Una hora le llevó ayer a Raúl Alfonsín explicarle al juez Claudio Bonadío que en 1987 actuó «condicionado» por las circunstancias que vivía el país, cuando pidió al Congreso aprobar las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Alfonsín dijo que impulsó la sanción de esas leyes basado en la ética de la necesidad, al declarar como testigo en una causa por el asesinato de militantes montoneros en la última dictadura militar.
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El ex presidente entregó a Bonadío copia de un reportaje que concedió ese año, en el que explicó las razones que lo llevaron a impulsar esas leyes: «Pidió que se incorporaran a la causa», precisaron en el tribunal.
En una breve declaración de menos de una hora, argumentó el líder radical que, en ese caso, se impuso la ética de la necesidad por sobre convicciones personales, luego del levantamiento militar de Semana Santa.
El ex presidente fue citado en forma sorpresiva ayer por la mañana por Bonadío, quien le ofreció la posibilidad de declarar por escrito. Alfonsín eligió concurrir en persona al cuarto piso de los Tribunales Federales de Retiro, sede del despacho del juez, algo que concretó a las 15.30 junto con su abogado y ex ministro de Justicia Ricardo Gil Laavedra.
El ex presidente entró en automóvil por un acceso lateral y no hizo ningún tipo de declaración a la prensa. Bonadío es uno de los jueces federales que dictó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón a militares condenados por violaciones a los derechos humanos, en la causa que investiga el secuestro y muerte de una veintena de militantes montoneros.
El juez interrogó al ex jefe de Estado luego de recibir y leer una nota que Alfonsín envió a los titulares de los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical (UCR). «Yo he dicho muchas veces que impulsé la aprobación de ambas leyes, aunque no me gustaran, porque entendía en ese momento histórico que tenía la obligación de preservar la libertad, la autoridad democrática y de sancionar un régimen jurídico inequívoco que recogiera lo que había anticipado durante mi campaña sobre las conductas paradigmáticas», dijo Alfonsín en su texto a los legisladores.
Señaló que «la ley tenía como finalidad limitar la responsabilidad a la máxima autoridad militar, pero admito que la urgencia y la insistencia estuvieron condicionadas por una realidad amenazante para la estabilidad de la democracia», continuó.
Concluyó afirmando que «la decisión de enviar ambos proyectos de ley al Parlamento, y su posterior promulgación, fueron realizados en ejercicio de mi voluntad», aunque en la carta el ex presidente reconoció que actuó «condicionado por las circunstancias».
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