La denuncia penal es por un posteo en el que la ministra de Seguridad vinculó los reclamos universitarios con imágenes de disturbios. En paralelo, la Comisión Provincial por la Memoria pidió investigar a los responsables políticos y operativos del despliegue frente al Congreso.
Alejandra Monteoliva, denunciada en el marco de la quinta marcha federal universitaria.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, a raíz de una publicación en la red social X en la que compartió imágenes de disturbios junto con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos”.
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El posteo cuestionado fue publicado el 15 de octubre de 2026, a las 18.20, en el contexto de la reciente marcha federal universitaria. Para los denunciantes, el mensaje de la ministra excedió la crítica a posibles incidentes puntuales y terminó estigmatizando al conjunto de la comunidad universitaria.
La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano, quienes cuestionaron que la titular de Seguridad asociara el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas con episodios de violencia protagonizados por personas que, según señalaron, no fueron identificadas.
En el escrito sostuvieron que la funcionaria vinculó de manera “generalizada, arbitraria y temeraria” el reclamo por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con “la delincuencia y la violencia”.
En ese sentido, cuestionaron especialmente el uso de la expresión “Así los universitarios”, porque, según argumentaron, “despoja de individualidad a los autores de cualquier desmán e imputa una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades públicas del país”.
Los abogados solicitaron que se investigue si la publicación puede encuadrar en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal —que contempla la incitación a la violencia colectiva— y el artículo 248, referido al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto de la posible incitación a la violencia, señalaron que el mensaje fue difundido desde una posición de poder institucional y que, por su alcance, podría generar un riesgo para el colectivo universitario.
La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que los funcionarios públicos deben actuar con especial cuidado al emitir declaraciones que puedan afectar a determinados grupos sociales, particularmente en contextos de conflicto.
En esa línea, los denunciantes afirmaron que la imputación genérica de hechos violentos a un colectivo, sin identificar a sus responsables, “tensiona la presunción de inocencia” y puede contribuir a la estigmatización de quienes ejercen legítimamente un derecho.
El escrito también apunta contra la conducta de Monteoliva a la luz de las normas de ética pública. Cita la Ley 25.188 y el Código de Ética de la Función Pública, que establecen pautas de prudencia, legalidad, veracidad e igualdad de trato para quienes ejercen cargos estatales.
Para los abogados, el caso debe analizarse teniendo en cuenta que la publicación fue realizada por la máxima autoridad nacional en materia de seguridad interior y no por un particular.
Como parte de las medidas de prueba, los denunciantes ofrecieron una captura de pantalla del posteo y solicitaron que se preserve y certifique la dirección URL mediante una constatación notarial o un peritaje informático.
También requirieron que se libre un oficio a la empresa X Corp. para que informe sobre la titularidad de la cuenta, los registros de acceso y las direcciones IP vinculadas con la publicación.
Los tres abogados, que se identificaron como graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, pidieron además que se les reconozca el carácter de víctimas en los términos de la Ley 27.372.
Finalmente, solicitaron que se tenga por presentada la denuncia, se ordene su ratificación y se dispongan medidas urgentes para evitar la eliminación o alteración de los registros digitales. La denuncia recayó, tras el sorteo, en el juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.
En paralelo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la represión desplegada durante la marcha en defensa de las universidades públicas del jueves 15 de octubre, frente al Congreso, y pidió que se investigue tanto a los funcionarios políticos responsables como a quienes ordenaron, dirigieron y ejecutaron el operativo. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos.
El organismo, que intervino en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, sostuvo que las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo represivo “de manera planificada, ilegítima e indiscriminada” y reclamó que se determinen las responsabilidades penales por los hechos ocurridos durante la movilización.
Según el informe de la CPM, la represión se extendió durante más de tres horas y dejó más de 550 personas afectadas y heridas, como consecuencia del uso de gases lacrimógenos y químicos, disparos con postas de goma y agua a presión de los camiones hidrantes. El organismo también contabilizó el lanzamiento de más de 120 granadas de gases lacrimógenos.
La denuncia advierte sobre el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza pública y la utilización irregular de armas menos letales. Entre las conductas señaladas, menciona disparos con postas de goma o municiones químicas en dirección horizontal o directamente hacia el cuerpo de las personas, además del lanzamiento indiscriminado de gases.
En paralelo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) monitoreó el despliegue de seguridad y advirtió sobre un “uso abusivo y desproporcionado de la fuerza” durante la movilización.
De acuerdo con el relevamiento del organismo, se utilizaron gases lacrimógenos, postas de goma, dispositivos Byrna con agentes químicos, gas pimienta y camiones hidrantes. Los elementos empleados afectaron no solo a manifestantes, sino también a transeúntes, periodistas, equipos de primeros auxilios y representantes de organismos de derechos humanos.
El CNPT informó que se registraron cuatro detenciones de personas adultas y la aprehensión de dos adolescentes, de 14 y 17 años. El comité intervino específicamente en el caso del adolescente de 14 años.
Las tareas de monitoreo fueron realizadas junto con el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires y la CPM, en el marco de sus funciones de prevención de la tortura y otros malos tratos.
El Comité Nacional informó que continúa documentando las irregularidades y las posibles vulneraciones de derechos detectadas durante el operativo, con el objetivo de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes y promover las investigaciones correspondientes.
La denuncia penal de la CPM abre así un reclamo para determinar las responsabilidades penales por el accionar de las fuerzas de seguridad durante una movilización universitaria, en la que, según los organismos de prevención de la tortura, resultaron afectados cientos de personas y también quienes cumplían tareas de asistencia, cobertura periodística y monitoreo de derechos huma