Cómo se gestaron las "internas" viciadas

Más allá de las culpas que se le atribuyeron a Fernando de la Rúa y a Domingo Cavallo en el estallido financiero del país en diciembre pasado -que los políticos incentivaron para diluir la propia-fue evidente que la gente se dio cuenta de que había una responsabilidad grande de la dirigencia de los partidos. Se transformó en un clamor el reclamo a los políticos y éstos adoptaron dos actitudes. Por un lado, desaparecer de los lugares públicos por temor a represalias físicas contra ellos. Luego «hacer algo» para calmar a la sociedad contra ellos. No hay que olvidar, además, que la indignación que se expresó a fines del año pasado ya se había insinuado en las elecciones legislativas del 14 de octubre: la abstención y el voto negativo (anulado o en blanco) llegaron en esos comicios a 48% del padrón en condiciones de sufragar. Nunca las instituciones políticas habían reducido tanto su capacidad de representación. Y aún no habían irritado con "el corralito".

Frente a estos desafíos, la medida que se ingenió fue operar una Ley de Reforma de la de los Partidos Políticos en busca de un mejoramiento de la política, algo que ya había lanzado el radical Federico Storani cuando fue ministro del Interior de la Alianza. Una serie de congresistas bien intencionados y con consenso social elaboró el proyecto de reforma.

Fue votada por primera vez en el Senado el 27 de junio de 2001 y sancionada en la Cámara de Diputados el 19 de junio de 2002. El proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo, lo envió al Congreso Federico Storani, como ministro del Interior. Tal como salió el despacho de comisión, sufrió pocas modificaciones hasta su sanción final. Esas modificaciones que hubo incluyeron hacer las internas simultáneas y obligatorias, cuando el proyecto original las había fijado sólo obligatorias. Además, incorporó a los legisladores nacionales dentro del nuevo esquema de internas a que se convocaba, aunque sin predominar sobre las Legislaturas provinciales, que podían fijar otras fechas. Y lo han hecho.

Finalmente, se sancionó el 19 de junio pasado en Diputados con el apoyo del justicialismo, la UCR -que reclamó a cambio una resolución que librara de la obligación de internas a los partidos con lista única-y la oposición de la izquierda y algunos partidos provinciales, éstos también preocupados por la interna entre ellos. El Poder Ejecutivo la promulgó con veto el 4 de julio pasado como Ley 25.611. El veto no volvió al Congreso.

Los congresistas aspiraban, sanamente, a favorecer la concurrencia de ciudadanos a obtener las candidaturas dentro de los partidos políticos y evitar que se crearan tantas nuevas agrupaciones. También que se evitara el surgimiento al primer plano de hombres nuevos como Luis D'Elía, Juan Carlos Alderete, Raúl Castells, Emilio Alí, Néstor Pitrola y otros que no encontraban cauce en las fuerzas tradicionales. Estas estaban férreamente dominadas por caudillos que vía fundamentalmente del favor del empleo público dominan con «tropa propia» las internas, además de destrozar así con «ñoquis» los presupuestos de gasto del Estado, acrecentando sus déficit. Esto fue causa, en definitiva, del estallido económico de diciembre pasado cuando la gente vio que era imposible sobrellevarlos y pagar, al mismo tiempo, los abultados vencimientos de deuda externa para este año 2002.

También se vio que los D'Elía, Alderete, Alí y otros, al no lograr proyectarse ni sentirse representados en los partidos políticos y resguardados por la Constitución Nacional, se agrupaban en formaciones sin control alguno y sin responsabilidades institucionales mínimas como es el caso del "movimiento piquetero". El surgimiento de estos movimientos - con accionar violento en las calles y contra bienes privados, como los saqueos-fue a partir de una violación a la ley: cortar rutas, entorpecer el derecho a circular libremente y trabar la producción con piquetes.

En consecuencia, se tornó evidente la perversión de los partidos políticos al no dar cabida a las nuevas manifestaciones sociales acrecentadas inusitadamente por los altos índices de desempleo como consecuencia de 4 años de recesión.

Quienes estaban en el gobierno nacional o eran actores de partidos políticos cerrados intentaron frenar el "movimiento piquetero" con el aumento de planes Trabajar y luego de Jefas y Jefes de Hogar.

La solución se podía descontar fallida desde el arranque. No se buscó, por temor político, hacer cumplir la ley en cuanto al derecho de los ciudadanos de circular libremente por calles y rutas sino sobornar a quienes los obstaculizaban, aunque sea legítimo subsidiar la pobreza. No sólo fracasó sino que acrecentó el poder de los piqueteros que engrosaron su número a partir de que sus dirigentes incluían en los subsidios a quienes mejor cumplían las convocaciones a obstruir rutas.

