La comisión investigadora del Senado sobre las actividades de las empresas cerealeras, que supuestamente presentaron declaraciones de exportación de granos con anticipación para eludir el pago de mayores retenciones, quedará conformada mañana y con poderes especiales pocas veces vistos para este tipo de investigaciones. De los dos proyectos que se presentaron para su creación primó finalmente el que presentó el kirchnerismo, con Miguel Pichetto a la cabeza, que otorga a esa comisión de seis senadores facultades para citar testigos, llevarlos al Congreso por la fuerza pública e inclusive pedir su detención si se considera que prestan falso testimonio.
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También podrá ordenar allanamientos y exigir a las empresas la presentación de la documentación.
Así será votada en el Senado con el apoyo de senadores oficialistas y radicales. La idea del gobierno es apurar el trámite y emitir un despacho final sobre el comportamiento de las cerealeraslo antes posible. Habrá en principio un entrecruzamiento de datos -en su mayor parte provistos por el ONCCA- y luego se citará a las empresas para que presenten su descargo.
Esa comisión estará integrada por tres representantes del kirchnerismo, dos de la UCR y un senador que saldría del peronismo disidente.
Antecedente
Pichetto desmintió ayer que la intención sea perseguir a las exportadoras, pero en el Senado ya se recordó que sólo en el caso de la investigación sobre la Italo en 1985, una comisión tuvo tantos poderes como la que se votará mañana. En esa oportunidad, durante el gobierno de Raúl Alfonsín el Congreso realizó allanamientos y secuestró pruebas, lo que terminó resultando un impedimento para que la Justicia luego avanzara con responsabilidades sobre las irregularidades en el proceso de estatización de la empresa de energía. La acción del Congreso se limitó, casi sin excepción, a invalidar las pruebas que recogía.
Por eso ayer Pichetto explicó que la intención es llevar adelante una «investigación de perfil administrativo» sobre los supuestos incumplimientos de obligaciones fiscales por parte de empresas exportadoras de granos. Cuidándose más de los efectos nocivos de esas comisiones insistió: «Hay antecedentes de comisiones investigadoras que tienen que actuar dentro de las funciones propias del Parlamento, no más allá».
«No es el fin nuestro perseguir a nadie en particular. Sí clarificar un conjunto de operaciones que se realizaron entre mediados de noviembre de 2007 y mediados de marzo 2008», dijo.
Por eso explicó que si en el marco de la investigación en el Senado se llegara a verificar «algún elemento irregular o ilegal», ésta será denunciada ante la Justicia.
«Me parece que es un tema importante que hace también a una conducta comercial por parte de las grandes empresas», dijo el kirchnerista que en esto está apoyado por el radicalismo.
La investigación parte de una denuncia que presentó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, encabezada por Ricardo Daniel Echegaray, que valuó el daño contra el Estado en u$s 1.700 millones.
«Hay declaraciones juradas de venta al exterior que no son compatibles con lo que había depositado en silos. Vamos a hacer una investigación de perfil administrativo y, si verificamos algún elemento irregular o ilegal, lo vamos a denunciar ante la Justicia», dijo ayer Pichetto.
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