¿Lavagna salpicado por pago que es base de la acusación?

El escandaloso juicio político a Eduardo Moliné O'Connor podría tener derivaciones inesperadas y salpicar a Roberto Lavagna. Para comenzar, el funcionario de Economía que firmó la orden de pago por $ 400 millones en bonos a la empresa Meller, el 18 de marzo pasado, fue denunciado penalmente la última semana por presunto fraude contra el Estado.

Está en estudio, eventualmente, ampliar la presentación judicial contra el ministro, ya que -se supone- un subsecretario, en este caso de Administración y Normalización Patrimonial, no podría convertir una deuda del Estado con Meller de $ 28.942.839,91 millones, de mediados de los '80, en $ 400 millones en bonos ($ 115 en efectivo) y, per se, autorizar semejante erogación, sin el consentimiento de su superior.

• Responsable

Curiosamente, en el Congreso, los diputados señalaron a Moliné como responsable de un grave perjuicio al erario público a raíz de la intervención de la Corte en el caso Meller, una contratista de la desaparecida ENTel que confeccionaba guías de teléfonos.

El propio Néstor Kirchner, que anuló por decreto la orden de Andrés Troha -el subsecretario aludido, que pasó del duhaldismo a su sucesor sin escalas, igual que Lavagna-, reconoció en ese mismo texto que el máximo tribunal no se expidió sobre el fondo de la cuestión en la querella de Meller contra la ex ENTel. En consecuencia, no puede achacársele responsabilidad en el cálculo del monto adeudado al juez, a diferencia de lo que hicieron los miembros de la comisión de Juicio Político.

A criterio del abogado Juan Saturnino Ortega, patrocinante de Sergio Salto, sí podrían corresponderle a Troha, subordinado del ministro de Economía, reproches por haber sido supuesto «autor, partícipe o instigador del delito de fraude contra la administración pública». A juzgar por la presentación, el Palacio de Hacienda omitió cumplir con algunos requisitos antes de librar la orden, que anuló a los 5 meses Kirchner, por caso, dar intervención a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

A este enredo se agregan algunas conclusiones sobre las otras 2 causas esgrimidas por legisladores contra Moliné, Macri y Magariños. Estos expedientes, sumado al de Meller, forman parte de la embestida que ya está en la etapa de sentencia en el Senado.

• En el tema Macri también se le adjudica a Moliné haber causado un serio perjuicio al fisco, al no haberse podido percibir el monto del impuesto evadido. La primera falsedad es que la sentencia no es de la Corte sino de la Cámara de Casación. Llamativamente, la defensa del magistrado constató en su momento que esas carpetas faltaban en la comisión de Juicio Político al momento de aprobarse la carga.

Según determinaron varios legisladores que estudiaron el expediente, se produjo la extinción de la acción penal por el pago total de la deuda, de acuerdo con lo fijado en la ley penal tributaria. Esto significa que es, asimismo, falso que Moliné haya sido responsable de causar daño a las arcas estatales por esta cuestión. La pretensión de la acusación de que mediaba contrabando, además de evasión de empresas ligadas a Franco Macri, se desvirtúa porque no es procedente poner nuevos nombres de delito a los mismos hechos ya resueltos, dicen los especialistas en Derecho.

• Respecto del caso Magariños, cabe recordar que la comisión que encabeza Ricardo Falú (PJ-Tucumán), llegó a la conclusión de que Moliné (junto a otros ministros), se había excedido en sus funciones al imponer una sanción a un juez, cuando -presuntamente- esta facultad es exclusiva del Consejo de la Magistratura.

Hay que apuntar que Héctor Magariños, a quien se lo multó con un tercio de su sueldo de magistrado, produjo un dictamen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se utilizó contra el Estado nacional.

La defensa de Moliné dispone de una acordada dictada por unanimidad en el máximo tribunal, y reconocida por el Consejo en la Resolución 123/99, que señala la competencia concurrente de la cabeza del Poder Judicial y del organismo que designa y remueve jueces en materia disciplinaria.