El gobierno confirmó la polémica compra de tierras en Florida por u$s 32,5 millones

El Ejecutivo busca potenciar la lechería con una operación que es fuertemente cuestionada por dirigentes de la oposición.

El gobierno avanzará con la compra de tierras en Florida, pese a los reparos opositores.

Foto: INC

El gobierno decidió avanzar con la polémica compra de tierras en el departamento de Florida, que implica el desembolso de 32,5 millones de dólares para la adquisición de la estancia María Dolores, con el objetivo de potenciar la lechería.

Luego de los reparos de la oposición y del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), Presidencia solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que autorice al Instituto Nacional de Colonización (INC) a concretar la operación, al no detectar ilegalidades en el procedimiento, según informó Telenoche.

La iniciativa había sido anunciada el 14 de mayo por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el último adiós al expresidente José Mujica. Sin embargo, la adquisición de las 4.400 hectáreas desató fuertes cruces entre el Frente Amplio (FA) y la Coalición Republicana (CR).

La polémica por los votos para la aprobación y la validez jurídica

Antes de la decisión, el presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, sostuvo que el Ejecutivo estaba “recopilando mayor información jurídica” sobre la compra y destacó el aval de un informe de la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh).

“El tema se centra en la cantidad de votos necesarios. Entendemos que fue una compra preferencial donde dos particulares habían pactado el negocio y fue una compra ordinaria dentro de la ley, para la cual se necesita mayoría simple”, sostuvo Henry Rodríguez.

Sin embargo, un informe del TCR sostiene que se necesitan cuatro de cincos votos de los integrantes del directorio del INC. Al respecto, el senador del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, presentó en la comisión de Ganadería un informe de 2018, cuando presidía el INC Jacqueline Gómez, designada por el FA.

“Cuando hay una compra directa se necesitan cuatro votos. Y es lo mismo, jurídicamente, una compraventa en uso del derecho de preferencia o una compra negociada en base a una tasación”, expresó el senador colorado sobre la presunta invalidez jurídica de la operación.