El costo ambiental y social del ajuste fiscal

La recuperación del rol del Estado como garante del derecho a un ambiente sano y la implementación de mecanismos de planificación resultan esenciales para enfrentar los desafíos climáticos y ecológicos del presente y del futuro.

Bajo el argumento de la reducción del Estado y la búsqueda del superávit fiscal, se recortan  partidas esenciales para la protección ambiental y el bienestar de la población.

Gentileza Getty Images.

Por Ariel Slipak y Matías Cena Trebucq

El primer año del gobierno de Javier Milei estuvo marcado por un esquema de ajuste que impactó directamente en áreas sociales, culturales y ambientales. En un contexto de recorte del Presupuesto nacional, que en 2024 tuvo una reducción real del 26,3% en comparación con el 2023, las partidas ambientales tuvieron caídas entre un 34% y un 81% en términos reales.

El impacto de esta reducción presupuestaria va más allá de lo económico. Reducir los fondos destinados al cuidado del ambiente se traduce en daños concretos y devastadores tanto para los ecosistemas como para las personas. Además, genera costos a largo plazo aún mayores.

Al analizar el Presupuesto nacional se ve que: la Subsecretaría de Ambiente sufrió un recorte del 79,4%; la Administración de Parques Nacionales (APN), uno del 34%; el Servicio Nacional de Manejo del Fuego perdió un 81% de su presupuesto; y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos tuvo nula ejecución en todo el año. A esto se suma el ajuste del 76,6% en los programas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

¿Cuáles son los impactos concretos de estos recortes?

En 2024 se incendiaron más de 300.000 hectáreas mientras que en los primeros meses del 2025, los incendios en la Patagonia y Corrientes arrasaron más de 287.000 hectáreas de bosque, dejando víctimas fatales y cientos de familias sin hogar. Según declaraciones oficiales, para hacer frente a los daños y pérdidas en las provincias se destinaron $7.000 millones en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional para Chubut y $5.000 millones para la reconstrucción de viviendas en Río Negro.

Es decir, un total de $12.000 millones, un monto mayor comparado con lo ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en todo el 2024: $7.339 millones de un presupuesto total de $33.342 millones. Estas acciones confirman la mirada reactiva para abordar la problemática, cuando los daños ya están hechos.

Durante los primeros días de marzo, las inundaciones en Bahía Blanca, que produjeron la muerte de 16 personas y destruyeron zonas urbanas enteras, reflejan la falta de planificación y adaptación de las ciudades a este tipo de eventos climáticos extremos.

Ante esta situación, el Gobierno nacional transfirió $10.000 millones provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Este fondo, que se conforma con el 1% de la masa coparticipable con el propósito de ‘’atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales’’. En la práctica los sucesivos gobiernos han empleado este fondo de manera discrecional en función de su vínculo con los gobiernos provinciales, dejando de lado el propósito vinculado a la atención de emergencias.

En 2024, el Fondo ATN recaudó $679.897 millones, de los cuales solo se ejecutaron $49.800 millones. A su vez, al 31 de marzo de 2025, ya se habían recaudado $209.276 millones, pero únicamente se ejecutaron $47.000 millones. Estos datos reflejan que el Gobierno nacional está reteniendo más de $792.373 millones que, según la normativa vigente, deben ser distribuidos entre las provincias y destinados a la atención de emergencias.

A su vez, en 2024, la ejecución del proyecto “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos” pasó de $37.155 millones en 2023 a $46,6 millones, una reducción del 99,96% en términos reales. Además, días previos a que se produzca la tormenta, el Gobierno decidió disolver la Dirección Nacional de Emergencias, echando o poniendo a disponibilidad a sus 485 empleados.

Las prioridades del Gobierno: pago de la deuda y subsidios a los fósiles

Mientras las partidas ambientales sufrían recortes, otras áreas del presupuesto se mantuvieron prácticamente intactas. El sector hidrocarburífero continuó recibiendo subsidios multimillonarios: de los $577.150 millones destinados a este rubro, el 68,7% ($396.298 millones) se transfirió directamente a empresas de gas, mientras que solo el 31,3% ($180.852 millones) se dirigió a reducir las tarifas para los consumidores.

Otra partida privilegiada fue la Deuda Pública. El gasto en este rubro cayó sólo un 15,2%, muy por debajo del promedio del 26,3% del Presupuesto nacional. De hecho, en 2024 el Gobierno destinó $9.413.245 millones al pago de servicios de la deuda, 6 veces más que lo destinado al Ministerio de Salud.

¿Quiénes pagan las consecuencias?

Bajo el argumento de la reducción del Estado y la búsqueda del superávit fiscal, se recortan partidas esenciales para la protección ambiental y el bienestar de la población. Mientras algunos sectores se ven beneficiados por las políticas fiscales del Gobierno, hay personas obligadas a enfrentar incendios con escasos recursos, inundaciones sin infraestructura adecuada y despidos.

No se trata solo de números en una planilla, sino de vidas humanas, ecosistemas devastados que tardarán décadas en restaurarse y poblaciones cada vez más vulnerables. La recuperación del rol del Estado como garante del derecho a un ambiente sano y la implementación de mecanismos de planificación resultan esenciales para enfrentar los desafíos climáticos y ecológicos del presente y del futuro.

Destinar fondos a las partidas ambientales y garantizar su ejecución no es solo una decisión económica; es una decisión política, y como hemos visto, su desfinanciamiento trae consecuencias irreversibles.

Profesionales del área de Investigación de FARN.