Ayer piqueteros enmascarados volvieron a llevar el caos a los accesos a la Capital Federal y a diversos puntos del centro. Entre los activistas se destacaron los seguidores de Raúl Castells, que reclamaron ante las sedes de la Organización del Trabajo y de la Embajada de la India.
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Lleva, en dos etapas, casi 100 días de «prisión preventiva» en el procesamiento por el inocultable delito de haber invadido primero un local de McDonald's, en la Capital Federal, y luego un casino privado en el Chaco, además de «escraches» a otras empresas.
Hay en juego un principio jurídico costumbrista local por el cual no se debería criticar, en este caso, a nuestra desdibujada Justicia habitualmente proclive a ignorar a la víctima y ser demagógicamente liviana y liberadora con quien delinque. Se hace reversible ese principio, en cambio, en caso de reincidentes donde se aplica una severidad a veces exagerada al extremo de que las bandas delictivas con integrantes extranjeros actúan -y todos lo saben- bajo la norma «robemos o trafiquemos droga hasta la primera detención de la cual se sale fácil en la Argentina». Claro, para no arriesgarse a la severidad de la segunda vez el delincuente extranjero preso en una primera oportunidad es retornado al país de origen por la banda y reemplazado por otro sin reincidencia latente y así sucesivamente.
En muchos casos la «prisión preventiva» ha sido usada en nuestros estrados como «pena a cuenta», sin sentencia, sobre todo cuando presiona sobre los jueces la tan argentina «condena previa por la prensa» que se impone o por ideología contraria al afectado o por cambio de gobierno cuando sobreviene la pérdida de la equidad de la ley para los funcionarios de la anterior gestión. Esto, en el futuro, volverá a suceder con los de la actual gestión y así sucesivamente en un país inmaduro en todo, inclusive en la Justicia con tantos espejos internacionales. Moviéndose entre esos parámetros anómalos, la «prisión preventiva» muchas veces suele ser la salida salvadora para nuestros jueces titubeantes porque aplica principios jurídicos igualmente titubeantes. Más en esta época cuando el Poder Judicial está monitoreado por el poderoso asesor presidencial Horacio Verbitsky aunque haya asumido como ministro de Justicia Alberto Iribarne.
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