¿Fraudulento o debilitado?
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En 1982, Augusto Pinochet -un dictador- encaró en Chile un plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara si quería que siguiera o convocara a elecciones realmente libres. Operó con trampas como las que ahora se ven aquí en la Argentina 20 años después. Por ejemplo, se reservó el «sí» para el gobierno, porque siempre la gente se inclina más a votar en positivo. No sólo eso, ya que para reducir la cantidad de votantes exigió que cada chileno se procurara, para poder ir a las urnas, una «cédula de voto» que debía gestionarse personalmente en el pueblo donde había nacido, obligando a muchos ciudadanos a costosos traslado o abstenerse de participar. Pinochet fracasó porque triunfó el «no» a su gobierno. Cerró su boca y se retrajo permitiendo elecciones libres.
El actual oficialismo en la Argentina no quiere arriesgar ante urnas realmente libres sin trampas, quizá conocedor con certeza de que podría ser arrasado por el voto ciudadano.
En el exterior no pueden concebir que este gobierno argentino, aunque sea no electo y designado por un Parlamento, opere para suprimir la tan democrática elección interna en su propio partido para elegir la fórmula presidencial por mayoría.
Menos aún que con dineros públicos se soborne a medios de prensa, licuándoles sus deudas, para que no informen sobre tremenda anomalía a la población o que los mismos fondos se jueguen en función de reunir un congreso partidario en minoría, para que apruebe la misma medida contraria a los mínimos principios de decencia política en cualquier país que viva en libertad.
Tampoco pueden entender que un mismo gobierno opere para impedir la democrática elección interna partidaria en el orden nacional y la imponga obligatoria y excluyente -por tanto también antidemocrática- en una provincia como la de Buenos Aires. Todo en función exclusiva de sus propios cálculos electorales de donde puede ganar y perder para asegurar la continuidad de su toma del poder.
Eso se resolvió en esa cómplice reunión que se hizo al lado del viejo Café Tortoni -con la presencia personal del actual presidente de la Nación- que significa reinaugurar la era de los gobernantes fraudulentos en la Argentina. Aplicado el plan electoral duhaldista o será fraudulento el mando que surja para todo el país, por la designación anómala de un nuevo primer mandatario en ese contexto, o lo será en casi medio país por la escalada, igualmente anómala, al poder en la principal provincia en cantidad de habitantes, territorio y producción.
Es tan maquiavélico el plan del Tortoni que lleva a la Argentina a una opción despiadada: un primer mandatario desde el 25 de mayo fraudulento, por su origen sin internas, o un primer mandatario debilitado, aun cuando se imponga a la patraña electoral tan meticulosamente armada desde el oficialismo.
Cualquiera de las dos variantes es contraria al interés nacional en un país que enfrenta una enorme crisis económica en lo interno, compromisos financieros internacionales vencidos más 4 años continuos de recesión. Peor el panorama tras haberse desperdiciado 16 meses de gobierno interino de Eduardo Duhalde sin resolver ninguno de los graves problemas pendientes, estabilizándose precariamente el país en el fondo del abismo con la sola estrategia de ir pasando las soluciones drásticas al próximo gobierno que debe asumir el 25 de mayo.
• Camino cerrado
Frente a este devastador plan duhaldista, urdido desde el gobierno, ni queda el camino de la Justicia, aunque hay evidentes aspectos anticonstitucionales, porque de intervenir por lo apretado del tiempo, debería postergarse la única salida al caos actual que es la elección presidencial el 27 de abril próximo. En el plan duhaldista también se contempló que si se lo desbarata esa Justicia, como sería lógico, también ganan porque Duhalde cumple en irse el 25 de mayo, asume otro mandatario designado y él puede volver como candidato en comicios generales que deben postergarse hacia finales del año.
Pensemos que el duhaldismo es repudiado internacionalmente por sus inescrupulosidades, su desprecio para cumplir obligaciones pendientes del país y por su base de poder no proveniente del voto ciudadano que hasta el presidente Hugo Chávez tiene en Venezuela pese a la fuerza de sus opositores.
El problema argentino es hoy más político que económico, acaba de decir y siempre dijo -con razón, más viendo lo dispuesto en el Café Tortoni- el titular del Fondo. Recomendó que se le otorgue una simple postergación de vencimientos o «miniacuerdo» a la Argentina, cuya única parte realmente decisiva es que rige hasta el 31 de agosto próximo, o sea, postergación de pagos a organismos apenas hasta 90 días después de que asuma un nuevo gobierno para discutir con seriedad, como no puede hacerlo con Roberto Lavagna y las estrambóticas ideas de un presidente como Eduardo Duhalde.
Cabe pensar la indignación internacional -y las terribles consecuencias para la Argentina- si por el tramado electoral tortuoso del Café Tortoni interviene la Justicia, se postergan los comicios de abril y surge que en los 3 meses que siguen al 25 de mayo, hasta el fin de este miniacuerdo, el 31 de agosto, de nuevo el exterior debe conversar con un ministro como Roberto Lavagna -con la valentía de los que se van pronto- y otro presidente de la Nación designado que podría ser el oficialista Eduardo Camaño.
Como se ve el duhaldismo encaramado en el poder, sin valor ni sentido de interés nacional para allanarle el camino a un próximo gobierno electo con limpieza, se ha transformado en un azote, una pesadilla que con tantos otros males simultáneos la República no se merece.




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