El gobierno se precia de no haber dialogado con ningún sector antes de disponer el aumento de salarios que se anunció el jueves por la tarde. Ese hermetismo obedeció a una decisión de Néstor Kirchner, quien en este campo como en casi todos, cree que abrir las decisiones de su gestión a la discusión con sectores ajenos a ella conduce a situaciones inconvenientes: filtraciones, publicidad anticipada de lo que se estudia, presiones de los sectores afectados, etcétera.
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La estrategia puede resultar más o menos candorosa pero sólo tendrá el éxito que pretende el oficialismo si, además de secretas, las resoluciones son acertadas: de lo contrario, los afectados harán escarnio de quienes se enfrascaron en su propia ciencia.
Algo de esto puede suceder con las disposiciones anunciadas el jueves, que ya sirven para reproches cruzados entre Roberto Lavagna y Carlos Tomada, ministros de Economía y Trabajo respectivamente. Ellos se echan la culpa de no haber advertido que esa actualización de sueldos afectaría a la masa de deudores que ajustan las cuotas que pagan según el índice de variación salarial. Es posible que la razón esté del lado de Tomada y que haya sido la distracción de Lavagna la que obliga ahora a buscar apresuradamente una salida en el Congreso para el problema creado a los deudores.
•Encuentro pendiente
Más allá de esta gaffe, importa detectar cuál es el sentido de estas decisiones desde el punto de vista político: Kirchner tiene pendiente un encuentro con la CGT oficial, a la que hasta ahora sólo atendió por intermedio del jefe de Gabinete Alberto Fernández -quien recibió a Rodolfo Daer hace 10 días-y del secretario de Cultura Torcuato Di Tella, quien visitó la central obrera con la idea de hacer un museo del trabajo y la industria.
Sin embargo, Tomada prepara desde hace una semana un encuentro con los sindicalistas tradicionales que se produciría una vez que el Presidente regrese al país. Mientras tanto, con estos decretos salariales se «paga la entrada» para ese encuentro. Sucede que el «salariazo» -por decirlo irónicamente-no sólo eleva los ingresos de los empleados (salvo los del Estado, a los que se les repuso el recorte de 13%) y jubilados. También aumenta los ingresos de las obras sociales sindicales. Este costado de la medida, su efecto sobre las «cajas», es el que más atrae a los gremios.
Kirchner, Tomada y Ginés González García (quien acaso sea el ministro con más vinculación al sindicalismo tradicional) cierran con esta medida la herida abierta con la intervención en el PAMI, donde se desplazó a los representantes de la central sindical sin que se los reponga en un cuerpo consultivo del interventor Juan González Gaviola. Esta determinación y la demora en sacarse una foto con ellos inquieta a muchos gremialistas, sobre todo a Armando Cavalieri, quien teme que le hagan pagar las consecuencias de haber alentado la candidatura presidencial de Lavagna cuando la de Kirchner estaba ya lanzada (a propósito: ¿qué planea el kirchnerista Julio Ledesma, del sindicato de Comercio, en sus visitas semanales a la Casa Rosada?).
Este gesto amigable se suma a otro, que los sindicatos «gordos» también agradecen: el gobierno dejó de lado cualquier iniciativa que conduzca a la liberalización de los sindicatos, es decir, a la desregulación de la personería gremial que pretende la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Víctor De Gennaro. Con este ticket más la suba salarial anunciada por Tomada y Lavagna, está todo preparado para que una vez que regrese a la Argentina, los representantes del sindicalismo oficial reciban al Presidente en la sede de Azopardo.
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