesión.