AFI espió a cincuenta abogados que hablaban con detenidos en Ezeiza

Política

Se desgrabaron 109 conversaciones desde central de espías a exfuncionarios K y a empresarios. Específicamente consignaban que se hablaba con un defensor, le agregaban nombre o inferían que charlaban sobre causas, algo prohibido por confidencialidad. Accedieron a estrategias de defensa en tiempo real.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a comienzos de 2019 un centenar de comunicaciones de abogados que mantenían contacto con sus defendidos, la mayoría, exfuncionarios kirchneristas y empresarios, detenidos en el módulo IRIC, del penal de Ezeiza. La sospecha estuvo presente desde que se conoció el capítulo del espionaje penitenciario en la causa que se originó en Lomas de Zamora, con los “Super Mario Bros”. Pero ahora se conoce que desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la central de espías que comandaba Juan Sebastián De Stefano -además de recopilar cientos de horas de conversaciones grabadas en cada llamado desde los teléfonos de los módulos donde estaban alojados en prisión preventiva- se desgrabaron las conversaciones que mantenían los presos con sus defensores.

La confirmación provino el 5 de octubre pasado desde de otro expediente: el denominado “Operativo Puf”, donde, a través de la denuncia de una supuesta confabulación para sabotear la causa “cuadernos”, en realidad se buscaba contrarrestar el impacto del caso D´Alessio que había estallado en Dolores respecto del fiscal Carlos Stornelli. Sin embargo, en las múltiples escuchas que fueron filtradas y cuyas transcripciones circularon (aun sin soporte de audio), y que motivaron aquella denuncia, no aparecía que también hubiese registros de conversaciones que los detenidos mantenían con sus abogados, algo que es celosamente resguardado por el privilegio abogado-cliente, en cualquier Estado de Derecho.

De la confirmación judicial a la que accedió Ámbito no solo se desprende que aquellas escuchas existieron, que la mayor parte fue transcripta de manera íntegra, sino que la AFI solo no desconocía que se trataba de abogados, sino que en las desgrabaciones buscó identificarlos con nombre, apellido o referencias concretas de su rol con el detenido sobre el que informaban. Existen 109 conversaciones registradas sobre casi medio centenar de imputados, que en algunos casos alcanzaban a más de un abogado o integrantes de los estudios. Eso explica que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sea querellante y presentaciones efectuadas por la Defensoría General ya que el espionaje alcanzó a defensores oficiales.

Confidencial

A la violación a la Ley de Inteligencia, se le suma que el nexo entre un imputado y su defensa se hallan amparados en la máxima instancia de confidencialidad y resguardado por todas las garantías reconocidas en los estándares internacionales en cualquier proceso judicial. Así lo sentenció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1991 sobre “…el derecho, para el acusado, de comunicar con su abogado sin ser oído por terceras personas figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democrática y deriva del artículo 6.3 c) del Convenio. Si un abogado no pudiese entrevistarse con su cliente sin tal vigilancia y recibir de él instrucciones confidenciales, su asistencia perdería mucha de su utilidad”. El hecho de que haya habido espionaje sobre las estrategias de cada defensa en tiempo real al desarrollo de investigaciones penales expone a los expedientes a un sinnúmero de nulidades y legalmente pone en riesgo la validez de los procesos.

El 23 de septiembre, en la causa ahora a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi “se procedió a efectuar un análisis de las transcripciones de las intervenciones telefónicas obrantes en autos -vinculadas con la causa 1374/2019- a fin de identificar aquellas en las que podrían haber participado letrados”, indicó la certificación incluida ahora en la causa de espionaje. Se encontraron cuatro cajas con grabaciones. Entre ellas había entre 20 y 40 registros de charlas entre imputados y abogados.

“Se observa la captación de conversaciones de quienes serían Enrique Blaksley, Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano, Natividad Terán, Marcelo Calderón, Eduardo Bernardi, Alionzo Rutillo Ramos Mariños, Fabián De Sousa, Osvaldo Giacumbo, Roque Cirigliano, Cristobal López, Darío Maximiliano Cuello y Ricardo Jaime”, se indicó, además de incluir registros del empresario Gerardo Ferreyra. “En algunos casos, expresamente se deja constancia de que en la conversación participaría un abogado como interlocutor. En otros, tal situación es inferida por el tenor del diálogo”, sostuvo el análisis de lo realizado por la AFI.

Nombres

En algunos casos se indica su nombre de pila, como el caso de “Ari” Llernovoy o “Alberto” Beraldi por De Sousa y en otros se lo remarca, como cuando Blaskley habla con “el señor de la Defensoría”, lo que probablemente refiera a su defensor oficial. Los espías anotaron también en cada caso que el detenido hablaba con alguien y se refería a “doctor” con su interlocutor. El peor de los registros fue en conversaciones transcriptas que no contenían ninguno de los parámetros anteriores pero fueron incluidas porque hablaban de las causas judiciales. Esto último permite denotar que el real objetivo del espionaje era hacerse de datos sobre sus estrategias de manera anticipada. No existió (ni podría haberla) orden judicial que sustente la transcripción de este tipo de intercambios. ¿Cómo se discriminan las escuchas con orden judicial que contienen conversaciones que son reservadas por algún motivo? Se consigna “sin interés para la causa” y se procede a destruirlas.

En la caja 2, había 44 comunicaciones sobre diversos detenidos alojados en el SPF. “De su estudio se observa la captación de conversaciones de quienes serían Javier Ronco, Mario Segovia, Jorge Ramírez Cuartas, Cristina Pujol, Ye Yong, Juan Manuel Campillo, Aníbal Abelardo Asper, Juan Manuel Faraone, Germán Marín López, Ignacio Actis Caporale, Maxi Rodríguez Córdoba, Ramón Sena, Marío Marjulis Herrera, Gastón Campillo, Andrés Alejandro Maidana. Al igual que en el caso anterior, en ocasiones, expresamente se deja constancia de la participación de un abogado”, indica el informe.

En la caja 3, hallaron “transcripción de conversaciones de quienes serían Roberto Baratta, Lázaro Báez, Atanacio Pérez Ozuna, Juan Javier Granelli, Cristian Medina, Rafael Llorens, Nelsón Lazarte, Ever Ariel Russo, Gilberto Acevedo Villanueva, Daniel Pérez Gadín, Cristóbal López, Eduardo Bernardi, Gerardo Ferreyra”. “Elizabeth” Gassaro por Báez, “Alfredo” por Baratta, “Álvaro” por Llorens, “Maxi” o “Gabriel” por Schiavi, entre otros.

La cuarta caja contenía transcripciones realizadas sobre Alejandro Maidana, Ye Yong, Jorge Ramírez Cuartas, Cristian Pujol, Mario Segovia, Javier Ronco, Anibal Abelardo Asper, Ignacio Actis Caporales, Juan Manuel Faraone, Max Rodríguez Córdoba, Germán Martín López”. Algunos nombres se reiteran porque más de una unidad estuvo a cargo de desgrabar las charlas. La justicia tiene el detalle de cada una de las comunicaciones interceptadas.

Todavía no es posible identificar la cantidad de letrados que fueron impactados por el espionaje masivo realizado a abogados, que comenzó los primeros días de 2019 y se extiende hasta fines de febrero de ese año. Sin embargo, este volumen podría haber sido mucho mayor porque el corte no está dado por el fin de la actividad, sino por haberse aplicado al momento de que estallara el caso “D´Alessio”. También es la primera vez que la prueba está sustentada en la propia actividad documentada de la agencia que comandaba Gustavo Arribas durante la gestión de Mauricio Macri.

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