La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley una reforma del Código Penal Procesal que otorga amplias facultades a los fiscales en la investigación de secuestros o privación ilegal de la libertad. El proyecto, con autoría de Jorge Casanovas, fue respaldado por los bloques del justicialismo y el radicalismo, mientras que el ARI, el socialismo y la Izquierda Unida votaron en contra de la iniciativa.
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Para Elisa Carrió, «hay que tener mucho cuidado con esta norma, porque no vaya a ser que después los tribunales la declaren inconstitucional y los delincuentes salgan». Margarita Stolbizer, en tanto, argumentó a favor del proyecto por entender que el juez «sigue teniendo siempre las facultades para convalidar las actuaciones del fiscal» y acusó al ARI de realizar una «lectura parcial» de las modificaciones.
La ley posibilita al fiscal una instrucción amplia, permitiendo actuar en jurisdicción ajena, siempre que los delitos sean el secuestro o la privación ilegal de la libertad. En tales casos el fiscal puede tomar declaración al imputado, salvo que el imputado quiera prestarla ante el juez.
Los fiscales podrán realizar allanamientos sin orden del juez. Serán los encargados de preservar el interés general, lo que cobra sentido relevante y sustantivo en materia criminal.
Deberán prevalecer con sentido general a la actuación de los principios de inmediatez, economía y celeridad en las primeras etapas de la investigación, en resguardo de los elementos de convicción para ser utilizados en una instancia superior.
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