Por tanto el gatopardismo de cambiar algo para que no cambie nada dentro de los partidos políticos se tornaba penoso. En definitiva los caudillos confiaban en que aun abriendo el partido eso no restaría presencia a su «propia tropa» para imponerse a cualquier foráneo que intentara desplazarlos o infiltrarse en sus no menos cerradas «listas sábana».

Las izquierdas, a su vez, siempre se satisfacen con toda violencia que circule libremente por calles y rutas aunque en el origen el movimiento piquetero se les escapara de las manos. También los sorprendió el golpe cacerolero espontaneo del 19 de diciembre saturado de simples amas de casa. Pero para el día siguiente 20 ya infiltraron sus activistas profesionales y lograron 25 muertos en el país. Infiltraron tanto a los caceroleros que éstos se asustaron y extinguen.

Aunque signifique la picardía de quedarse en definitiva, con nueva cara, se tornó inevitable en el Congreso sancionar una ley de reforma de la Ley de los Partidos Políticos, como se hizo. Fue bien acogida por los moderados de la sociedad. En apariencia, al menos, mejoraba la calidad de la política y podía ser el camino inicial para algún día reducir sus costos que trepan a 2.000 millones de pesos anuales entre legisladores, concejales, asesores, gastos de funcionamiento de edificios y enorme cantidad de empleados.

La izquierda se movió en otro sentido. Quiso con juego no menos hábil y pícaro, inculcar en la sociedad que la solución era «que se vayan todos»: se renovaban gobernadores, diputados y senadores en su totalidad, nacionales y provinciales, concejalías. Planearon lograr con esa renovación absoluta, sin los plazos sabios de la Constitución que pensó Alberdi hace un siglo y medio para graduar cambios violentos en la forma de vida de los argentinos, en base a humores circunstanciales de la sociedad. La izquierda sabe que no le es útil abrir sus partidos y que se sumen no ideologizados pero sí que podían lograr, en la vorágine del cambio general, más cargos, por la crisis social, que los que obtiene de sus escasos votantes habituales en elecciones normales.

La sociedad y los políticos fueron alertados de ese plan que había detrás del «que se vayan todos» y el intento fracasó.

Fue otra alarma que precipitó optar por el plan de ley de reforma de los partidos y luego de sancionada usar «bien» el oportuno veto que la ponía al servicio de los fines del actual gobierno. El duhaldismo es una fuerza que se va mostrando cada día menos amante de la democracia o, por lo menos, capaz de someterla a sus fines particulares.

No objetó la sanción de la Ley de Reforma porque la necesitaba. Pero cuando estuvo en sus manos para promulgarla le vetó el punto 4 del artículo 29 bis que circunscribía el voto de los independientes «a los ciudadanos que no tengan afiliación partidaria» y sólo ellos, entonces, podían participar en cualquier interna.

Aquí se cometió una falla constitucional porque al promulgarla con tal veto parcial se «alteró el espíritu y la unidad del proyecto que sancionó el Congreso» y «no tendría autonomía normativa», según sostiene el constitucionalista Germán Bidart Campos para explicar la validez de un veto. Se basa este comentario en fallos de la Corte Suprema de Justicia, que se expidió antes y después de la reforma constitucional de 1994 de la viabilidad del «veto parcial» y de la constitucionalidad de la promulgación parcial (fallo de 1967 de la Corte en el caso Colella, Ciriaco c/Febre y Basset SA y, después de 1994, al fallar en la causa Bustos c/ Servicios Especiales San Antonio SA el 20 de agosto de 1996).

Dijo la Corte que una ley así promulgada es constitucionalmente inválida, teniendo en cuenta que el proyecto sancionado por el Congreso era «un todo inescindible».

Es notorio que al eliminar el gobierno Duhalde la prohibición de que los afiliados de un partido político puedan participar en la interna de otro se violó el motivo base: democratizar las internas partidarias.

El Congreso tampoco actuó bien porque ante el veto y teniendo posibilidad de insistir con los dos tercios de los presentes en cada Cámara podría haber restituido el texto original. No lo hizo ni lo intentó y la ley quedó así vigente, mutilada en su esencia aun pueden intentar superar el veto, aunque se acordaron tarde y la Corte podría no intervenir, escudándose en eso.

Aun el veto parcial requirió el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inciso 3 de la Constitución), que exige vetar por el Poder Ejecutivo y enviar dentro de 10 días tal veto a la comisión bicameral, que se explayará en otros 10 días ante cada Cámara para que trate de oponerse al veto. Pero resulta que, tras la reforma constitucional de 1994, nunca se constituyó esa bicameral y no actuó. El Poder Ejecutivo vetó y promulgó la ley mutilada simultáneamente.

