Rafael Bielsa lleva adelante su propia agenda durante la 58ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que ha avanzado en uno de los temas con los que aspira a caracterizar su gestión de canciller: la internacionalización del caso AMIA. La idea de Bielsa es sencilla, por más que esté instalada en una trama endiablada de intereses, expectativas, sospechas. El cree que la causa tiene serias dificultades de prosperar hasta la aparición de la verdad si no se internacionaliza el tramo referido a la responsabilidad de un Estado extranjero en el atentado. En otras palabras, Bielsa pretende que la llamada «conexión local» sea materia del juicio que sigue el juez Juan José Galeano. Pero que las imputaciones a Irán como organizador y autor principal del atentado sean sometidas a una mediación internacional. El ministro argentino trató la cuestión con su colega ruso, Igor Ivanov, ayer. No sólo analizó su estrategia con el canciller de Vladimir Putin sino que lo interesó en que su país ocupe el papel de mediador. Ivanov aceptó involucrarse y hasta comprometió una gestión informal con el gobierno de Irán para que comience a analizar la posibilidad de someterse a un tribunal internacional. Las relaciones entre Rusia e Irán han sido amistosas por lo menos desde la Guerra Fría.
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El canciller sigue para su iniciativa el formato del «caso Lockerbie». Se trata del atentado, imputado a Libia, contra un avión de la aerolínea estadounidense PanAm, que sobrevolaba la ciudad escocesa de Lockerbie. Fue el 21 de diciembre de 1988 y en el ataque murieron 259 personas a bordo y 11 en tierra. A mediados de agosto de este año, Estados Unidos, Gran Bretaña y Libia llegaron a un acuerdo sobre los términos en que Trípoli aceptaría su responsabilidad en ese atentado. El gobierno de Muhammar Kadhafi aceptó indemnizar a las familias de las víctimas con u$s 10 millones. A partir de ese desenlace, el Consejo de Seguridad levantó hace poco más de una semana las sanciones que pesaban sobre Libia, aunque con la abstención de Estados Unidos y Francia. El caso tiene sus curiosidades: Libia aceptó su responsabilidad pero el único condenado por el atentado, el libio Abdel Baset Al Megrahi, que cumple condena perpetua en Escocia, apeló su sentencia ayer ante una comisión revisora de casos criminales.
Bielsa cree que podrían seguirse los pasos de este caso. Para eso desarrolla gestiones en varios frentes. Por un lado, el local: requiere -y en la Cancillería creen que está cerca de conseguirlo-que el juez Juan José Galeano no se muestre del todo remiso a que una parte de la causa pase a ser tratada en el marco de una mediación. Hay un antecedente favorable en el mismo caso Lockerbie, que finalmente fue juzgado por jueces escoceses por más que el mediador fuera el gobierno de Holanda (el proceso se celebró en Camp Zeist).
Las organizaciones de la comunidad judía tuvieron también criterios encontrados para aceptar la propuesta del canciller. La AMIA y la DAIA (en especial esta última) se opusieron en un principio, a diferencia de lo sucedido con Memoria Activa. Pero ahora esas posiciones parecen menos irreductibles. En cambio, en el exterior, daría la impresión de que la idea gana espacio: ésa fue la conclusión que el gobierno extrajo de las tres reuniones de Bielsa con entidades comunitarias. Una fue con el American Jewish Committee, otra con la B'Nait B'rit y la última, que se realizó ayer con personalidades de Nueva York reunidas por el empresario Saúl Rozstein (fue buscando las oficinas de este hombre de negocios que el canciller se introdujo por error, ayer, en el consulado de Irán).
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