Liberaron a militares en Chaco

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ordenó ayer la libertad de los diez militares detenidos por orden del juez federal Carlos Skidelsky en la causa en la que se investiga la denominada Masacre de Margarita Belén, ocurrida hace 26 años.

El tribunal federal hizo lugar al hábeas corpus presentado por el defensor oficial Carlos Pujol, al considerar que la detención ordenada por el juez Skidelsky fue ilegal.

La medida -que de cierta forma descomprime la tensión militar y le facilita la gestión al general Roberto Bendini, jefe de la Fuerza-fue tomada por los camaristas Diómedes Rojas, Thomás Inda y María Beatriz Fernández.

Los jueces resolvieron de esta forma revocar el fallo del conjuez Hugo Mario Peiretti, que había rechazado el hábeas corpus presentado por el defensor oficial y en consecuencia ordenaron la inmediata libertad de los 10 militares implicados. Nueve de ellos se encontraban detenidos en La Liguria, dependencia del Regimiento de Resistencia, mientras que el coronel Jorge Alcides Larrateguy está internado en el Hospital Militar de Buenos Aires.

La resolución de la Cámara chaqueña benefició a: Horacio Losito, Athos Gustavo Renés, Norberto Raúl Tozzo, Aldo Martínez Segón, Rafael Camero Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme.

La Justicia Federal había ordenado su detención bajo la acusación de haber participado en el fusilamiento de 22 presos políticos, ocurrido en las proximidades de Margarita Belén, localidad ubicada a 20 kilómetros de la capital chaqueña, el 13 de diciembre de 1976.

En su planteo de fondo, el defensor Pujol sostuvo que los detenidos deben ser juzgados por el juez natural, un criterio que mantuvo la Cámara de Resistencia que consideró que la detención de los militares «es ilegal por haber sido ordenada por juez incompetente» y por ser «violatoria» de los mecanismos que establecen las razones de competencia.

Pujol, ya en dos oportunidades había objetado la competencia del juez Skidelsky para entender en la causa y, además, había recusado al magistrado por entender que «adelantó opinión respecto de su fallo».

El tribunal tomó como base de sus fundamentos el dictamen de la fiscal federal subrogante, Ana María Torres, que defendió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en setiembre de 1988, determinó « definitiva» e « inmutablemente» la competencia de la Cámara Federal de Rosario para entender en la causa.

•Próximos pasos

De esta manera, el caso en que se investiga la denominada Masacre de Margarita Belén volverá a la Cámara Federal de Rosario, donde estuvo desde que se inició hasta que se resolvió girar a Resistencia, por un pedido del juez Skidelsky. En un trámite posterior, la causa debe volver a un juzgado de primera instancia para que, luego del período de feria judicial, se dé continuidad al tratamiento del cuerpo central del expediente y se resuelvan varios incidentes ya planteados y pendientes de resolución, formulados tanto por el defensor oficial como por la parte querellante.

Una vez que se conoció la resolución judicial, el abogado de los familiares de las víctimas y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Mario Bosch, adelantó que apelará la medida y no descartó que la parte querellante promueva un juicio político a los camaristas que ordenaron la libertad de los militares.