El Consejo de la Magistratura elevó las candidaturas para completar los juzgados de Primera Instancia y las salas de la Cámara de Apelaciones. Ahora será el turno de la Junta de Ética del parlamento.
La Legislatura iniciará el debate sobre los nombres propuestos por el Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura de CABA envió a la Legislatura los pliegos de los jueces y juezas para cubrir los cargos de la futura Justicia Laboral porteña. Se trata de un nuevo paso en el camino a la puesta en marcha del fuero propio, mientras en paralelo se debate en el Parlamento un proyecto de Jorge Macri que propone una ampliación de la estructura.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Isabella Leguizamón, presidenta del órgano judicial, formalizó la presentación a través de una nota enviada al vicepresidente primero del Palacio, Matías López, junto a la cual se adjuntaron los nombres de los 21 candidatos y candidatas a desempeñarse como magistrados en los juzgados de Primera Instancia, en la Cámara de Apelaciones y en los órganos de representación estatal y tutelar, con el fin de que se avance en su tratamiento y aprobación.
La documentación incluye el orden de mérito definitivo con la identificación de cada postulante que aprobó el concurso 76/25, los legajos de cada uno con sus antecedentes y el dictamen de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público que dio el visto bueno final y que habilitó el envío de los pliegos a la Legislatura porteña, donde serán evaluados por los diputados del oficialismo y la oposición en la Junta de Ética.
La ley aprobada en 2024 que habilitó el emplazamiento del Fuero Laboral porteño proponía la creación de diez juzgados de base. Para cubrir esos cargos, el Consejo elevó diez nombres: María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
La normativa también establecía la conformación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo, instancia superior de revisión, que contará inicialmente con dos salas de tres magistrados cada una, para las que se postularon seis nombres: Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Gabriela Inés Fernández y Horacio Pitrau.
En cuanto al Ministerio Público, el Consejo propuso cinco candidatos. Para las dos Fiscalías de Primera Instancia fueron postuladas Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla, mientras que para la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones se nominó a Germán Helvio Queipo. Asimismo, Federico Kaimakamian Carrau es el candidato para la asesoría tutelar de Primera Instancia y Damián Natalio Ariel Corti fue propuesto como asesor tutelar de Cámara.
Fuentes porteñas habían anticipado a Ámbito que la primera tanda de pliegos sería enviada a la Legislatura en el segundo semestre, pero con un plazo mínimo de ingreso "hacia fin de año". Sin embargo, el adelantamiento de los tiempos da cuenta de la importancia que tiene para el jefe de Gobierno la conformación de la Justicia Laboral, un anhelo histórico del PRO desde tiempos de Mauricio Macri.
Ahora será el turno de la Legislatura. Los nombramientos deberán pasar por la Junta de Ética, Acuerdos Y Organismos De Control, a cargo del legislador porteño de Fuerza Buenos Aires, Matías Lammens. Pese a estar en minoría, el PRO contaría con los acuerdos necesarios para poder avanzar en la aprobación de los pliegos.
La vicepresidenta primera de la comisión es la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, quien pese a las críticas públicas hacia la gestión de Macri mantiene un buen vínculo a nivel legislativo con el oficialismo, gracias al cual ambos bloques lograron sancionar leyes de interés mutuo como el RIGI y el RIGI CABA, Trapitos y Financiamiento del Subte F, entre otras.
Ramírez mantiene buen trato con Daniel Angelici, una de las voces clave en el mundo parlamentario porteño y articulador de las voluntades del bloque de la Unión Cívica Radica (UCR) y del propio macrismo.
Con la aprobación en el Congreso del acuerdo entre Nación y CABA que habilitó la transferencia de competencias y recursos a la órbita porteña, Jorge Macri logró dar un paso fundamental para comenzar a darle forma al andamiaje judicial que tendrá la función de dirimir los conflictos del trabajo que surjan en el ámbito local.
Sin embargo, como informó este medio, antes de su puesta en marcha el mandatario proyecta nuevos cambios en el diseño final de la estructura. A principios de junio envió una batería de iniciativas que tienen como objetivo ampliar de diez a ochenta los juzgados de Primera Instancia y de dos a diez las salas de la cámara revisora. También contempla incrementar el número de fiscales y de asesores tutelares en ambas instancias.
La modificación de la ley orgánica del Poder Judicial apunta a crear una estructura espejo del Fuero Laboral nacional, que dejaría de atender progresivamente las causas sobre conflictos laborales que surjan en la Ciudad.
En Uspallata esperan contar con el visto bueno del Parlamento en los próximos meses, aunque aclaran que eso no implicará que se llame a concurso para completar todos los nuevos cargos. "Esto no quiere decir que se vayan a concursar los 80 juzgados", señalan, sino que, en caso de ser aprobado, se hará progresivamente. Por lo pronto, los proyectos ya tuvieron giros a las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación del Trabajo.