Monedas espurias, guetos monetarios en la República

Nos toca vivir tiempos aciagos en nuestro país, en los que los derechos y garantías de los hombres propios de un Estado democrático de derecho se ven reducidos a su mínima expresión. Sumadas a las ya conocidas arbitrariedades y padecimientos a los que estamos sometidos: i) devaluación de la moneda nacional, que necesariamente implica una disminución de la capacidad de consumo de todos los sectores que perciban ingresos fijos en pesos (i.e. baja real de salarios), ii) enquistamiento de un capitalismo prebendario y enclenque (que hoy reclama nuevamente proteccionismo y licuación de pasivos), iii) desocupación y pobreza estructural, iv) políticos cuyo único esmero es endeudar al Estado (pródigos con el dinero ajeno), para luego aplaudir y vivar cuando se anuncia que la Nación no puede pagar las deudas que ellos contrajeron, v) confiscación de los ahorros de la gente, en clara violación al derecho de propiedad, a la ley de intangibilidad de los depósitos, a la buena fe de toda una nueva generación de argentinos y al principio de moralidad pública que surge del artículo 19 de la Constitución nacional, vi) déficit fiscal sin posibilidades de financiación genuina, vii) moratorias impositivas que condenan a la estupidez crónica a los ciudadanos que pagan impuestos, etcétera. Asistimos con profunda preocupación a un nuevo proceso de degradación de nuestro sistema constitucional, a partir del cercenamiento de los poderes del Estado nacional, esta vez, mediante las competencias que se han autoimpuesto algunas provincias para instaurar «monedas espurias» de curso legal y forzoso en clara violación a la letra y al espíritu de la Constitución nacional y al Código Civil. La emergencia económica que nos supimos conseguir no puede ser válido fundamento para continuar en esta escalada de violación a los principios basales del Estado federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la legislación dictada en un estado de emergencia económica no puede provocar una mutación en la sustancia o esencia de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna (cfme., entre otros, fallos 243:467; 316:779; 321:1984). La unión nacional fue construida y debe mantenerse respetando a rajatabla la división de competencias entre la Nación y las provincias establecida por nuestros constituyentes, y ello so pena de caer en la desintegración del Estado federal.

• Monopólico

El Estado se caracteriza por ser el agente que reclama con éxito el monopolio de la fuerza, y en el caso que nos toca, conforme nuestra Constitución nacional, dicha esencia se traduce en tener el monopolio de la emisión de la moneda de curso legal y forzoso. Adviértase desde ya la gravedad institucional que implica la competencia que ilegítimamente se arrogan las provincias, ya que su arbitraria pretensión de crear dine-ro obligatorio apareja la violación al monopolio del Estado federal como única y exclusiva autoridad de emisión de moneda de ese tipo en la República. El desmembramiento de las facultades monetarias nacionales y la creación de verdaderos guetos monetarios en las provincias son la base de lo que, sin duda, nos atrevemos a llamar la plataforma para la desintegración nacional. La emisión de títulos de deuda de curso legal y forzoso en el ámbito territorial de cada jurisdicción provincial, sin previa autorización del Congreso nacional, es contraria a los más elementales principios que nutren al federalismo argentino y creadora de verdaderos guetos monetarios que alientan la desunión nacional. Advertimos desde ya que, si la gente puede elegir la forma en la cual se cancelan sus obligaciones, aceptando tal o cual «título de deuda» o «moneda», la situación es legítima, pues nos encontramos frente a una libre elección del medio de pago. Al existir dicha competencia, necesariamente primarán aquellas «monedas» cuyo emisor (provincia) tenga mayor respaldo y confianza del público en general. Este esquema evidentemente no es aceptado por las provincias que dan curso forzoso a los bonos, ya que saben o, al menos, intuyen, que la situación de desmanejo económico al que han condenado a sus finanzas implicaría que el pueblo de sus jurisdicciones no acepte voluntariamente «papeles de colores» sin un respaldo genuino. Es decir, nadie voluntariamente le presta dinero a una persona que vive en estado de quiebra permanente. La solución que están intentado imponer los dirigentes de turno no es otra que obligar a la economía real a aceptar coactivamente «moneda espuria» y, de esta forma, garantizar en el corto plazo sus gastos desmedidos e improductivos a costa de la economía genuina. Todo ello, bajo la amenaza de la aplicación de gravosas sanciones (multas, clausuras, pérdidas de concesiones, etc.), en caso de no aceptar la ilegítima «moneda».