"No hemos parado el proyecto", el dueño de Cardama avanza con la fabricación de las patrullas oceánicas

Los avances técnicos suman presión a una definición clave sobre el futuro del contrato y los pagos ya realizados, que rondan los 28 millones de euros.

La construcción de las OPV de Cardama sigue activa pese al conflicto abierto con Uruguay.

Mientras el gobierno mantiene bajo análisis la rescisión del contrato de 82.200.000 euros por la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, el astillero español Cardama continúa con los trabajos en Vigo, España y avanza en la obra de la segunda unidad, pese a que ya pasaron más de tres meses desde que el Poder Ejecutivo anunció la intención de cancelar el acuerdo por irregularidades.

El dato fue informado esta semana por el diario El Faro de Vigo, que detalló que el pasado martes el astillero registró un intenso movimiento con el ingreso de dos buques españoles para tareas de reparación, por un valor estimado en 3 millones de euros. En paralelo a esas operaciones comerciales, la empresa siguió adelante con la construcción de las OPV destinadas a Uruguay.

Según consignó el medio español, Cardama preparó nuevos bloques de trabajo para el primer barco y avanzó en la colocación de la quilla del segundo, un paso clave dentro del cronograma de obra. Se trata de un bloque que había sido facturado y ubicado en el astillero en diciembre, validado por la clasificadora Lloyd’s Register, y que ahora fue trasladado a la vía cinco para iniciar formalmente la construcción de la segunda patrullera.

Desde la empresa justificaron la continuidad de los trabajos en la vigencia formal del contrato. "Nosotros no hemos parado el proyecto, eso es cierto, porque el contrato no está cancelado. Mientras no esté cancelado el contrato, nosotros trabajamos en lo que podemos y en lo que seguimos", afirmó el director del astillero, Mario Cardama, en declaraciones a MDV Noticias.

Un contrato bajo la lupa del Poder Ejecutivo

El avance de las obras se produce en un contexto de máxima tensión política, jurídica y económica entre el Estado y el astillero. El contrato, firmado en diciembre de 2023 por la administración anterior, prevé la construcción de dos patrullas oceánicas y quedó bajo revisión tras la llegada del nuevo gobierno en 2025.

El Ministerio de Defensa (MD) acusó a Cardama de haber incurrido en un "grave incumplimiento" contractual, al no constituir correctamente la garantía de reembolso exigida por el acuerdo, equivalente al 10% del valor de cada buque, además de una garantía de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros.

Según la cartera, la empresa presentó un documento emitido por Redbridge Insurance Company que no constituye una póliza formal, sino apenas un texto de "términos y condiciones", lo que dejó al Estado en una situación de "desprotección absolutamente inaceptable". En ese marco, el Ejecutivo notificó oficialmente al astillero y se reservó el derecho de cancelar el contrato, reclamar la devolución de los pagos ya efectuados (unos 28 millones de euros) y exigir una eventual indemnización por daños y perjuicios.

A esto se suma la polémica previa en torno a la garantía de fiel cumplimiento, originalmente otorgada por EuroCommerce Bank, una entidad que, según información oficial y publicaciones periodísticas, habría sido una empresa "de papel" y fue dada de baja del registro comercial británico en noviembre pasado.

Avances técnicos, incertidumbre política

La continuidad de las obras en Vigo introduce un nuevo elemento de complejidad al conflicto. Mientras Cardama sostiene que el contrato sigue vigente y avanza en los hitos técnicos previstos, el gobierno evalúa una rescisión unilateral, amplió las denuncias penales y analiza el impacto económico y legal de un eventual litigio internacional.

Desde el Ejecutivo se ha reiterado que la falta de garantías válidas constituye un incumplimiento esencial, y que la empresa habría incurrido en una conducta "repetida y sistemática", que podría responder tanto a negligencia grave como a una posible intención deliberada de simular cumplimiento contractual.

En ese escenario, el avance físico de las patrulleras contrasta con la parálisis política del contrato, que sigue sin una definición final mientras crece el riesgo de un juicio millonario y se acumulan costos potenciales para el Estado.

Por ahora, Cardama sigue construyendo. La decisión final, sin embargo, continúa en manos del gobierno, que deberá definir si avanza con la cancelación del acuerdo y el reclamo económico o si opta por una salida negociada para un contrato que ya se transformó en uno de los conflictos más sensibles heredados de la administración anterior.