Complicado por los cierres de empresas y despidos, el gobierno vuelve a la batalla con una nueva ley laboral

El cierre reciente de una empresa en Colonia volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con mecanismos de advertencia temprana al Estado.

El Poder Ejecutivo avanza con una ley para mitigar despidos y cierres de empresas.

El cierre reciente de la empresa metalúrgica, Cla Sienz, volvió a poner en el centro del debate una iniciativa que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) viene impulsando desde hace meses: un proyecto de ley para que las empresas estén obligadas a notificar con anticipación al Estado y a los sindicatos cuando prevean cierres, despidos colectivos o ceses de actividad.

El ministro del MTSS, Juan Castillo, confirmó que la intención del gobierno es presentar el proyecto al Poder Ejecutivo en febrero, para que luego Presidencia lo remita al Parlamento. En declaraciones a Telemundo, el jerarca sostuvo que se trata de una medida de "sentido común" orientada a anticipar conflictos y abrir instancias de diálogo antes de que se concreten decisiones irreversibles.

"Si una empresa tiene problemas y va a despedir personal, lo mejor es que avise antes para buscar soluciones en un marco de diálogo tripartito", señaló Castillo. Según explicó, el objetivo es generar condiciones para que, ante dificultades económicas, productivas o comerciales, se pueda explorar alternativas que eviten el cierre definitivo y la pérdida de puestos de trabajo.

Un proyecto con respaldo en la OIT

Desde el MTSS recordaron que la iniciativa apunta a reafirmar el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece criterios y garantías frente a los despidos, entre ellos el derecho al previo aviso. Castillo subrayó que este tipo de mecanismos ya son habituales en el mundo del trabajo, especialmente en el marco de los convenios colectivos.

"Para todo el mundo del trabajo es habitual que en un convenio colectivo se firme una cláusula de preaviso si va a haber conflicto", explicó el ministro. Y agregó que la novedad es extender ese principio al sector empleador: "Queremos también ponerle una condición al sector empleador de manera tal que si tiene problemas, que pueden surgir por el mercado, las exportaciones, los precios internacionales o dificultades internas, nos avisen que están con dificultades, capaz que se podría encontrar una salida evitando el cierre definitivo".

La propuesta prevé que las empresas deban informar con antelación al gobierno y a las organizaciones sindicales sobre cualquier despido colectivo o cesión de actividades, habilitando así una instancia de negociación previa con participación del Estado.

Cruce político y críticas desde la oposición

El planteo generó reacciones en el sistema político. El diputado del Frente Amplio (FA), Bruno Giometti, salió al cruce de las críticas que surgieron desde sectores de la oposición, que calificaron la iniciativa como una intromisión excesiva del Estado.

"Sentido común. Si una empresa tiene problemas y va a despedir personal, lo mejor es que avise antes para buscar soluciones en un marco de diálogo tripartito. Una parte de la derecha está tan radicalizada que califica este planteo como "soviético" pero es de un convenio de la OIT", escribió Giometti en su cuenta de X, en respaldo a la propuesta del MTSS.

El cierre de Cla Sienz como disparador

El debate volvió a ganar fuerza tras el cierre de la empresa Cla Sienz en Colonia, que dejó trabajadores sin empleo y reavivó las críticas por la falta de mecanismos de advertencia temprana. Desde el gobierno entienden que situaciones como esta refuerzan la necesidad de contar con herramientas legales que permitan actuar antes de que las decisiones empresariales se concreten.

Castillo insistió en que el proyecto no busca impedir cierres ni condicionar decisiones empresariales, sino crear un marco de previsibilidad y diálogo. "La idea es que, si se detectan problemas a tiempo, exista la posibilidad de discutir alternativas", remarcó.

Según adelantó el ministro, la expectativa es que el texto pueda ingresar al Parlamento en las próximas semanas y abrir allí un debate que, desde el Ejecutivo, consideran clave para fortalecer la protección del empleo y la negociación colectiva en escenarios de crisis empresarial.