El gobierno insistió ayer con que «la Argentina no contempla la participación de efectivos militares, gendarmes o fuerzas policiales en operaciones destinadas al mantenimiento del orden y la seguridad en Irak». En el caso de tener que decidirlo, se analiza la conveniencia de mandarlo al Congreso, mientras desde Washington se volvió a insistir ayer en la existencia de sondeos en Buenos Aires y Brasilia.
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Se recordó que el gobierno en su momento manifestó «su disposición a brindar asistencia humanitaria al pueblo iraquí dentro del marco de acciones que desarrollen las agencias de las Naciones Unidas y a requerimiento de esta organización». Algo que no había ocurrido hasta ayer, aun cuando Washington se muestra muy activo para que la ONU lo apruebe, con la oposición de Francia y Alemania.
Señaló la Cancillería argentina que «cualquier tipo de cooperación, tanto en la reconstrucción de Irak como en las gestiones políticas que lleven al establecimiento de un gobierno elegido democráticamente por el pueblo iraquí, será canalizada a través de las Naciones Unidas, que deben desempeñar un papel central en ambos aspectos y conducir esos procesos».
El Congreso sería el que, finalmente, tomará la decisión política de enviar tropas a Irak o no, aun cuando las Naciones Unidas lleguen a autorizar el envío de efectivos multinacionales a ese país para reemplazar a tropas norteamericanas. Y Néstor Kirchner aprobará o vetará, reservándose la deter-minación política última. Una decisión que se analizó que puede llegar a ser derivada a la autorización del Congreso (artículo 75 inciso 28 de la Constitución) -previo asesoramiento por parte de la Cancillería-por tratarse de un escenario bélico caliente. No se trata de misiones de mantenimiento de la paz de la ONU al estilo de lo que ocurre en Chipre o Kosovo -u ocurría en Croacia-, sino de un teatro de operaciones donde existen atentados guerrilleros a diario y mueren los uniformados que son considerados por los nacionales como tropas de ocupación.
De concretarse el envío, paradojalmente, los militares argentinos podrían enfrentarse a un tipo de guerra como la vivida en su tierra en los años '70 y por la que siguen siendo enjuiciados. Los Estados Unidos han dejado saber que se analiza la experiencia de Francia en Argelia -que fue transmitida en su momento en Buenos Aires por veteranos paracaidistas galos-para poder afrontar a la guerrilla urbana en Irak que se cobra tantas vidas estadounidenses. En hechos como éstos quizás haya que explicar las razones por las que EE.UU. reclama leyes de inmunidad para sus tropas en el exterior, no sujetas a ningún tribunal penal internacional. El inefable juez español Baltasar Garzón no podría inmiscuirse ahora en este terreno con tanta facilidad como lo hizo con la Argentina, aunque hace unos años se haya animado a citar al ex jefe del departamento de Estado Henry Kissinger para indagarlo acerca del Plan Cóndor.
Cuando se produjo la guerra del Golfo Pérsico en 1991 -a raíz de la invasión de Irak a Kuwait-, Carlos Menem decidió el envío de dos buques (un destructor y una corbeta) de la Armada que contribuyeron al bloqueo, sin pedir permiso al Congreso. El gobierno afirmó en aquel momento que la auto-rización legislativa no era necesaria por tratarse de una misión de paz aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
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