Néstor Kirchner ratificó un acuerdo internacional de 1970 que declara imprescriptibles e internacionalmente punibles los crímenes de guerra y contra la humanidad. Eso permitiría que se investiguen los delitos imputados a ex militares por la represión violenta en los años '70. Para que tenga efectividad y no choque con las leyes de punto final o los indultos, el Congreso debe elevar este tratado a nivel constitucional. Eso implica una enmienda con 2/3 de los votos en el Congreso, algo no fácil de lograr. En tanto, Diputados intentará hoy tratar la anulación de esas normas cercado por activistas de izquierda y de derechos humanos, aunque los decretos de anoche alivian la tensión de esta sesión. Una Cámara del Crimen reconoció a Baltasar Garzón como «juez natural» en la causa contra 45 militares y un civil.
Néstor Kirchner recibió ayer en Casa de Gobierno a la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, para comunicarle en persona la firma del decreto que formaliza la adhesión a la convención que declara imprescriptibles los delitos de guerra y de lesa humanidad.
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Esto es una formalidad, pero decisiva porque crea el compromiso legal del país y Informate más
El gobierno se dedicó a discutir esta forma de aliviar al Congreso del aprieto en que lo ha puesto el propio gobierno al peronismo, hoy dividido e intimidado por los alaridos de una minoría de izquierda nostálgica, toda la jornada de ayer. En el despacho presidencial se agolparon el Presidente, sus secretarios Esa convención a la que no han adherido países como los Estados Unidos o Brasil, dictamina los delitos cometidos en una guerra -es decir excesos que están condenados por las convenciones- o contra la condición humana según lo establecido por el estatuto del Tribunal de Guerra de Nüremberg.
En 1995 el Congreso votó la adhesión a esa ley, pero el gobierno nunca había formalizado la adhesión; en dos oportunidades el hoy senador
El debate sobre esta adhesión lo conoció el gobierno desde hace una semana cuando desde el Congreso le llegaron críticas a la posición del gobierno de promover la nulidad de las leyes de punto final, un expediente que ponía al peronismo al borde de la fractura.
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