En acuerdo con las principales fuerzas de la oposición, el PRO logrará confirmar en el cargo de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires a Martín López Zavaleta durante la sesión especial convocada para las 12hs por la vicejefa de Gobierno y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, para este jueves. En el orden del día también está previsto el tratamiento de los pliegos para la Defensoría del Pueblo, la obligatoriedad de la sala de 3 años y un proyecto para dar utilidad pública a vehículos abandonados en la calle.
El pliego del actual jefe interino de los fiscales porteños fue enviado en junio por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras la salida de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia de la Nación. López Zavaleta cumplió con los pasos previstos por la ley: presentó sus antecedentes, acudió a la audiencia pública en la que dio a conocer los lineamientos de su futura gestión y no recibió impugnaciones del resto de los bloques.
En su presentación ante la Junta de Ética y Acuerdos que conduce Matías Lammens, brindó un discurso de no más de 30 minutos en el que anticipó que impulsará un Ministerio "eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales" mediante seis pilares que, según dijo, guiarán su gestión. "La primera prioridad es garantizar el acceso a la Justicia de manera real", remarcó
De no mediar inconvenientes, el nombre del futuro Fiscal General reunirá sin problemas los dos tercios de los votos necesarios y quedará confirmado en el cargo. El entendimiento entre Vamos por Más (PRO+Coalición Cívica), Fuerza Buenos Aires y La Libertad Avanza se consumó a través de las figuras de Juan Manuel Olmos, Daniel Angelici -a través del secretario administrativo Cristian Gribaudo- y la libertaria Pilar Ramírez, quienes semanas atrás se mostraron juntos en el Salón Dorado de la Legislatura durante las presentaciones de los candidatos a defensores del pueblo.
María Rosa Muiños, presidenta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
María Rosa Muiños corre con ventaja para seguir al frente de la Defensoría del Pueblo
Así las cosas, luego de que el recinto de el visto bueno al pliego del abogado se debatirá precisamente las designaciones en la Defensoría. A cambio del apoyo al fiscal, el justicialismo se asegurará la continuidad de María Rosa Muiños al frente del organismo. Su mandato vence a fines del 2026, tras haber cumplido los cuatro años previstos, y busca renovar por otros cuatro más.
Su recorrido en el organismo comenzó en 2004 como consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tras cumplir sus tareas, dejó la entidad y se incorporó formalmente a la Defensoría. Ocupó diferentes cargos hasta llegar al gabinete, desde donde trabajó en el rediseño de las políticas públicas. Luego asumió como legisladora, cargó que desempeñó entre 2013 y 2021, año en que el Palacio de la calle Perú le dio el visto bueno para volver al organismo, pero esta vez como su presidenta.
En el peronismo descuentan que su nombramiento se aprobará, al igual que el de López Zavaleta, "sin problemas". "Los votos están", aseguraron a Ámbito. Resta definirse quiénes serán los cinco defensores adjuntos, una pelea que aún está abierta y que se definirá minutos antes de la sesión: "Faltan detalles".
La discusión se mueve entorno al reparto de los espacios, que se dividirían entre el peronismo, los libertarios y un tercer partido. Allí busca terciar Angelici, pero no para el oficialismo, que ya se sabe ganador por el pliego del Fiscal, sino para colar un nombre de la Unión Cívica Radical (UCR): Carlos Palmiotti, un dirigente del partido y empresario cercano al "Tano", podría meterse en la pelea.
CABA declarará obligatoria la educación inicial desde los 3 años
Durante la jornada también se convocó a una sesión ordinaria para tratar una serie de proyectos, entre ellos, el que propone ordenar la obligatoriedad de la sala de 3 años en los jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta fue impulsada por la presidenta del bloque de UCR-Ciudadanos Unidos, Manuela Thourte, y cuenta con un amplio consenso: firmaron el dictamen legisladores del PJ, el PRO, LLA y el Frente de Izquierda.
Entre los argumentos señalan que actualmente CABA atraviesa por "un contexto demográfico singular" por la caída sostenida de la tasa de natalidad registrada en la última década: entre 2014 y 2024 se desplomó 50% la cifra de nacimientos, marcando una tendencia descendente que comenzó décadas atrás.
La Sala de 3 años actualmente es optativa, aunque cuenta con altos niveles de asistencia, motivo por el cual la legisladora radical Manuela Thourte impulsa un proyecto para declarar su obligatoriedad.
Los legisladores firmantes afirman que este escenario genera "condiciones favorables para planificar la expansión de la cobertura educativa" en el nivel inicial, aprovechando la infraestructura existente y fortaleciendo la calidad de la oferta. Así, un escenario negativo, como lo es la caída de la natalidad, puede dar paso pensar "estratégicamente" la universalización "progresiva" de la sala de 3, lo que redundaría en un beneficio a las familias y, por consiguiente, podría frenar la tendencia decreciente de los nacimientos.
En el dictamen de mayoría, aseguran que los niveles de asistencia escolar de los niños/as de 4 y 5 años en la CABA están "próximos al 100%" desde hace algunos años. Mientras que el nivel de asistencia en sala de 3 alcanza al 88%, según el CENSO 2022. Para más datos, la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad reportó en 2024 que el 91,2% de los niños/as de 3 años asistía a jardines o centros de primera infancia ante la disponibilidad de vacantes por la baja de la natalidad.
La incorporación de la sala de 3 años al tramo obligatorio del sistema educativo es -en palabras de los legisladores- una "oportunidad estratégica" para avanzar hacia condiciones más equitativas para la primera infancia, que además permitiría "mejorar las condiciones de organización social del cuidado, favorecer la participación laboral de las familias —especialmente de las mujeres— y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida".
Una vez aprobada, entrará en vigencia en el ciclo lectivo del 2027, aunque se dará un plazo de dos años al Ejecutivo para que, progresivamente, adecue la oferta en sala de 3 años e incorpore a la enseñanza oficial a los niños y niñas que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines.
La administración porteña deberá también garantizar "la inclusión y el sostenimiento de la asistencia en la población de 3 años" y también difundir la oferta educativa universalizada para las edades previas, haciendo especial hincapié en la población que menos asiste. Además, tendrá que asegurar "progresivamente" la disponibilidad de oferta "de doble jornada y la modalidad de asistencia flexible".
La propuesta llega en un contexto en el que el Ministerio de Educación porteño avanzó en políticas de reestructuración de grados y de fusión de cursos ante la caída de las matriculaciones por la tendencia a la baja de los nacimientos, hecho que impacta también en el mundo docente, con cesantías o mayor carga de trabajo.
Vehículos abandonados: impulsan proyecto para que sean reutilizados
En la jornada también se debatirá un proyecto impulsado por el radical Francisco Loupias para modificar la Ley N° 342 y permitir que los vehículos abandonados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires puedan ser reutilizados con fines públicos.
La Ley 342 vigente establece un régimen específico para este tipo de vehículos, considerados un riesgo para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente. Según plantea el proyecto, los vehículos recuperados o las autopartes podrían ser destinados, de acuerdo con su estado y con las necesidades que determine el Gobierno de la Ciudad, a organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones u otros fines vinculados con el interés general.
“No podemos seguir pensando que todo vehículo abandonado es simplemente chatarra. Si el Estado recupera un automóvil que todavía puede tener una utilidad, tenemos que encontrar la manera de ponerlo al servicio de la sociedad”, sostuvo Loupias. Se espera que la iniciativa sea aprobada.