• Propósitos

Pero lo curioso de esta encrucijada es que, aun cuando la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad del veto del Poder Ejecutivo -algo probable por las anomalías señaladas-, igual la sanción original del Congreso sería inviable porque manda excluir a los afiliados a partidos políticos que hoy son difíciles de determinar porque están desactualizados los padrones, con afiliaciones falsas o dobles. También porque la ley original del Congreso tenía omisiones, por ejemplo no aclaraba si era un ciudadano independiente -que podía votar en cualquier interna partidaria-aquel que alguna vez estuvo afiliado a un partido que ya no exista, o se hubiera requerido ese aspecto del decreto que la reglamentaba.

Pero suena evidente que para el duhaldismo lo que predominó es su propósito particular a diferencia del Congreso, o sea favorecer la mayor cantidad de extra-partidarios en la interna de otro partido. Concretamente del justicialismo, que es hasta ahora el único con internas largamente prenunciadas por multiplicidad de candidatos. Más aún, la intención está dirigida principal o quizá excluyentemente contra uno de los candidatos, el ex presidente Carlos Menem.

Todo el gobierno de Eduardo Duhalde, por motivos que se detallan en nota aparte, casi día a día vulnera más el orden constitucional. Pensemos, por ejemplo, que no puede un presidente no electo sino designado por una asamblea parlamentaria convocar a elecciones, menos aún si ello implica acortar por sí mismo un mandato constitucional, y hacerlo en ambos casos por decreto. No es legal que Duhalde renuncie antes del plazo -el constitucional de 4 años-que le fijó la Asamblea General Legislativa para su mandato que vencía el 10 de diciembre de 2003. La asamblea de ambas Cámaras sí podía hacerlo, en situación excepcional como se vive. Duhalde podía renunciar, pero devolviendo el poder que le habían concedido.

Todo esto se agravaría más si este viernes sale un decreto, como ha trascendido, con otra arbitrariedad: se dispondría que sólo los afiliados a partidos que no vayan a internas (propuesta de José Manuel de la Sota) estarían inhibidos de participar en las de otras agrupaciones. Pero es una discriminación entre ciudadanos que no tiene ley que la sustente porque, precisamente, todo el artículo referido a afiliados y su participación con voto en otra agrupación fue el vetado. Por lo tanto, con el disfraz de reglamentar una ley, en realidad el duhaldismo estaría legislando sobre partidos políticos y régimen electoral que la Constitución nacional expresamente veda al Poder Ejecutivo, aun en casos de decreto de necesidad y urgencia.

El Congreso podrá hacer poco para estas desvirtuaciones serias de la ley. Podría sacar otra nueva Reforma de Ley Orgánica de los Partidos Políticos e incluir allí el punto 4 del 29 bis que le vetó el presidente Duhalde o insistirlo con dos tercios de miembros presentes en cada Cámara. Podría hacerlo aun sabiendo --nun-ca hay que descuidar este punto o se cae en teorizaciones-que nada puede fundamentarse en padrones de afiliados plagados de infracciones. Para nueva ley el Congreso necesita mayoría calificada en ambas Cámaras, o sea la mitad más uno de sus integrantes, porque no basta el de «miembros presentes» (art. 77 de la Constitución nacional). Concretamente, necesitaría 37 senadores y 129 diputados para una ley de lemas en elección presidencial. Podría lograrlo, aunque con esfuerzo, en la Cámara de Senadores, pero le sería imposible en Diputados. No acompañarían los 62 legisladores que aún responden al duhaldismo como sí lo hicieron cuando les convenía la sanción de la primera ley de reforma, hoy vigente, porque hacía posible después su mutilación con el veto parcial en forma anticonstitucional. Ese fue el plan.

Con un desprecio bastante acentuado sobre normas constitucionales, el actual gobierno por medio de sus funcionarios suele señalar que «todo es como se lo interprete» para justificar sus avasallamientos.

Desde que llegó a gobernar el país a partir de un «putsch», el duhaldismo se siente superador de cumplir preceptos legales y constitucionales, como se hacía en los golpes de Estado militares.

Es malo para los demás resguardos constitucionales de los ciudadanos que se altere con tanta facilidad los principios. Podría decirse que a partir del 20 de diciembre de 2001 perdió su pristinidad la democracia restituida en 1983. Y nadie puede asegurar dónde se repondrá o frenará este grave avance. Tal como se está encaminando la salida electoral, ni siquiera se puede asegurar que retornen a la plenitud la Constitución nacional y la democracia en la Argentina con un nuevo gobierno electo que podría tener serias fallas en su legalidad a partir de su gestación en estas condiciones.