Se crispa pelea: Nación reclama inmuebles y Ciudad anota $8.500 millones

Decreto nacional deroga modalidad de pago a provincias con inmuebles fiscales y ordena revisar en 60 días las transferencias que recibió la Capital. Gobierno porteño devolvería lotes, pero dice si cobra deuda por obras.

Verano.  Horacio Rodríguez Larreta, en la Usina del Arte.

Primero arrancó con la revisión de la coparticipación y la intención de bajarle 1 punto y ahora el Gobierno nacional avanza sobre la Ciudad de Buenos Aires con dos decretos publicados ayer en el Boletín Oficial que apuntan a revisar la cesión de 31 inmuebles del Estado nacional al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, el de mayor caudal de votos del macrismo en la última elección.

El jefe de Gobierno porteño dijo ayer que busca “el diálogo” para entenderse en esa puja, pero mientras, tiene una carpeta abultada de documentos para defender esas posesiones que buscan cuestionarle. Se trata de lotes que Mauricio Macri transfirió a la Ciudad para saldar la parte del Gobierno nacional en obras que realizó el distrito. En realidad, de acuerdo con una minuta porteña, se trata de tres grandes emprendimientos. Uno es el ya conocido Paseo del Bajo, otro los viaductos sin terminar del ferrocarril Mitre y del San Martín, y otro es el proyecto de Playas Ferroviarias SA (una empresa estatal donde el mayor accionista es la Anses) que se gestó durante el kirchnerismo.

Lo curioso es que, un día después de perder las elecciones, el año pasado, Macri publicó el decreto que permite la transferencia de inmuebles estatales a provincias y la Ciudad de Buenos Aires como forma de pago y le da atribuciones para eso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Es decir, una modalidad que ya venía utilizando con la Ciudad a la cual le “pagó” con tierras y lotes como depósitos fiscales por la Villa 31, el Mercado de Hacienda de Liniers, Catalinas Sur, una playa ferroviaria en el barrio de Colegiales o un espacio en Retiro entre Ramos Mejía y la avenida del Libertador, entre otros. La Ciudad cuenta 29, porque dice que hay dos que los pagaron, como la cárcel de Caseros y un espacio frente al Parque Lezama que se utilizará para que pase el carril de colectivos proyectado sobre la avenida Paseo Colón, que llaman Metrobus de Paseo Colón.

Algunos inmuebles (pocos) la Ciudad ya los vendió, pero otros no pudo todavía, todo teniendo en cuenta que la mecánica obligó el pase de los convenios entre las dos jurisdicciones -Nación y Ciudad- por la Legislatura y el posterior cambio de zonificación para hacerlos vendibles. En el caso de los viaductos, por ejemplo, la Ciudad asegura que se cobrará con la venta de inmuebles transferidos una deuda de $8.500 millones que resta de lo que se comprometió a aportar la Nación. Es decir, si hubiera un reclamo de devolución, habría una contraofensiva para demandar ese dinero.

Por ahora, la guerra recién comienza, con un Larreta “dialoguista” que igualmente en la intimidad no parece estar decidido a devolver nada, como tampoco a que le bajen los fondos coparticipables sin una contraprestación.

“Confiamos en que el diálogo va a ser el camino para llegar a un acuerdo en este y en todos los temas que puedan surgir”, dicen en el Gobierno porteño sobre la medida de la que da cuenta el Decreto 149/2019 de Alberto Fernández.

A esa norma la precede el Decreto 145 que al derogar la medida de Macri de octubre pasado la funda en que “se debe tener presente que la atribución otorgada a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, priva al ESTADO NACIONAL de la posibilidad, entre otras, de obtener ofertas económicas superiores a la tasación oficial”, que “se torna aún más gravoso y reprochable cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la realización de las elecciones generales” y que “la dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción”. Alude a la Ciudad de Buenos Aires, claro.

En el otro decreto de ayer, el 149, se apunta entonces a que “durante los últimos años ha tenido lugar una profusa actividad de desprendimiento de bienes inmuebles del Estado nacional, en especial a favor de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicó el desapoderamiento de activos insustituibles que conformaban el patrimonio nacional y le pertenecían al pueblo argentino” y ordena que la AABE , que depende de la Jefatura de Gabinete, revise “en un plazo no mayor a 60 días la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles” de Nación a Ciudad desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, “a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.

De esa manera, el Gobierno les pone la lupa a las transacciones, pero no las anula. En cambio sí deroga el inciso que con el decreto poselectoral Macri incorporó a la ley que creó, en 2012 la Agencia de Administración de Bienes del Estado.