Medidas para "liberar los dólares del colchón": pese al anuncio persisten las incertidumbres

Las disposiciones anunciadas distan de configurar un blanqueo de capitales en el sentido estricto, dejando interrogantes sobre su capacidad para atraer los fondos no declarados.

Depositphotos

En una conferencia de prensa cargada de expectativas, el Gobierno, encabezado por el vocero presidencial Manuel Adorni y acompañado por funcionarios clave del equipo económico, presentó este jueves un paquete de medidas destinadas a incentivar el ingreso de capitales no declarados a la economía formal, en lo que se había promocionado como un plan para “liberar los dólares del colchón”.

Sin embargo, las disposiciones anunciadas, centradas en la simplificación de regímenes de información fiscal, distan de configurar un blanqueo de capitales en el sentido estricto, dejando interrogantes sobre su capacidad para atraer los fondos no declarados y garantizar seguridad jurídica a los contribuyentes. Estas medidas representan un paso hacia la desburocratización, pero su impacto real dependerá de los detalles legislativos que aún están por definirse.

Contexto y expectativas previas

En las semanas previas, el ministro de Economía había anticipado un conjunto de iniciativas para canalizar los ahorros no declarados —estimados en miles de millones de dólares— hacia la economía real. La expectativa era alta, especialmente tras el éxito relativo de un blanqueo implementado hace seis meses, que permitió la regularización de fondos sin costo fiscal y con disponibilidad inmediata. Sin embargo, el anuncio, originalmente programado para la semana pasada, fue postergado con el argumento de evitar que se percibiera como una maniobra electoral. Esta demora alimentó la especulación entre analistas e inversores, quienes aguardaban un marco robusto que incentivara la formalización de capitales sin riesgos legales.

El núcleo de las medidas presentadas hoy se centra en la eliminación o modificación de los regímenes de información que obligan a agentes económicos a reportar operaciones a la ARCA (exAFIP).

Las medidas anunciadas: simplificación, pero sin blanqueo

El núcleo de las medidas presentadas hoy se centra en la eliminación o modificación de los regímenes de información que obligan a bancos, escribanos, inmobiliarias y otros agentes económicos a reportar operaciones a la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA, ex AFIP). Entre las disposiciones destacadas, se eliminan los requisitos de informar transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias superiores a ciertos montos, y operaciones relacionadas con la compraventa de inmuebles y vehículos usados. Además, se elevaron significativamente los umbrales a partir de los cuales las entidades deben notificar movimientos financieros, con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes.

Juan Pazo, titular de ARCA, explicó durante la conferencia que estas reformas buscan “simplificar la vida del ciudadano y reducir los costos asociados a la burocracia”. En efecto, estas medidas responden a una demanda de larga data del sector privado, que ha señalado que los regímenes de información, lejos de combatir la evasión, encarecen y complican las operaciones legítimas. Por ejemplo, la obligatoriedad de reportar transferencias bancarias o compras de bienes registrables generaba fricciones operativas, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Esta simplificación es un paso en la dirección correcta.

La gran ausencia: un marco jurídico

A pesar de los avances en simplificación, las medidas anunciadas no constituyen un blanqueo de capitales, lo que ha generado desconcierto. El esperado plan para “liberar los dólares del colchón” carece, por ahora, de un componente esencial: un marco normativo que garantice a los contribuyentes que los fondos no declarados que incorporen a la economía formal no serán objeto de fiscalizaciones o sanciones futuras. Adorni intentó disipar estas preocupaciones al declarar que “a partir de ahora, todos serán inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”. Sin embargo, esta afirmación, aunque políticamente resonante, no tiene sustento legal vinculante y deja a los contribuyentes en una posición de vulnerabilidad.

Para ilustrar el riesgo, consideremos un caso hipotético. Un contribuyente decide utilizar u$s150.000 no declarados, guardados fuera del sistema formal, para adquirir una propiedad. Bajo las nuevas reglas, el escribano no estará obligado a reportar la operación a ARCA, lo que reduce la visibilidad inmediata de la transacción. Sin embargo, al presentar su declaración de bienes personales a fin de año, el incremento en su patrimonio podría disparar una alerta en el organismo recaudador. ARCA podría exigir la justificación del origen de los fondos, y, en ausencia de ingresos declarados que respalden la operación, el contribuyente enfrentaría la posibilidad de sanciones, multas o incluso acciones penales. Sin una normativa que ampare explícitamente estas operaciones, los ahorristas quedan expuestos a la discrecionalidad del fisco.

Los proyectos de ley: una promesa en el horizonte

El Gobierno anunció que enviará al Congreso dos proyectos de ley para complementar las medidas presentadas. Aunque los detalles no fueron revelados, se espera que estas iniciativas aborden la necesidad de un marco legal que brinde garantías a quienes decidan volcar fondos no declarados a la economía formal. El éxito de estas medidas dependerá de la claridad y robustez de las normas propuestas. Sin un blanqueo explícito, con amnistía fiscal y reglas claras, es difícil que los tenedores de capitales no declarados asuman el riesgo de formalizarlos.

El precedente del blanqueo de hace seis meses añade un matiz adicional a la discusión. Aquella iniciativa, que permitió regularizar fondos sin costo fiscal y con acceso inmediato, logró incorporar una cantidad significativa de capitales al sistema formal. Sin embargo, una porción considerable de esos fondos no se tradujo en inversiones productivas o consumo, sino que permaneció en cuentas bancarias o fue destinada a activos financieros. Esto plantea una pregunta clave: si un blanqueo con condiciones favorables no logró dinamizar plenamente la economía real, ¿qué incentivos adicionales ofrecerán las nuevas medidas para convencer a los ahorristas de asumir riesgos adicionales?

Perspectivas a futuro

El Gobierno enfrenta ahora el desafío de traducir las intenciones anunciadas en políticas efectivas. Los proyectos de ley que se presentarán al Congreso serán cruciales para determinar si el plan logra su objetivo de canalizar capitales no declarados hacia la economía productiva. Los inversores estarán atentos a los detalles de estas iniciativas, particularmente en lo que respecta a las garantías contra fiscalizaciones retroactivas y las condiciones para la regularización de fondos.

En el corto plazo, las medidas anunciadas no parece que puedan generar un impulso en la actividad económica. Sin un blanqueo explícito y un marco normativo sólido, es improbable que los ahorros no declarados —estimados en decenas de miles de millones de dólares— fluyan masivamente hacia la economía formal.

Por el momento el dinero no declarado podrá ser más difícil de detectar pero no elimina el riesgo ni las consecuencias para los contribuyentes.

Economista