El gobierno entra en una etapa de definición para rescindir el contrato con Cardama

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó que es un “momento crucial” para resolver el futuro de las patrulleras oceánicas, en medio de las críticas por el "uso político" del tema.

El contrato con Cardama entra en una fase decisiva y el gobierno evita adelantar definiciones.

Foto: Astillero Cardama

La definición sobre el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas está en una etapa decisiva, luego de que una auditoría técnica detectara atrasos y observaciones en el proyecto, mientras que el gobierno evita adelantar decisiones y la oposición cuestiona la gestión y el manejo político del caso.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al tema en el marco de los actos por el 197° aniversario de la Prefectura Nacional Naval, donde evitó pronunciarse sobre una eventual rescisión del contrato con Cardama, pese a la difusión de un informe que advierte sobre la falta de planos aprobados, fallas constructivas y demoras que comprometerían el cronograma de entrega de las embarcaciones.

En rueda de prensa, Lazo afirmó que se trata de “un momento crucial” desde el punto de vista técnico y subrayó que el Poder Ejecutivo está abocado a la toma de definiciones, razón por la cual prefirió no realizar declaraciones que pudieran “contaminar” el proceso. Según indicó, se está elaborando un comunicado oficial sobre los resultados de la auditoría, y aseguró que la solución que se adopte será “la mejor posible”.

La ministra también aclaró que ni Presidencia ni el Ministerio de Defensa divulgaron detalles del informe, por lo que evitó referirse a su contenido. “No hablaría de la auditoría”, señaló, al tiempo que remarcó que las decisiones se adoptarán cuando corresponda, sin precisar plazos concretos.

El debate político se intensificó luego de que el Partido Nacional (PN) asegurara que el plazo real de entrega de las patrullas oceánicas se extendería hasta agosto de 2027, a partir de los atrasos detectados en la construcción. Tras evaluar la posible rescisión del contrato, el gobierno encargó un informe al Bureau Veritas, que concluyó que el astillero español no estaría en condiciones de cumplir con los tiempos pactados.

Los cruces por los resultados del informe

Desde la oposición, el diputado blanco Gabriel Gianolli sostuvo que eventuales incumplimientos estarían vinculados a decisiones adoptadas por el actual gobierno, lo que habría generado reparos por parte de proveedores. Además, cuestionó que el Parlamento haya quedado al margen del proceso y acusó al Poder Ejecutivo de convertir el tema en un “botín político”.

“Nos enteramos por la prensa de cada informe porque el gobierno decidió que el parlamento esté afuera de este tema”, acusó el legislador y sostuvo que “estamos a casi cuatro meses de la decision del presidente de rescindir el contrato, por lo que algo debe haber para que hasta ahora no lo lograra. Se sabe que Uruguay se enfrenta a un juicio millonario porque trabajo hubo y la certificadora estuvo".

En tanto, desde el Frente Amplio (FA), el senador Daniel Caggiani afirmó que el informe técnico es contundente en cuanto al incumplimiento contractual y recordó que la empresa no tenía antecedentes en la construcción de este tipo de patrullas. También cuestionó el adelanto de 30 millones de euros realizado durante la administración anterior y advirtió que existen procedimientos jurídicos complejos que explican la demora en una eventual rescisión.

El exministro de Defensa de la gestión de Luis Lacalle Pou, Armando Castaingdebat, consideró que el gobierno buscó en la auditoría un “respaldo técnico para una decisión política” y anticipó que el país podría enfrentar una demanda millonaria, en un escenario donde la disputa trasciende lo técnico y se instala de lleno en el plano político.

“El gobierno esperaba que la auditoría dijera que las operaciones no estaban bien hechas y el barco tenía deficiencias estructurales que hacían peligrar su construcción. Lo que sucede es que se encontró lo contrario, que está todo avanzado y que de rescindir el contrato Uruguay tendrá que pagar mucho dinero", sostuvo.